Fuerte defensa de Malvinas: Ibarzábal exigió frenar la explotación petrolera británica
La funcionaria de Milei encabezó la delegación argentina ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar y reclamó medidas urgentes contra el proyecto Sea Lion. El Gobierno denunció que Londres pretende explotar recursos no renovables de un territorio cuya soberanía continúa en disputa.
El Gobierno del presidente Javier Milei protagonizó este martes una jornada histórica en la defensa de los intereses argentinos sobre las Islas Malvinas, al presentar formalmente sus argumentos ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM), con sede en Hamburgo, Alemania, para exigir que el Reino Unido detenga el avance de la explotación petrolera en el Atlántico Sur.
La delegación nacional estuvo encabezada por la secretaria Legal y Técnica de la Presidencia, María Ibarzábal Murphy, quien participó de las exposiciones destinadas a obtener medidas provisionales que impidan consolidar la extracción de hidrocarburos en la Cuenca Malvinas Norte.
El planteo apunta directamente al proyecto Sea Lion, impulsado por las compañías Rockhopper Exploration, de origen británico, y Navitas Petroleum, vinculada con Israel, que pretende desarrollar importantes reservas petroleras mediante autorizaciones otorgadas por Londres.
La representación argentina advirtió que permitir el avance de esas actividades supondría aceptar decisiones unilaterales sobre recursos naturales cuya titularidad forma parte de una controversia de soberanía reconocida internacionalmente.
Durante su intervención, Ibarzábal destacó especialmente el carácter irreversible de la extracción petrolera y la necesidad de que el tribunal intervenga antes de que se produzcan consecuencias imposibles de revertir.
La presentación constituye un nuevo paso en la estrategia del Gobierno libertario para defender los derechos soberanos argentinos mediante instrumentos diplomáticos y jurídicos internacionales.
Argentina denunció el avance unilateral del Reino Unido
La exposición nacional se apoyó en el reconocimiento internacional de la controversia de soberanía y en las obligaciones que, según la Argentina, deben respetar las partes mientras el conflicto permanezca sin una solución definitiva.
En particular, la delegación recordó que la Resolución 2065 de Naciones Unidas, aprobada en 1965, reconoció la existencia de una disputa entre la Argentina y el Reino Unido sobre las islas y llamó a ambos gobiernos a negociar.
También invocó la Resolución 31/49 de 1976, mediante la cual la Asamblea General instó a las partes a abstenerse de adoptar decisiones unilaterales que modificaran la situación mientras continuara el proceso de negociación.
Para el Gobierno nacional, la explotación de hidrocarburos en el área disputada entra en contradicción con esos antecedentes y amenaza con consolidar hechos consumados antes de que pueda resolverse la cuestión de fondo.
El consejero legal de la Cancillería, Mario Oyarzábal, sostuvo ante los magistrados que la extracción de petróleo supone una pérdida definitiva de recursos cuya recuperación resulta materialmente imposible.
El argumento central de la Argentina es que los hidrocarburos son recursos no renovables y que, una vez extraídos, no pueden ser restituidos.
El desarrollo de Sea Lion contempla un horizonte de explotación de aproximadamente 35 años, con un programa inicial que incluye 23 pozos de producción y diferentes etapas de inversión.
La delegación nacional también recordó que Argentina ha manifestado reiteradamente su oposición a las licencias británicas para explorar y explotar hidrocarburos en la zona.
Según expuso el Gobierno, durante agosto de 2026 volvió a comunicar su disposición a retomar el diálogo bilateral, aunque Londres no aceptó esa convocatoria.
El riesgo ambiental y la respuesta británica
Otro de los ejes de la presentación fue la protección del medio marino frente a eventuales consecuencias de la actividad petrolera.
Los especialistas argentinos advirtieron que un derrame de hidrocarburos podría extender sus efectos hacia aguas bajo jurisdicción argentina no disputada, generando perjuicios ambientales y obligaciones de respuesta para nuestro país.
La delegación mencionó incluso escenarios contemplados por las propias empresas, según los cuales un eventual derrame podría alcanzar esas aguas en un plazo aproximado de 30 días.
En ese contexto, el Gobierno pidió que el Reino Unido impida la explotación petrolera cuestionada, preserve la información obtenida durante la exploración y se abstenga de adoptar nuevas decisiones que puedan agravar la controversia.
La exposición argentina contó con la participación del reconocido especialista en derecho internacional Marcelo Kohen, quien desarrolló los fundamentos jurídicos del reclamo y la competencia preliminar que tendría el futuro tribunal arbitral.
También intervino Nico Schrijver, experto en soberanía sobre recursos naturales, quien abordó la urgencia de adoptar medidas preventivas y los riesgos derivados del proyecto.
Por su parte, la representación británica rechazó los argumentos argentinos y defendió la explotación de hidrocarburos como parte de los derechos económicos que Londres atribuye a los habitantes del archipiélago.
La procuradora general para Inglaterra y Gales, Elie Reeves, sostuvo que una suspensión del proyecto podría provocar pérdidas económicas de gran magnitud y afectar el desarrollo de las islas.
El Reino Unido también insistió en su posición sobre la autodeterminación de los isleños, una interpretación que la Argentina rechaza en relación con esta controversia territorial.
Las audiencias continuarán este miércoles 11 de noviembre, cuando ambas delegaciones dispondrán de una segunda oportunidad para responder los argumentos presentados.
El Tribunal del Mar no resolverá en esta instancia la soberanía territorial sobre las Malvinas, sino que evaluará si corresponde adoptar medidas provisionales mientras avanza el arbitraje internacional.
Con esta presentación, la gestión Milei reafirmó el reclamo argentino por Malvinas mediante una ofensiva jurídica destinada a impedir que el Reino Unido avance unilateralmente sobre los recursos del Atlántico Sur.
El resultado todavía permanece abierto, pero el Gobierno consiguió trasladar la discusión sobre la explotación petrolera a una instancia internacional en la que ambas partes deberán fundamentar sus posiciones ante los magistrados.
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