Milei lleva la defensa de Malvinas al Tribunal del Mar para frenar el avance del Reino Unido
El Gobierno argentino inició las audiencias en Hamburgo para impedir que Londres avance con la explotación petrolera en las Islas Malvinas. La presentación apunta a detener el proyecto Sea Lion, preservar los recursos naturales y evitar que la potencia británica consolide hechos consumados. Con una estrategia que combina diplomacia, acciones judiciales, sanciones y nuevas herramientas legislativas, la administración de Javier Milei profundiza el reclamo histórico de soberanía sobre el Atlántico Sur.
La Argentina comenzó este martes una nueva etapa de su ofensiva internacional por la soberanía de las Islas Malvinas. El Gobierno de Javier Milei llevó su reclamo ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM), con sede en Hamburgo, Alemania, para intentar frenar el avance del proyecto petrolero Sea Lion, impulsado por las compañías Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration bajo licencias otorgadas por el Reino Unido.
Las audiencias, que se extenderán hasta el miércoles 11 de noviembre, representan un paso significativo en la estrategia jurídica de la Casa Rosada para impedir que Londres consolide la explotación unilateral de los recursos hidrocarburíferos de la plataforma continental argentina. El planteo busca que el tribunal disponga medidas provisionales urgentes antes de que las perforaciones previstas para enero de 2027 puedan convertir la disputa en un hecho consumado.
La iniciativa se inscribe en una política que el Gobierno presenta como una de las acciones más contundentes de los últimos años en defensa de los intereses nacionales. Milei, que hizo de la soberanía y de la recuperación de las Malvinas una de las banderas de su gestión, apuesta a una estrategia que excede las declaraciones diplomáticas y apunta a generar consecuencias jurídicas, económicas y operativas sobre las empresas involucradas.
La ofensiva de Milei
El pedido argentino fue presentado el 13 de octubre, en el marco del artículo 290 de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Convemar). La administración libertaria solicitó al Tribunal del Mar que ordene al Reino Unido impedir el inicio o la continuidad de la explotación de hidrocarburos mediante Sea Lion.
La presentación incluye otros tres puntos centrales: que Londres se abstenga de otorgar nuevas licencias en el área disputada, que preserve toda la información obtenida durante las tareas de exploración y que adopte las medidas necesarias para proteger el medio marino.
La lógica del reclamo es clara: impedir que el Reino Unido avance unilateralmente sobre recursos que la Argentina considera propios mientras continúa abierta la controversia de soberanía. Para Buenos Aires, permitir la extracción de petróleo en estas condiciones implicaría una vulneración de las obligaciones internacionales y un perjuicio que difícilmente pueda repararse en el futuro.
El Gobierno no pretende que el Tribunal del Mar resuelva directamente quién tiene la soberanía sobre las islas. El objetivo inmediato es conseguir una orden que preserve los derechos argentinos mientras se tramita el arbitraje internacional sobre la controversia.
Malvinas, petróleo y derecho internacional: los argumentos argentinos
La estrategia jurídica de la Argentina se apoya en dos resoluciones fundamentales de las Naciones Unidas. La Resolución 2065, aprobada en 1965, reconoció la existencia de una disputa de soberanía entre Buenos Aires y Londres. La Resolución 31/49, de 1976, instó a ambas partes a abstenerse de adoptar decisiones unilaterales que modificaran la situación mientras la controversia permaneciera pendiente de resolución.
Sobre esa base, el Gobierno sostiene que la explotación de recursos naturales en un área bajo disputa constituye una acción que agrava el conflicto y desconoce el marco internacional aplicable.
Uno de los argumentos más relevantes es el carácter irreversible de la extracción petrolera. A diferencia de otros bienes, el petróleo es un recurso no renovable: una vez extraído, no puede ser restituido mediante una sentencia posterior. Por eso, la Argentina plantea que la demora en adoptar medidas podría ocasionar un daño irreparable a sus derechos.
La presentación también invoca los artículos 192 y 194 de la Convemar, que establecen obligaciones de protección y preservación del medio marino.
El Gobierno busca así construir un argumento que combine la defensa de la soberanía, la preservación de los recursos estratégicos y el cumplimiento de las obligaciones internacionales.
Sea Lion: el proyecto petrolero que puede cambiar el escenario en el Atlántico Sur
El proyecto Sea Lion se encuentra en la Cuenca Malvinas Norte, a unas 107 millas náuticas de las islas, equivalentes a aproximadamente 198 kilómetros. El bloque comprende una superficie de 541 kilómetros cuadrados y está a cargo de Navitas Petroleum, que posee el 65% de participación, y Rockhopper Exploration, titular del 35% restante.
Las empresas proyectan iniciar las perforaciones en enero de 2027 y alcanzar la producción comercial durante 2028. La decisión definitiva de inversión fue aprobada en diciembre de 2025.
Para la administración de Milei, el avance de este emprendimiento representa un desafío estratégico: la consolidación de una actividad económica de gran escala en un territorio cuya soberanía reclama la Argentina desde hace casi dos siglos.
La ofensiva judicial pretende impedir que la explotación petrolera se convierta en un instrumento para fortalecer la presencia británica y consolidar el control económico sobre los recursos del Atlántico Sur.
Una delegación de alto nivel y una estrategia jurídica internacional
La delegación argentina en Hamburgo está encabezada por María Ibarzabal, secretaria Legal y Técnica de la Presidencia, junto al embajador Mario Oyarzábal, director general de la Consejería Legal Internacional de Cancillería. También participan representantes del Ministerio de Economía, la Procuración del Tesoro y la embajada argentina en Alemania.
El equipo jurídico cuenta con la participación central de Marcelo Kohen, especialista en derecho internacional y exjuez ad hoc del Tribunal del Mar, quien representó al país en el caso de la fragata ARA Libertad. En 2012, el organismo ordenó la liberación del buque argentino retenido en Ghana.
La Argentina designó como juez ad hoc a Raúl Vinuesa, mientras que el Reino Unido nombró a Vaughan Lowe. Ambos prestaron juramento el lunes.
Las audiencias contemplan exposiciones de ambos países durante dos jornadas. La Argentina abrió el procedimiento este martes y el Reino Unido presentará su respuesta. El miércoles habrá una segunda ronda de intervenciones.
La decisión sobre las medidas provisionales podría conocerse alrededor del 13 de noviembre, aunque el tribunal podría postergar el pronunciamiento algunos días.
