El Gobierno de Milei lanza una licitación para concesionar más de 2.500 kilómetros de rutas clave

Cuatro corredores estratégicos pasarán a manos privadas sin subsidios del Estado

ChatGPT Image 11 feb 2026, 07_52_18 a.m.

El Gobierno nacional anunciará este miércoles el llamado a licitación pública nacional e internacional para la construcción, explotación, administración y mantenimiento de la Etapa II-B de la Red Federal de Concesiones, un programa que abarca más de 2.500 kilómetros de rutas nacionales estratégicas en cinco provincias del país.

La medida fue anticipada por el ministro de Economía, Luis Caputo, y marca un nuevo paso en el cambio de paradigma impulsado por la gestión de Javier Milei: fin del modelo deficitario de obra pública, apertura a la inversión privada y eliminación de los viejos curros viales financiados con impuestos.

La licitación comprende trazas ubicadas en Buenos Aires, La Pampa, Santa Fe, Córdoba y San Luis, y estará dividida en cuatro grandes corredores definidos por su relevancia logística y productiva:

Los cuatro tramos

🔹 Tramo Mediterráneo – 672 km
Conecta el centro productivo del país y busca mejorar la logística y la competitividad regional.

🔹 Tramo Puntano – 720 km
Corredor clave para la integración interprovincial y el transporte de cargas de larga distancia.

🔹 Tramo Portuario Sur – 637 km
Vincula accesos estratégicos a puertos y nodos logísticos fundamentales para exportaciones y economías regionales.

🔹 Tramo Portuario Norte – 528 km
Apunta a fortalecer la conectividad con los principales polos industriales y portuarios del centro del país.

Las obras se desarrollarán sobre las rutas nacionales 7, 8, 9, 12, 33, 35, 36, 188 y 193, además de los accesos A005 y A008, corredores de alto tránsito productivo y comercial.

Infraestructura sin subsidios y con reglas claras

Según explicó Caputo, el esquema reemplaza un sistema históricamente deficitario por uno sin subsidios estatales, con mayor transparencia, competencia entre oferentes y eficiencia en la gestión vial.

“Seguimos trabajando para tener una infraestructura vial más moderna y mejores rutas, alentando la inversión privada y cuidando al mismo tiempo los recursos de los argentinos”, afirmó el ministro.

El proceso habilita la participación de empresas locales y extranjeras bajo contratos de largo plazo, con obligaciones precisas de inversión, mantenimiento y estándares de servicio, mientras el Estado conserva el rol de planificación y control.

Fin del negocio de la obra pública

La Etapa II-B forma parte de la reorganización integral del sistema de concesiones viales lanzada en 2025 y representa un quiebre histórico: el cierre definitivo del modelo de obra pública utilizado durante décadas como maquinaria de corrupción política.

El esquema que hoy desmantela el Gobierno nacional fue el corazón del poder kirchnerista: sobreprecios permanentes, licitaciones armadas, obras fantasmas y un entramado de empresas amigas que terminó con exfuncionarios presos y causas judiciales aún abiertas. Durante años, la infraestructura fue una excusa para saquear al Estado.

En julio del año pasado el Ejecutivo anticipó una licitación por 4.400 kilómetros de rutas y en noviembre avanzó con la Etapa I sobre corredores del Mercosur. Ahora se amplía el programa incorporando rutas productivas, accesos portuarios y corredores de carga pesada bajo un esquema sin subsidios, sin caja política y sin militancia empresarial.

Mientras Nación corta con el pasado, algunos gobernadores insisten en reciclarlo.

En Santa Fe, Maximiliano Pullaro replica el manual clásico: obra pública financiada con deuda, contratos concentrados, proveedores repetidos y discrecionalidad política. El mismo modelo que Milei está enterrando a nivel nacional, Pullaro lo revive a escala provincial.

El contraste es brutal: Milei desmonta el sistema con el cual saquearon al país; Pullaro lo maquilla y lo continúa.

Esta licitación marca algo más profundo que un cambio administrativo: es el final de la Argentina del negociado y el inicio de una nueva etapa, donde las rutas dejan de ser botín político y pasan a ser infraestructura al servicio del desarrollo.

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Julián Sayago
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