Socialismo en Bolivia: inflación galopante, cepo cambiario y ¿pugna narco-política?
La economía boliviana entró en 2025 sumida en una tormenta de inflación, escasez de dólares y descontento social. Tras años de tipo de cambio fijo (Bs 6,96 por US$1 desde 2011) y un alto gasto público, la inflación oficial rompió récords: cerró 2024 en 9,97% anual –el nivel más alto desde 2008– y para marzo de 2025 supera ya el 14% interanual. Analistas advierten que este salto no obedece a un choque externo súbito, sino a desequilibrios estructurales prolongados. En efecto, diversos factores se combinaron para alimentar la crisis:
- Tipo de cambio fijo y cepo cambiario. El BCB mantuvo el dólar oficial en Bs 6,96, pero la falta de reservas y un control estricto (un “cepo a la argentina”) obligó a restringir ventas de divisas. Esto disparó el dólar paralelo a Bs 13–15 en 2025, ampliando una brecha cambiaria superior al 100%. Los ciudadanos y empresas solo encuentran moneda dura en el mercado negro o en criptomonedas (como el USDT).
- Caída de ingresos por gas e importaciones caras. Bolivia dependía del gas natural para recibir divisas; ese ingreso se derrumbó. Las exportaciones de gas pasaron del 54% de las ventas externas en 2013 al 19% en 2023. Consecuencia: cayó de casi US$5.500 millones en renta petrolera (2014) a alrededor de US$2.000 millones en los últimos años. Simultáneamente, el país importa la casi totalidad de su diésel y gasolina pero los vende localmente muy subsidiados. El costo fiscal de esos subsidios superó los US$ 2.300 millones en 2024, hipotecando las reservas del BCB.
- Déficit fiscal crónico e inflación subyacente. El Estado incurre en enormes gastos: en 2023 el déficit operativo fue del 9,7% del PIB y en 2024 superó el 10,5%. Al incorporar el déficit de empresas públicas (sobre todo YPFB), la brecha fiscal consolidada ronda el 15% del PIB. Para cubrirse el “fiscal gap”, el Tesoro emite deuda interna (LECAP/BONCAP en Bolivia) a tasas de hasta 40% anual mientras el BCB mantiene la tasa de referencia en torno al 29%. Esta creación de dinero se trasladó a los precios: según economistas, la falta de dólares en todos los sectores y su alto precio paralelo (cerca de Bs 12 en marzo) son la causa principal de la inflación “elevada, acelerada y sostenida” de 2025.
- Agotamiento de reservas internacionales. A fines de 2024 las reservas netas del BCB cayeron por debajo de los US$ 2.000 millones, de los cuales apenas US$ 50 millones eran líquido en moneda extranjera. Gran parte del oro en cartera ya se utilizó para garantizar programas sociales. Ante la sequía de liquidez, el banco central recurrió a medidas extraordinarias: en marzo aprobó una resolución que permite “pignorar” (empeñar) reservas de oro a fin de obtener créditos externos.
- Política monetaria conservadora y masiva emisión paralela. El BCB ha mantenido tasas de interés reales muy altas para tratar de domar la inflación, pero al mismo tiempo siguió financiando al sector público con liquidez. El resultado es que circula mucho más dinero boliviano que antes, a la vez que el sistema financiero restringe el crédito real por las elevadas tasas. De hecho, la inflación fue en buena parte “diferida y estadísticamente suavizada” en años previos y ahora estalla de golpe.
Estos factores estructurales explican la espiral inflacionaria reciente. Para mucha población el día a día es una angustia: los precios de la canasta básica y los combustibles suben sin freno. Las largas filas en supermercados y estaciones de servicio son rutina, y los alimentos empiezan a racionarse en ciudades claves. Muchos bolivianos denuncian que el gobierno de Luis Arce “no tomó las decisiones correctas” para evitar esta crisis. Los analistas independientes ya calculan que la inflación real de 2024/25 duplicó el 7,5% proyectado por el Gobierno.
Escasez de dólares: cepo cambiario y comercio fronterizo. Ante la falta de divisas, la brecha cambiaria profundiza las distorsiones. El dólar paralelo llegó a Bs 15,73 en abril de 2025 (más del 120% sobre el oficial). Esta cotización de mercado negro ahoga las importaciones y empuja al alza los costos locales. El resultante cepo cambiario obliga a familias y empresas a recurrir al dólar informal o a criptomonedas, o a reducir compras. Por ejemplo, la Zona Franca de Iquique (Zofri) —principal punto de abastecimiento de insumos y bienes bolivianos— sufrió en 2024 una caída acumulada de ventas cercana al 9% (unos US$ 380 millones menos) atribuida justamente a la crisis cambiaria boliviana. Como explica un dirigente local, “no hay dólares en Bolivia… sólo los que exportan pueden comprar, pero es poco lo que se está exportando… es una crisis perfecta”.
Las consecuencias en la frontera han sido patentes. Los bolivianos reducían sus compras transfronterizas por el alza del dólar paralelo y la escasez de crédito: productos antes asequibles en Perú o Chile se encarecen o desaparecen del mercado boliviano. Además, el sector transporte está asfixiado: la falta de gasolina crónica ha motivado medidas extremas (como clases virtuales y menos transporte público) para ahorrar combustible. En suma, con muy pocos dólares oficiales en manos del Estado, el mercado negro pesa sobre los precios internos y el comercio internacional, ampliando el desequilibrio económico.
Impacto social y éxodo masivo. El cóctel de inflación y restricciones detonó protestas en varias ciudades. Desde fines de 2024 aumentaron los bloqueos de calles y manifestaciones de consumidores y gremios reclamando el abastecimiento de alimentos y gas. El descontento es tan generalizado que, según medios locales e internacionales, el 2025 se percibe como un año decisivo: los resultados de las próximas elecciones podrían generar la confianza necesaria para evitar un “éxodo masivo” de bolivianos hacia países vecinos. Reportes periodísticos en Perú y Bolivia documentan ya “filas interminables” y cientos de ciudadanos cruzando a diario la frontera boliviano-peruana en busca de comida, combustible o mejores precios. Algunos regresan, pero otros comienzan a quedarse. Si la crisis empeora, los analistas temen un fenómeno similar al de Venezuela: una migración sostenida en busca de opciones básicas.
Confrontación política: Arce vs. Morales. La crisis económica va de la mano de una brutal fractura política en el oficialismo. El presidente Luis Arce —exministro de Economía de Evo Morales— y su mentor se distanciaron públicamente a fines de 2021. Morales, ahora opositor interno, lidera protestas campesinas en el Chapare (su bastión) contra el Gobierno de Arce. En octubre de 2024 estas tensiones estallaron en bloqueos de rutas a cargo de seguidores de Morales, que mantuvieron interrumpidos varios días los principales accesos entre ciudades bolivianas. Arce alertó que esos cortes, respaldados por el expresidente, causaron pérdidas económicas superiores a US$ 1.700 millones en apenas dos semanas y decenas de heridos. Para restaurar la “normalidad”, el gobierno llamó a levantar los piquetes, pero los choques continuaron y se intentó incluso militarizar puntos estratégicos.
Este pulso de poder ha generado un ambiente de incertidumbre institucional. La pugna ya no es sólo una disputa interna por el control del Movimiento al Socialismo (MAS) de cara a las elecciones de agosto 2025; también ha derivado en acusaciones mutuas y judicializaciones que debilitan la credibilidad de las instituciones. Por un lado, Evo Morales acusa a Arce de persecución política: en noviembre de 2024 pidió ante la ONU que se investiguen «violaciones de derechos humanos» cometidas por el gobierno de Arce contra él y más de 100 dirigentes detenidos durante los bloqueos. Por otro lado, el gobierno sostiene que está combatiendo actos ilícitos en el Chapare (zona cocaífera tradicional de Morales) y ha emprendido investigaciones y órdenes judiciales. Un caso grave: a fines de 2024 la justicia argentina reabrió una indagatoria contra Morales por presunto abuso de menores y trata de personas mientras estuvo refugiado en Buenos Aires. Paralelamente, en Bolivia se emitió una orden de detención contra Morales por negarse a declarar en otra causa por abuso de una menor. Morales califica estas actuaciones de “batallas jurídicas” motivadas políticamente; el gobierno habla de “justicia” para rendir cuentas. En la opinión pública, este choque legal-público refuerza la idea de un sistema judicial cada vez más politizado en el país.
Trasfondo narco-político. A la par del conflicto político, el tema del narcotráfico ha entrado al debate. El ministro de Gobierno de Arce, Eduardo Del Castillo, declaró en agosto de 2023 que la región del Chapare (bastión de Morales) es la “principal zona del narcotráfico del país” y destacó que de 37 laboratorios de cocaína desbaratados en Bolivia durante el año, 27 estaban allí. Adicionalmente, investigaciones periodísticas documentan la presencia de mafias extranjeras en Bolivia: un reportaje de 2022 señala que “mafias brasileñas, mexicanas y colombianas ocupan territorios de Bolivia en combinación con seguidores de Evo Morales” dedicados a expandir los cultivos de coca. Estas denuncias, ciertas o no, alimentan la percepción de que la lucha política interna va más allá de diferencias ideológicas: algunos observadores la describen como un enfrentamiento entre “estructuras mafiosas” rivales, en el que los intereses económicos de redes de narcotráfico y de ciertos grupos de poder estarían por encima del bien común.
En conjunto, las graves distorsiones económicas (inflación alta, déficit fiscal, reservas agotadas) y la disputa por el control político del MAS han colocado a Bolivia en una encrucijada histórica. Las medidas monetarias y cambiarias adoptadas (fijación del tipo de cambio, controles de divisas, venta de oro para liquidez) no han hecho más que postergar el ajuste necesario y aumentar las presiones inflacionarias. Mientras tanto, el aumento de la conflictividad política y las señales de debilidad institucional (acuerdos cruzados de denuncia, órdenes de captura) profundizan la incertidumbre. El resultado es un cóctel explosivo: precios en alza, escasez de insumos básicos, emigración de ciudadanos y un clima político empantanado.
