Chau al curro del GNL: Milei corre a ENARSA de la importación y desarma la caja negra por la que De Vido está preso
Por decreto, el Gobierno habilitó que privados importen y comercialicen Gas Natural Licuado (GNL) a través de un esquema competitivo y con precio tope. La medida apunta a retirar al Estado de un negocio que, bajo el kirchnerismo, derivó en irregularidades, comisiones injustificadas y condenas judiciales.
El presidente Javier Milei formalizó un giro de fondo en la política energética: ENARSA deja de ser el “comprador único” e intermediario estatal del Gas Natural Licuado (GNL) y la operatoria pasa a manos privadas, bajo un mecanismo de selección competitiva y con un precio máximo transitorio para evitar abusos en un mercado donde hoy existe un cuello de botella: la terminal de regasificación de Escobar.
La decisión quedó plasmada en el DNU 49/2026, publicado el 27 de enero, que además prorroga la emergencia del sector energético en transporte y distribución de gas hasta el 31 de diciembre de 2027.
Del monopolio estatal a un operador privado licitado (con tope de precio)
Según el esquema oficial, la Secretaría de Energía licitará el acceso a la capacidad de regasificación en Escobar y quien resulte adjudicado se hará cargo de traer el GNL, regasificarlo e inyectarlo al sistema para abastecer distribuidoras y generadores.
El DNU fija, además, un “precio máximo” para el gas resultante de la regasificación del GNL importado durante los próximos dos inviernos. Ese tope no puede superar un marcador internacional definido por Energía más un adicional para cubrir flete, regasificación, almacenaje, comercialización y transporte hasta el punto de entrega en Los Cardales.
El argumento central del Gobierno es doble:
- Restricción física real: no hay hoy capacidad suficiente de gasoductos para llevar todo el gas disponible desde la cuenca (Vaca Muerta) a los centros de consumo del AMBA y el Litoral, por eso en invierno se importa.
- Retiro del Estado empresario: ENARSA “se corre” del rol de operador/intermediario y el Estado vuelve a su función de reglas y control.
En el propio decreto, el Ejecutivo sostiene que la intervención estatal “no dio los resultados esperados” y que implicó erogaciones sin traducirse en mejoras estructurales del transporte.
La caja negra de De Vido: condenas por compras de GNL y un perjuicio probado
La movida se monta sobre un antecedente judicial pesado. El Tribunal Oral Federal N°7 condenó a Julio De Vido a 4 años de prisión y a Roberto Baratta a 3 años y 6 meses por administración fraudulenta agravada en maniobras irregulares vinculadas a la compra de GNL, y dispuso la restitución de USD 5.523.345 (más intereses).
El Ministerio Público Fiscal describió un esquema con comisiones “innecesarias y desproporcionadas” pagadas a intermediarios sin antecedentes técnicos, en un proceso sin licitaciones competitivas y con amplios márgenes de discrecionalidad.
“Perla Negra”: el símbolo del descontrol
A la par de las condenas, el universo GNL acumuló historias emblemáticas. EconoJournal recordó que en 2008 ENARSA llegó a pagar un adelanto por un cargamento que nunca arribó al país, episodio conocido como “Perla Negra”.
El punto político es evidente: durante años, el kirchnerismo concentró en manos del Estado un negocio sensible y multimillonario —importar energía cuando falta infraestructura—, en un contexto donde la combinación de urgencia, discrecionalidad y falta de competencia suele ser el caldo perfecto para sobreprecios y “peajes” de intermediación.
El nudo que viene: ¿quién paga la diferencia?
Hasta ahora, el Estado compraba GNL a valores internacionales y luego lo vendía al precio local del Plan Gas, cubriendo la diferencia con subsidios. En la comunicación oficial se menciona, como referencia, un rango de 15 a 17 USD/MMBTU para el GNL importado versus ~2,7 USD/MMBTU del Plan Gas.
Con el nuevo esquema, el Gobierno afirma que elimina la intermediación estatal; pero queda abierta la discusión práctica: si la brecha de precios se traslada más a tarifa, si se mantiene vía subsidios, o si se diseña un mix transitorio. EconoJournal señala que ese punto todavía no quedó aclarado del todo.
Menos Estado en la caja, más control sobre la urgencia
El decreto reconoce un hecho incómodo para cualquier gestión: mientras la Argentina no termine de resolver su cuello de botella de transporte —obras que el propio DNU proyecta recién operativas hacia el invierno de 2027—, el país seguirá necesitando GNL en los picos de demanda.
La diferencia, a partir de ahora, es quién administra esa urgencia: si un monopolio estatal con antecedentes de discrecionalidad, o un operador privado seleccionado por competencia, con precio tope, supervisión regulatoria y la promesa (difícil, pero medible) de reglas más transparentes.
