Policías de Santa Fe marchan contra el gobierno de Pullaro en las puertas de la Jefatura URII de Rosario

En medio de una crisis de sueldos, jornadas inhumanas y falta de contención psicológica, policías de Santa Fe convocan a concentrar este miércoles a las 17 en la Jefatura de la UR II en Rosario. Mientras Pullaro y su “equipo” se sacan fotos y venden épica de seguridad, la tropa denuncia abandono, miseria y una ola de suicidios e intentos de suicidio que el poder tapa con propaganda.

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La Policía de Santa Fe difundió una convocatoria para concentrarse este miércoles 4 de febrero a las 17:00 frente a la Jefatura de Policía de la Unidad Regional II en Rosario (Ovidio Lagos y Gutiérrez), con punto de encuentro previo en Esteban de Luca y Callao “en la plaza”, desde donde marcharían hacia Jefatura. La consigna que acompaña las placas es tan directa como dolorosa: “Por el personal que ya no está. Y por los que la siguen luchando.” No es una marcha “política” en el sentido clásico: es, ante todo, un grito de hartazgo por condiciones laborales que describen como incompatibles con una vida digna, y por un abandono institucional que —según denuncian— ya se cobró demasiado caro.

El comunicado que circula entre agentes expone, sin vueltas, un sistema que exige estar fuerte, atento y disponible 24 horas, pero que al mismo tiempo les niega lo elemental: contención real, apoyo efectivo y condiciones dignas de trabajo. Dicen que no cuentan con acompañamiento psicológico efectivo ni con “espacios de escucha genuinos”; que cuando un compañero está mal, muchas veces queda solo; que se les exige “profesionalismo absoluto” frente a violencia, muerte y tragedias humanas, pero sin herramientas para procesar el impacto emocional. En paralelo, señalan que el sueldo no alcanza: no alcanza para vivir, no alcanza para sostener una familia, no alcanza para el desgaste físico y mental al que están sometidos. “La vocación no paga cuentas”, resumen con crudeza.

A eso le agregan lo que describen como horarios inhumanos: jornadas extensas, francos que no se respetan, cambios constantes, guardias interminables. El cuerpo se agota, la mente colapsa, la familia queda relegada. Y el párrafo más duro del texto apunta al resultado de esa combinación explosiva: el abandono, la presión, los problemas económicos y el desgaste emocional empujan a cada vez más compañeros “a un límite”, con una advertencia que no puede leerse como una exageración liviana: hablan de suicidios e intentos de suicidio, y rechazan de plano que se lo reduzca a “problemas personales”. Para ellos, es una consecuencia laboral, el efecto previsible de un sistema que “exprime y descarta”.

En ese contexto, lo que encendió todavía más bronca dentro de la fuerza fue la postal de hoy: el gobernador en modo figura, sacándose fotos con la ministra de Seguridad de la Nación y su comitiva local, rodeado de la misma dirigencia que después posa como “equipo” en un escenario de cámaras, aplausos y discursos, mientras —según denuncian los agentes— abajo, en la calle y en las guardias, lo que reina es el maltrato, el agotamiento y el sueldo de miseria. En esa foto aparecen Federico Angelini, histórico dirigente del PRO aliado al gobernador radical; el ministro Cococcioni, señalado por sus declaraciones como si todo estuviera “bajo control”; la socialista Clara García, represetnante de la extrema izquierda santafesina; la presidente del Concejo Schmuck; el oficialismo provincial anti Milei desesperados por sacarse fotos con funcionarios de Milei. Para el policía que no llega a fin de mes y para la familia que vive con miedo, esa imagen no se lee como “coordinación”: se lee como propaganda.

La postal del socialismo anti Milei desesperados por la foto con funcionarios de Milei: Cococcioni, Pullaro, Schmuck, Clara García y Angelini se llevan los flashes y los sueldazos mientras los policías ponen el cuerpo cobrando miserias.

La contradicción es brutal: el gobierno usa la seguridad como caballo de batalla en el relato, se muestra firme ante las cámaras, promete orden, se victimiza contra el delito; pero, al mismo tiempo, mantiene a sus propios agentes —según el reclamo— hambreados, cansados, empobrecidos y destratados. Los policías ponen el cuerpo, hacen el trabajo sucio, enfrentan a los violentos, reciben el odio del delincuente y el desprecio del burócrata; y, mientras tanto, la política se saca la foto y se presenta como heroica. El malestar se vuelve todavía más corrosivo cuando se repite una acusación que circula desde hace tiempo en la tropa: que muchas veces tienen que poner plata de su bolsillo para cubrir cosas básicas del servicio, incluso insumos que deberían estar garantizados. Lo que debería ser una institución sólida termina pareciendo, para el agente de a pie, una cuerda floja sostenida por la voluntad y la resignación.

Y cuando desde el gobierno intentan tapar esa realidad con frases hechas, la irritación crece. Particularmente con Cococcioni, a quien muchos dentro de la fuerza perciben como el vocero de una normalidad ficticia: declaraciones correctas para televisión, pero desconectadas del día a día del patrullero, de la guardia eterna, del franco que se suspende, de la angustia que se acumula, del compañero que se rompe. La palabra que más se repite en privado es “burla”: no por una chicana política, sino por la distancia obscena entre el discurso y la vida real de los agentes.

Esta crisis no aparece de la nada. También hay un trasfondo ideológico que la propia tropa identifica: esa mirada, típica del progresismo duro, que concibe a la policía como un problema en sí mismo, más que como una herramienta imprescindible del Estado para proteger al ciudadano. En Estados Unidos lo sintetizaron con un lema: “Defund the police”, que se traduce simple y brutal: “desfinanciar a la policía”. La lógica es siempre la misma: se la debilita, se la demoniza, se la usa como chivo expiatorio, se la exprime en silencio y luego se la exhibe como decorado cuando conviene. En Santa Fe, esa sensación —según expresan— se mezcla con otra conclusión política: radicales, socialistas y kirchneristas terminan pareciéndose demasiado cuando gobiernan como partido del Estado disfrazado de distintos colores, con sueldos altos, estructuras infladas, privilegios y “comunicación” permanente, mientras el que trabaja en condiciones límite queda para la foto… o para el olvido.

El punto es sencillo: si de verdad se quiere hablar de seguridad, hay que empezar por una verdad incómoda que ningún spot resuelve. No existe “plan de seguridad” serio con agentes quebrados, sin contención psicológica, con jornadas inhumanas y con salarios que no alcanzan. Y no hay autoridad moral para posar de firmeza ante el delito mientras se administra una fuerza con bronca, dolor y duelo acumulados. La convocatoria del miércoles es, justamente, eso: una forma de decir que el discurso se terminó, que el “aguantá” ya no alcanza, y que cuidar a quienes cuidan no es un favor ni un privilegio. Es obligación.

Si el gobierno quiere responder con hechos y no con cámaras, la agenda es concreta: sueldos dignos, francos respetados, horarios humanos, asistencia psicológica efectiva y permanente, recursos garantizados y un trato institucional que no humille al que se juega la vida. Todo lo demás —las fotos, los slogans, los medios aplaudidores financiados con pauta y la épica de cartón— es propaganda. Y, mientras tanto, los que pagan el costo real siguen siendo los mismos: los agentes y sus familias.

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