Ley de Inocencia Fiscal: el Gobierno de Milei avanza con el blanqueo de los «dólares del colchón» y profundiza su cruzada contra la presión impositiva
Milei reglamentó la Ley de Inocencia Fiscal para facilitar la declaración de los “dólares del colchón”, reducir la presión impositiva y cambiar el enfoque del Estado: menos sospecha, más seguridad jurídica y estímulo a la inversión privada.
En línea con su promesa de campaña de terminar con lo que denomina “persecución fiscal” y devolverle libertad económica a los argentinos, el presidente Javier Milei reglamentó la Ley de Inocencia Fiscal, una medida que apunta a incorporar al sistema formal miles de millones de dólares ahorrados fuera del circuito financiero y a transformar la relación histórica entre el Estado y los contribuyentes.
Desde la Casa Rosada sostienen que la iniciativa no es un simple blanqueo, sino un cambio de paradigma: pasar de un modelo basado en la sospecha permanente hacia el ciudadano a uno que priorice la confianza, la simplificación tributaria y la seguridad jurídica. Bajo esta lógica, el Gobierno estableció nuevas definiciones del Régimen Penal Tributario y del Procedimiento Tributario, buscando —según el oficialismo— terminar con la discrecionalidad y reducir la incertidumbre que durante años frenó inversiones.
Uno de los ejes centrales es la posibilidad de declarar los “dólares del colchón” sin enfrentar sanciones penales retroactivas. Se trata de reconocer una realidad económica argentina marcada por décadas de inflación, cepos y cambios de reglas, que empujaron a millones de ciudadanos a resguardar sus ahorros fuera del sistema. La apuesta oficial es clara: liberar esos capitales para que vuelvan a la economía real, impulsen el crédito, la inversión privada y el consumo.
La reglamentación también detalla las condiciones para adherir al Régimen Simplificado de Ganancias, con el objetivo de facilitar la regularización y reducir la carga administrativa. En paralelo, el Gobierno avanzó en limitar ciertos controles de organismos recaudadores, una decisión que el presidente presenta como un paso clave para terminar con la “cultura del miedo fiscal” y devolver previsibilidad a quienes producen y generan empleo.
La reforma forma parte de un proceso más amplio de transformación económica, basado en la reducción del tamaño del Estado, la baja de impuestos y la reactivación del sector privado como motor central del crecimiento. Milei sostiene que la Argentina necesita “sacar el dinero de abajo del colchón y ponerlo a trabajar”, y que para lograrlo era indispensable cambiar las reglas que durante años castigaron al ahorro.
Con esta reglamentación, el presidente refuerza su narrativa de ruptura con el modelo anterior y apuesta a que la combinación de alivio fiscal, desregulación y seguridad jurídica marque un punto de inflexión en la relación entre el Estado y los ciudadanos, con el objetivo declarado de reactivar la economía desde el sector privado.
