Escándalo judicial en Santa Fe: el juez Gastón Salmain imputado por corrupción manejará tres juzgados
Un juez federal imputado por presunta corrupción no solo sigue en funciones: ahora concentrará la subrogancia de otros dos tribunales, en una decisión que profundiza la crisis de credibilidad del fuero y expone la distancia entre la ética pública y las lógicas internas del Poder Judicial.
La Justicia Federal de Rosario atraviesa una de las crisis de legitimidad más profundas de los últimos años. Gastón Salmain, titular del Juzgado Federal N.º 1, no solo continúa en funciones pese a estar imputado por presuntos delitos de corrupción y contar con un pedido de detención en suspenso, sino que además fue designado para subrogar otros dos tribunales, concentrando un nivel de poder pocas veces visto en un magistrado bajo investigación penal.
La decisión encendió alarmas dentro y fuera del ámbito judicial. Mientras el proceso penal avanza lentamente entre formalismos y garantías institucionales, el sistema interno le permite ampliar su margen de influencia sobre causas sensibles, expedientes estratégicos y decisiones de alto impacto político e institucional. Para muchos observadores, la medida no solo resulta polémica: simboliza una desconexión alarmante entre los estándares éticos que exige la ciudadanía y las dinámicas internas del Poder Judicial.
La acumulación de funciones en manos de un juez cuestionado representa un golpe directo a la credibilidad del sistema. En lugar de apartarse preventivamente mientras se esclarecen las acusaciones, el magistrado se consolida como pieza central dentro del engranaje federal rosarino. La señal institucional que deja esta situación es inquietante: la imputación penal no actúa como límite para el ejercicio del poder judicial, sino que convive con decisiones administrativas que amplían responsabilidades y facultades.
A esto se suma el efecto simbólico sobre la sociedad. En un contexto marcado por el hartazgo frente a la corrupción y la creciente desconfianza hacia las instituciones, la imagen de un juez investigado acumulando despachos refuerza la percepción de privilegios corporativos y falta de rendición de cuentas. El mensaje que muchos ciudadanos reciben es devastador: dentro de ciertos círculos del poder judicial las investigaciones parecen no alterar el statu quo y predomina la impunidad.
La ausencia de decisiones firmes por parte de los organismos disciplinarios y del Consejo de la Magistratura alimenta sospechas de protección interna y de una cultura corporativa que prioriza la estabilidad del sistema por encima de la transparencia.
El caso también abre un debate más amplio sobre el funcionamiento del fuero federal en Santa Fe, históricamente señalado por demoras, internas y cuestionamientos sobre la asignación de causas. En una región atravesada por fenómenos complejos como el narcotráfico y el crimen organizado, la confianza en la independencia y la integridad de los jueces no es un detalle menor: es una condición esencial para sostener la legitimidad del Estado.
Mientras tanto, el proceso judicial contra Salmain continúa sin definiciones claras ni plazos concretos. Y en paralelo, el magistrado consolida su poder operativo dentro de la estructura federal. El contraste expone una paradoja incómoda: la institución encargada de investigar delitos parece incapaz de aplicar estándares estrictos cuando las sospechas recaen sobre uno de los suyos.
La pregunta que sobrevuela hoy en Rosario y en todo el país es inevitable: ¿qué mensaje transmite una Justicia que permite que un juez imputado no solo siga en funciones, sino que amplíe su alcance y su influencia? Para muchos, la respuesta refleja una crisis profunda que ya no puede esconderse.
