InformePor qué las jubilaciones son bajas en Argentina y el sistema previsional está quebrado
Envejecimiento poblacional y crisis previsional a nivel global
El problema de las jubilaciones bajas y sistemas previsionales en crisis no es exclusivo de Argentina. En todo el mundo, los sistemas de pensiones enfrentan tensiones demográficas: la gente vive cada vez más años gracias a los avances en salud, mientras disminuye la proporción de trabajadores jóvenes que aportan. Muchos países deben reformar sus sistemas para evitar la quiebra. Francia, por ejemplo, se vio obligada en 2023 a elevar la edad jubilatoria de 62 a 64 años en medio de fuertes protestas, con el fin de sostener financieramente su régimen público. La razón es simple: las personas están cobrando pensiones por más tiempo debido a una mayor expectativa de vida, lo que aumenta la carga sobre los fondos previsionales.
Este fenómeno se observa también en Argentina. La población de adultos mayores está creciendo constantemente: los mayores de 65 años pasaron de ser el 2% de la población en 1895 a cerca del 12% en 2022, y se proyecta que seguirán aumentando. En paralelo, las mejoras en salud hacen que los adultos mayores vivan más años activos. En las últimas décadas la expectativa de vida al nacer en Argentina aumentó unos 7 años, y hoy una persona de 70 años puede tener condiciones físicas similares a las de una de 50 años de hace treinta años. Esto, que en sí es un logro de desarrollo, complica la sostenibilidad de un sistema previsional de reparto (donde los trabajadores actuales financian a los jubilados actuales) si no se ajustan parámetros como la edad de retiro o la tasa de aportes. Muchos países desarrollados tienen 3 a 4 trabajadores activos por cada jubilado para equilibrar las cuentas, pero en Argentina esa relación activo–pasivo está muy por debajo de lo necesario.
En resumen, a nivel mundial las jubilaciones enfrentan una “tormenta perfecta”: más beneficiarios viviendo más tiempo y relativamente menos cotizantes. Incluso naciones ricas están ajustando sus sistemas ante riesgos de insolvencia. Sin embargo, en Argentina estos problemas estructurales se han agravado por decisiones políticas locales equivocadas que han llevado el sistema previsional al borde de la quiebra.
Decisiones políticas que quebraron el sistema previsional argentino
En el plano local, distintos gobiernos intervinieron en el sistema previsional con fines de corto plazo y electoralistas, profundizando su deterioro. En particular, las gestiones de Néstor Kirchner (2003–2007) y Cristina Fernández de Kirchner (2007–2015, y luego 2019–2023 como vice) implementaron medidas que, si bien brindaron alivio momentáneo a algunos sectores, hipotecaron la sustentabilidad futura de las jubilaciones. A continuación, se analizan las principales decisiones que llevaron a jubilaciones tan bajas y a un sistema prácticamente quebrado.
Nacionalización de las AFJP: fondos privados confiscados para gasto presente
Una de las políticas más controvertidas fue la eliminación de las AFJP (Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones) en 2008. Las AFJP habían sido creadas en los 90 como cuentas individuales de ahorro previsional. Para 2007, ante la voracidad fiscal del Estado, el gobierno de Néstor Kirchner impulsó que los afiliados pudieran volver voluntariamente al sistema público. El resultado fue ilustrativo: solo el 17,8% de los trabajadores en las AFJP optó por pasarse al Estado, lo que implica que más de 80% prefería mantener sus ahorros en cuentas privadas. En otras palabras, cuando se consultó en los hechos a los ahorristas (mediante esta “libre opción”), la gran mayoría no quería que sus ahorros jubilatorios fueran estatizados.
A pesar de esa clara preferencia, en 2008 el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner decidió estatizar compulsivamente los fondos. Se disolvieron las AFJP y se creó un único régimen público (SIPA), traspasando todos los ahorros privados acumulados al Estado. Esta medida significó para el gobierno un ingreso inmediato de más de 23.000 millones de dólares en activos confiscados, además de apropiarse del flujo anual de aportes de millones de trabajadores. El motivo de fondo fue paliar urgentes necesidades fiscales: para 2008 el Tesoro argentino ya enfrentaba un deterioro en sus cuentas públicas. En palabras del economista y exministro Ricardo López Murphy, “como no pudieron seducirlos, los violaron y los transfirieron al régimen estatal” refiriéndose a que, al no lograr que los afiliados dejaran voluntariamente sus cuentas, el gobierno directamente expropió los ahorros previsionales.
Este manotazo de fondos tuvo consecuencias gravísimas a largo plazo. En primer lugar, esos ahorros ya no estarían capitalizándose para pagar futuras jubilaciones, sino que fueron gastados por el Estado en el corto plazo. En segundo lugar, destruyó la confianza en las reglas de juego y ahuyentó el desarrollo de un sistema de capitalización que pudiera complementar al de reparto. Se “vendieron las joyas de la abuela” para financiar un festín de gasto presente, dejando un vacío patrimonial que años después se traduce en jubilaciones magras.
Fondos jubilatorios usados para planes sociales y gasto político
¿Qué hizo el Estado con el enorme botín previsional obtenido? Lejos de guardarlo para las jubilaciones, lo destinó a planes asistenciales, créditos dirigidos y otros gastos que brindaron un alivio transitorio a la población, con fines claramente clientelistas. La propia Cristina Kirchner defendió abiertamente el uso de los fondos de ANSES (la caja previsional) para financiar la creación en 2009 de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y otras erogaciones. “Cuando existían las AFJP nadie se preocupaba de que con el dinero de los trabajadores se compraban acciones”, justificó la entonces Presidente, argumentando que ahora esos recursos se usaban con “justicia social”. Según datos oficiales de 2009, ANSES destinó $2.600 millones de dólares para pagar la AUH en su primer año, ahorrándole al Tesoro unos $1.300 millones de dólares que antes gastaba en otros planes sociales. Es decir, se usó la plata de los futuros jubilados para financiar programas asistencialistas del presente.
Además, se emplearon fondos de ANSES para todo tipo oficios ajenos a la seguridad social: desde préstamos subsidiados a empresas amigas, hasta financiar el déficit de empresas estatizadas como Aerolíneas Argentinas, e incluso para programas turísticos para jubilados que resultaban políticamente rentables. Estas erogaciones dieron una sensación de bienestar momentáneo –por ejemplo, la AUH redujo la indigencia en 2010–, pero a costa de vaciar la caja jubilatoria. En la práctica, se consumieron los ahorros destinados a pagar pensiones futuras, hipotecando el ingreso de los jubilados de hoy.
La propia Cristina Kirchner llegó a afirmar sin rodeos que “si no hubiéramos recuperado las AFJP, la AUH no existiría”, reconociendo que la expansión del asistencialismo se financió con el dinero que originalmente era de los aportantes previsionales. Es decir, se redistribuyeron recursos de los trabajadores formales (sus ahorros jubilatorios) hacia otros sectores de la población en forma de subsidios. Lejos de generar “ascenso social”, este esquema terminó por subsidiar la pobreza estructural, como veremos más adelante.
Moratorias masivas: 7 de cada 10 nuevos jubilados no aportaron lo suficiente
Otra decisión polémica que agravó la fragilidad del sistema fue la implementación de moratorias previsionales masivas. Estas moratorias permitieron que personas que no habían completado los 30 años de aportes requeridos pudieran igualmente acceder a una jubilación mínima, pagando una pequeña deuda simbólica o nada en absoluto. En 2005 se lanzó la primera moratoria amplia (conocida como “jubilación para amas de casa”), a la que siguieron nuevas rondas en 2014 y años posteriores. Si bien estas medidas extendieron la cobertura previsional al 91% de los adultos mayores –casi universalizando las jubilaciones– lo hicieron sin base contributiva real.
El resultado hoy es un sistema altamente desequilibrado: la mayoría de los jubilados nunca aportó lo que exige la ley. Según datos oficiales recientes, el 60% de los beneficiarios previsionales actuales (más de 4,3 millones de personas) accedió a su haber mediante moratorias sin reunir los 30 años de aportes. Apenas 4 de cada 10 jubilados tenían sus contribuciones completas (unos 2,84 millones). En el caso de las jubilaciones otorgadas en los últimos años, la proporción vía moratoria fue aún mayor: cerca del 68% de las jubilaciones vigentes se obtuvieron por moratoria.
Este esquema implicó un enorme costo fiscal que se cargó sobre los pocos aportantes: de golpe el sistema tuvo que pagar millones de haberes extra que no tenían respaldo en contribuciones acumuladas. Para graficarlo, el número de beneficiarios previsionales se duplicó en dos décadas, pasando de 3,3 millones en 2001 a 7,1 millones en 2024. Sin embargo, esa expansión no vino acompañada de un equivalente aumento de aportantes, por lo que la relación activo/pasivo se desplomó a niveles críticos (cerca de 1,3 trabajadores formales por cada jubilado, si se considera solo el SIPA). Expertos estiman que se requerirían al menos 3 o 4 aportantes por jubilado para que el esquema de reparto sea sostenible, algo lejísimo de la realidad argentina actual.
Lo más injusto de estas moratorias es que se financiaron con recursos de los trabajadores que sí aportaron regularmente. No se pagó con fondos de Cristina Kirchner ni “de los ricos” –como a veces se argumenta–, sino con el dinero de los propios jubilados contributivos. Cada peso destinado a pagar una pensión a alguien que no aportó es un peso menos para los que sí lo hicieron. Hoy el dinero de la caja previsional, en vez de dividirse entre los ~3 millones de jubilados que contribuyeron efectivamente, debe repartirse entre más de 7 millones de beneficiarios. Esto explica por qué los haberes son tan bajos: si el mismo fondo se dividiera entre menos de la mitad de beneficiarios, cada uno podría cobrar más del doble. De hecho, cálculos simples muestran que las jubilaciones mínimas podrían ser del orden de un 120% superiores si solo se pagaran a quienes cumplieron con sus aportes. En valores de hoy, la mínima (que ronda los $300.000 mensuales actualmente) podría acercarse a unos $700.000 de haberse mantenido un padrón acotado a aportantes genuinos. Esta brecha cuantifica el perjuicio directo que sufren los jubilados “de ley” debido a la masiva inclusión de beneficiarios sin aportes.
Para resumir el panorama actual del sistema argentino, la siguiente tabla contrasta la cantidad de jubilados que aportaron plenamente con aquellos incorporados por moratorias:
Beneficiarios previsionales (2024) |
Personas |
Porcentaje del total |
|---|---|---|
Total jubilados y pensionados (SIPA) |
7.140.000 aprox. |
100% |
Con 30 años de aportes (régimen contributivo) |
2.841.954 |
40% |
Vía moratorias (aportes incompletos) |
4.299.928 |
60% |
Fuente: Boletín Estadístico de ANSES / Infobae (2024).**
La tabla evidencia cómo 6 de cada 10 beneficios previsionales fueron otorgados sin los aportes requeridos, reflejando el enorme peso de las moratorias. En la práctica, el sistema previsional devino en un esquema asistencial financiado por salarios presentes, perdiendo su naturaleza de seguro contributivo.
Consecuencias: jubilados empobrecidos, desaliento al trabajo y más pobreza estructural
Las políticas descriptas –expropiar los fondos de las AFJP y usarlos para gasto corriente, y jubilar masivamente a personas sin aportes– han dañado al país en múltiples aspectos. En el corto plazo pudieron dar cierta ilusión de prosperidad o justicia social, pero sus efectos de largo plazo han sido profundamente negativos, tanto para los jubilados como para la economía en general. A continuación, se enumeran las principales consecuencias:
- Jubilaciones miserables: Hoy las prestaciones son realmente bajas en términos reales. Debido al despilfarro de los ahorros previsionales y a la sobrecarga de beneficiarios, los jubilados que sí aportaron toda su vida terminan cobrando haberes de pobreza. La jubilación mínima equivale a apenas USD 200–300 mensuales al tipo de cambio libre, insuficiente para cubrir las necesidades básicas de un adulto mayor. Incluso el haber medio actual sigue 7% por debajo del promedio histórico en poder adquisitivo, pese a recientes ajustes. Los continuos parches (bonos, reajustes de emergencia) no logran compensar la pérdida porque el problema es estructural: falta el dinero que se gastó en el pasado y sobran obligaciones impagas con una población cubierta artificialmente. Como referencia, en otros países con sistemas más equilibrados la tasa de sustitución (porcentaje del sueldo reemplazado por la pensión) suele ser más alta; en Francia, por ejemplo, ronda el 74% del ingreso previo, mientras en Argentina muchos jubilados apenas alcanzan el 50% o menos, agravando su vulnerabilidad económica.
- Desincentivo al trabajo formal: El esquema argentino actual castiga a quien aportó e irónicamente premia a quien no lo hizo. Esto envía una señal perversa a las nuevas generaciones de trabajadores: “no vale la pena aportar durante 30 años, total al final te jubilás igual por moratoria”. El resultado probable es mayor informalidad laboral y evasión previsional, debilitando todavía más la base de financiamiento. De hecho, expertos señalan que muchos de los que accedieron a jubilaciones vía moratoria tuvieron historiales laborales informales o discontinuos, y siguen trabajando en negro tras jubilarse, porque el sistema no incentiva la formalización. Así, se crea un círculo vicioso de informalidad y asistencia: la gente evita contribuir, luego depende del Estado para jubilarse y cobra pensiones bajas que los fuerzan a seguir trabajando precariamente en la vejez. Este modelo aniquila la cultura del trabajo y el ahorro, pilares del progreso en cualquier sociedad.
- Aumento de la pobreza y la marginalidad: Quizás la mayor ironía es que, pese al discurso de “inclusión social”, estas políticas no lograron disminuir la pobreza de manera sustentable, más bien la han agravado a largo plazo. Mientras el mundo reducía drásticamente la pobreza gracias al crecimiento económico y la apertura de mercados (la tasa mundial de pobreza extrema cayó de 37,8% en 1990 a apenas ~11% en 2014, y siguió bajando hasta 2019).
Multiplicación de las villas miseria
No solo la pobreza monetaria creció nuevamente, sino que se profundizó la pobreza estructural. Los recursos previsionales volcados a asistencialismo no generaron movilidad social ascendente, sino que muchas familias quedaron atrapadas en la dependencia de planes. Un indicador contundente es la proliferación de villas miseria y asentamientos precarios en la última década. De acuerdo al Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP), Argentina contaba con 5.687 villas y asentamientos en 2018, y en el relevamiento más reciente (datos a 2021) se identificaron 6.467 barrios populares dispersos por todo el país. En ellos habitan entre 4 y 5 millones de personas, aproximadamente el 10% de la población nacional. La superficie ocupada por villas creció a un ritmo promedio de 2% anual entre 2017 y 2023, acelerándose respecto a la década anterior. Esto significa que lejos de reducirse, los asentamientos informales se multiplicaron y expandieron. En 2016, un relevamiento parcial de TECHO ya había registrado al menos 2.400 asentamientos en algunas provincias, donde vivían más de 650.000 familias en condiciones muy precarias. La situación ha ido a peor: para 2023 el propio Estado reconoce una cifra casi tres veces mayor de barrios marginales. Este crecimiento de las villas miseria es la manifestación visible de cómo el asistencialismo crónico terminó subsidiando la pobreza, en lugar de combatirla. Las políticas de transferencias de dinero sin exigir contraprestación ni fomentar la inserción laboral consolidaron bolsillos de pobreza intergeneracional (barrios enteros donde varias generaciones no han conocido el empleo formal). En contraste, muchos países de la región y del mundo lograron reducir la pobreza de forma sostenible creando empleo privado y atrayendo inversiones, algo que en Argentina se vio relegado por el énfasis en la redistribución de un pie cada vez más pequeño de la torta económica.
Un sistema inviable tras años de populismo previsional
En síntesis, las jubilaciones bajas en Argentina se explican por factores demográficos comunes a muchos países (mayor longevidad, menos nacimientos) pero agravados enormemente por decisiones políticas locales equivocadas. La estatización de las AFJP por parte del kirchnerismo y la apropiación de los ahorros de los trabajadores para gastarlos en el corto plazo fue un puntapié inicial del desastre previsional: se dilapidó el capital que debía sustentar mejores jubilaciones futuras. A esto se sumó la estrategia de jubilar masivamente a quienes no habían aportado, utilizando la caja de ANSES como si fuera un fondo infinito para hacer política social. Cristina Fernández de Kirchner y Néstor Kirchner, en aras de un relato “inclusivo”, terminaron de romper el contrato previsional: hoy no hay correspondencia entre aporte y beneficio, y el sistema se sostiene con parches y deuda.
Las consecuencias están a la vista: jubilados empobrecidos, que después de décadas de trabajo apenas sobreviven; trabajo desincentivado, porque el Estado iguala hacia abajo y castiga al que se esfuerza; y más pobreza y marginalidad, ya que los planes pagos con recursos previsionales no sacaron a la gente de la pobreza, sino que la acostumbraron a la asistencia permanente y la mantuvieron estructuralmente excluida del progreso. En otras palabras, se pan para hoy y hambre para mañana: se gastaron “las joyas de la abuela” para un veranito de consumo y clientelismo, y la resaca la sufren hoy tanto los jubilados como los sectores vulnerables que siguen sin oportunidades reales de desarrollo.
Desde una perspectiva liberal y libertaria, lo ocurrido en Argentina es un caso de manual de los daños que causa el intervencionismo estatal desmedido. En lugar de fomentar el ahorro privado, la inversión y el empleo —que son las fuentes genuinas de prosperidad—, el Estado eligió confiscar y repartir, malgastando recursos y rompiendo incentivos. Mientras países que abrazaron economías más libres lograron crecimiento y reducción de la pobreza histórica, Argentina se empantanó repartiendo una riqueza que no tenía, hasta agotar la gallina de los huevos de oro. Hoy el sistema previsional argentino está, metafóricamente, quebrado: financieramente deficitario, socialmente injusto y políticamente utilizado.
Revertir esta situación exigirá inevitablemente reformas de fondo: restablecer la responsabilidad individual en el ahorro para la vejez (por ejemplo, recreando esquemas de capitalización o cuentas personales inviolables), focalizar la asistencia solo en quienes realmente la necesitan (en vez de jubilaciones masivas sin aportes), y premiar el trabajo y la formalidad en lugar de castigarlos. Son medidas difíciles pero necesarias si se quiere evitar un colapso mayor. De lo contrario, las jubilaciones argentinas seguirán siendo sinónimo de pobreza, y el país continuará en el círculo vicioso de más asistencialismo, menos trabajo y más pobreza.
En definitiva, las jubilaciones son bajas en Argentina porque el sistema fue saqueado y desnaturalizado. Reconstruir un sistema previsional solvente y justo demandará dejar atrás las falsas soluciones del populismo previsional y abrazar políticas de libertad económica, previsión y respeto a la propiedad que han demostrado ser las únicas capaces de generar prosperidad duradera.
