Salen a la luz múltiples negocios de Toviggino como proveedor del gobierno de Santiago del Estero
Una investigación periodística expone un entramado de sociedades vinculadas al tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, que habrían concentrado contrataciones del gobierno de Santiago del Estero —sobre todo en seguridad privada para hospitales y edificios estratégicos, con licitaciones cuestionadas por falta de competencia— mientras se registran reordenamientos societarios en pleno avance del escándalo judicial y mediático.
Una investigación atribuida al periodista Bernardo Vázquez (Clarín) instaló una hipótesis incómoda para la cúpula del fútbol argentino: Pablo Toviggino, tesorero de la AFA y hombre fuerte del “tapismo”, no sólo acumuló poder dentro de Viamonte; también habría tejido, en paralelo, un entramado empresarial con contratos sostenidos con el Estado santiagueño a través de sociedades vinculadas a su círculo familiar.
El dato no es menor por dos motivos. Primero, porque el corazón del esquema —si se confirma lo publicado— no está en un negocio privado cualquiera, sino en áreas sensibles: vigilancia en hospitales y dependencias estratégicas, provisiones ligadas a infraestructura y una pata en actividades rurales/forestales.
Segundo, porque aparece en el peor momento político-judicial del dirigente: otras investigaciones (por fuera de Santiago del Estero) ya siguen el rastro del dinero alrededor de empresas relacionadas con la AFA y sociedades asociadas al entorno de Toviggino, incluida SOMA SRL.
1) La arquitectura del entramado: familia al frente, control hacia adentro
El patrón que describen las notas que retoman la investigación es clásico: titularidad formal en familiares directos y gerenciamiento operativo en manos del círculo íntimo (en este caso, Darío Toviggino, hermano del tesorero). La lógica sería reducir exposición pública sin resignar control.
En ese esquema aparece un “núcleo” societario: HT SRL, señalado como holding familiar donde la familia concentra participaciones y desde el cual se ordenan distintas ramas de negocios.
2) Seguridad privada con contratos estatales: hospitales y edificios sensibles
Dos nombres se repiten en el rubro vigilancia: BORI SRL y SEGON SRL. Distintas coberturas sostienen que esas firmas prestaron —o concentraron— servicios de seguridad en hospitales y edificios clave del Estado provincial, incluyendo el Hospital Regional “Dr. Ramón Carrillo”.
Un punto verificable por fuera del “off” periodístico es que BORI SRL figura en publicaciones oficiales vinculadas al Registro Único de Proveedores de Santiago del Estero: en un Boletín Oficial de 2017 aparece mencionada en ese contexto, lo que confirma su encuadre como firma proveedora en el sistema provincial.
3) Contrataciones con “competencia cero”: el patrón del único oferente
El aspecto más delicado, si se comprueba, no es solamente “quién contrata”, sino cómo se contrata. En los artículos que amplifican la investigación se describe un mecanismo reiterado: licitaciones con un solo oferente o ofertas rivales desestimadas por cuestiones formales, dejando a la firma del mismo entramado como adjudicataria.
En otras palabras: cuando el Estado compra sin competencia real, no hay precio de mercado, no hay presión por calidad y el contribuyente queda rehén de una lógica de “proveedor permanente”.
4) Reordenamientos societarios: mover piezas cuando sube el ruido
La cronología que publican distintos medios marca dos momentos:
- Abril de 2024: reorganizaciones internas que habrían “encapsulado” participaciones en estructuras tipo holding (HT SRL), con cambios de porcentajes y roles de gerencia.
- Diciembre de 2025: en pleno recrudecimiento del escándalo alrededor de la conducción AFA, SOMA SRL habría tomado control de piezas del entramado (incluida Segon, según algunas reconstrucciones), y también se mencionan movimientos sobre Malte SRL y Norte Argentino SRL con fecha 16 de diciembre en publicaciones societarias.
Estos cambios no prueban delito por sí mismos, pero sí dibujan una conducta típica de “bajar el perfil”: cuando la exposición pública aumenta, las sociedades se reordenan para que el apellido pese menos en el papel, aunque el control real no cambie.
5) De la vigilancia a la obra pública, y de ahí al campo: rubros donde el Estado siempre “paga”
En la reconstrucción de TN sobre el entramado, el paquete de actividades excede la seguridad: se mencionan rubros como provisión de áridos/canteras, servicios ligados a obra pública e inversiones en tierras/proyectos agroindustriales a través de distintas sociedades.
En paralelo, otras notas describen la firma Barwa SRL vinculada a actividades agropecuarias/forestales y a menciones en expedientes de prescripción adquisitiva (un terreno especialmente espinoso en Santiago del Estero, donde los conflictos por tierras son un tema histórico).
6) El contexto: cuando el poder deportivo se cruza con la caja política
El trasfondo es el más argentino de todos: dirigencia deportiva + Estado + proveedores. Cuando un dirigente con poder sobre contratos, torneos, árbitros, derechos y disciplina aparece (directa o indirectamente) como parte de un ecosistema de negocios con el sector público, la pregunta inevitable es:
¿dónde termina la representación institucional y dónde empieza el lobby con recursos estatales?
En provincias con oficialismos largos, el riesgo se potencia: se vuelve normal lo anormal —la rueda de “proveedores amigos”— y el sistema se cierra. Radicales, socialistas o kirchneristas, al final, suelen actuar como lo mismo: el partido del Estado disfrazado de distintos colores, administrando caja y lealtades.
7) Qué se debería auditar (si hubiera voluntad)
Si el objetivo fuera despejar dudas (o confirmarlas con evidencia), la hoja de ruta es sencilla:
- Contratos completos (pliegos, adjudicaciones, ampliaciones, prórrogas) de Bori/Segon y vinculadas con hospitales y organismos estratégicos.
- Historial RUPSE y Boletín Oficial: altas, renovaciones, sanciones, cambios societarios.
- Trazabilidad de beneficiarios finales (quién decide, quién firma, quién cobra) en HT/SOMA y sociedades satélite.
- Comparativa de precios: cuánto pagó el Estado santiagueño frente a valores de mercado (si hubo único oferente, la comparación es obligatoria).
