El acuerdo UE–Mercosur entra en crisis: el Parlamento Europeo lo congela y lo envía a la Justicia
La ratificación del tratado comercial quedó suspendida tras una ajustada votación en Estrasburgo. Agricultores, ambientalistas y varios países europeos celebran el freno a un pacto que consideran perjudicial para el empleo, el ambiente y la soberanía regulatoria.
El acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur atraviesa su momento más crítico en más de dos décadas de negociaciones. Este miércoles, el Parlamento Europeo decidió remitir el tratado al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para que evalúe su compatibilidad con los tratados comunitarios, una decisión que congela el proceso de ratificación y pone seriamente en duda su futuro.
La votación fue extremadamente ajustada: 334 eurodiputados a favor de la remisión, 324 en contra y 11 abstenciones, una diferencia mínima que refleja la profunda división política y social que genera el acuerdo. El envío al máximo tribunal europeo podría retrasar la entrada en vigor del pacto durante más de un año —o incluso hacerlo naufragar definitivamente— si se detectan incompatibilidades legales.
Un acuerdo cuestionado por su impacto económico y ambiental
En el centro de la polémica se encuentra el llamado “mecanismo de reequilibrio”, que permitiría a los países del Mercosur —Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay— tomar represalias comerciales si futuras leyes europeas, por ejemplo en materia ambiental o sanitaria, afectan sus exportaciones. Para numerosos eurodiputados, esto supone una amenaza directa a la capacidad de la UE de fijar normas más estrictas en sostenibilidad, seguridad alimentaria y protección del consumidor.
El rechazo al acuerdo también se alimenta del temor a una avalancha de importaciones agrícolas a bajo costo, especialmente carne vacuna, azúcar y aves de corral, producidas bajo estándares ambientales y sanitarios más laxos que los exigidos en Europa. Francia, Irlanda y Polonia han sido algunos de los países más críticos, alineados con organizaciones agrarias que denuncian una competencia “desleal” que pondría en riesgo miles de explotaciones familiares.
Protestas masivas y presión social
La decisión del Parlamento se produjo en un clima de fuerte tensión social. Miles de agricultores de distintos países europeos rodearon el edificio parlamentario en Estrasburgo con cerca de mil tractores, en una de las mayores protestas agrarias de los últimos años. Las manifestaciones, que se extendieron durante dos días, fueron celebradas por los sectores que impulsaron el freno al acuerdo tras conocerse el resultado de la votación.
“Este tratado sacrifica a los agricultores en nombre de intereses industriales y geopolíticos”, denunciaron organizaciones del sector, que también alertan sobre el impacto del acuerdo en la deforestación del Amazonas y el uso de pesticidas prohibidos en la UE.
Incertidumbre y riesgo institucional
Aunque la Comisión Europea insiste en que el acuerdo es legal y estratégico, la remisión al Tribunal de Justicia suspende formalmente el procedimiento parlamentario. Si bien Bruselas aún conserva la posibilidad de aplicar el tratado de manera provisional, hacerlo en este contexto podría profundizar el conflicto institucional y social dentro del bloque.
Tras 25 años de negociaciones, el acuerdo UE–Mercosur, presentado como uno de los mayores tratados de libre comercio del mundo, se enfrenta ahora a una combinación de rechazo político, resistencia social y escrutinio judicial que pone seriamente en duda su viabilidad.
Para muchos sectores europeos, el mensaje es claro: no cualquier acuerdo vale, y menos aún si se firma a costa del empleo local, el ambiente y la capacidad de los Estados para regular en defensa del interés público.
