Pacto Pullaro-Rossi: denuncian licitación amañada en el Aeropuerto Rosario para favorecer a Autobuses S.A. vinculada al clan Rossi
En el Aeropuerto Internacional Rosario (AIR) se registraron serias irregularidades en una licitación que terminó adjudicada a Autobuses S.A., una empresa de colectivos y traslados con múltiples negocios en la provincia de Santa Fe y señalada desde hace años por su cercanía con el poder. Según denuncias públicas de Elisa Carrió y material periodístico que volvió a circular en el canal LN+, la firma estaría vinculada al ex ministro y actual diputado peronista Agustín Rossi y a su hermano Alejandro “Fratacho” Rossi, y habría operado bajo estructuras societarias asociadas a la familia Ingaramo como presuntos testaferros. En esta oportunidad el proceso habría mostrado un patrón de favoritismo y connivencia que vuelve a poner bajo sospecha al gobierno provincial de Maximiliano Pullaro. El caso salpica, además, al Ministerio de Desarrollo e Innovación, a cargo del ministro radical Gustavo Puccini, área ya mencionada en otros episodios recientes por cuestionamientos sobre contrataciones y sobreprecios. Autobuses concentra de hecho la mayor parte —o directamente la totalidad— de los contratos provinciales de traslados, y este expediente no habría sido la excepción: se recurrieron a maniobras irregulares e ilegales que podrían dar lugar a responsabilidades administrativas e incluso penales si se confirma cómo se condujo el procedimiento.
Qué se licitó y por qué importa
La contratación cuestionada corresponde al traslado del personal del AIR, un servicio que impacta todos los días en el funcionamiento del aeropuerto. El nuevo contrato debía comenzar el 01/12/2025, pero que al cierre del último día hábil previo aún no se había publicado resolución formal, pese a que los plazos del pliego estaban venciendo.
Cronología del caso: del pedido de mejora a la adjudicación “más cara”
- Autobuses S.A. habría resultado ganadora inicialmente, con un presupuesto 5,5% más bajo que el competidor (pero con los sobres presumiblemente abiertos observados y grabados).
- La otra empresa habría continuado “en carrera” porque Autobuses no había completado requisitos administrativos.
- Luego el AIR (Aeropuerto Internacional Rosario) habría solicitado una baja/mejora de cotización.
- Ambas empresas presentaron nuevas cifras, pero Autobuses respondió por mail, no por sobre, y ese mail no habría sido exhibido ni abierto públicamente como correspondía.
- La apertura de mejoras nunca se habría realizado.
- El organismo habría terminado aceptando la primera oferta de Autobuses, desestimando de manera ilegal la mejora que ellos mismos habían solicitado, y adjudicando el servicio a un valor 8% más caro que la mejora presentada, en segunda instancia, por el competidor.
En síntesis: se ignoró una mejora más conveniente y se adjudicó en condiciones irregulares, favoreciendo al mismo actor “de siempre”.
El “tapón” de la impugnación: millones para reclamar
La empresa perjudicada puede recurrir a la impugnación, pero lejos de ser una garantía de transparencia, funciona como una barrera económica:
- Para impugnar debe depositarse alrededor del 3% del monto, lo que en este caso —según calculan— ronda los $15 millones.
El argumento es directo: hay que poner millones al Estado para que el Estado revise al Estado, con riesgo de perder el depósito. Ese costo, en la práctica, desalienta reclamos y protege adjudicaciones cuestionadas.
Lo que deberían explicar Pullaro, Puccini y el AIR si no hay nada que ocultar
Si el proceso fue regular, la salida es simple: expediente abierto y documentación completa. Como mínimo:
- acta del acto de apertura (y modalidad: presencial/virtual, resguardo de sobres, registro de participantes);
- notificación fehaciente del pedido de mejora;
- constancias de presentación en sobre cerrado y acta de apertura de mejoras;
- cuadro comparativo final de ofertas;
- resolución fundada de adjudicación;
- flota afectada, permisos y habilitaciones;
- si hubo subcontratación: autorización, empresas, vehículos y habilitaciones.
La caja, no las ideas
Pullaro y Rossi se pelean delante de las cámaras y para las elecciones. Uno radical, el otro peronista, pero en el fondo funcionan como parte del mismo engranaje: dos socios del Estado grande, de la obra pública como sistema y de la política entendida como reparto. Venden el discurso de echarse la culpa, se alternan el rol de “oposición” y “gestión”, pero ocuparon durante años todo el espectro político y sostuvieron la misma matriz: más estructura, más contratos, más intermediación. Cambian los nombres y los colores; la lógica es idéntica: discutir quién administra, nunca cómo desmontar el mecanismo que convierte al contribuyente en cajero automático.
Mientras tanto, se reparten las ganancias del botín.
