La ofensiva de Nación contra el narco muestra fuertes resultados en Rosario
La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, aseguró que la intervención permitió reducir la violencia en una ciudad golpeada durante años por el avance narco.
El Gobierno nacional volvió a destacar los resultados del Plan Bandera en Rosario, la estrategia de seguridad implementada para reforzar la presencia de fuerzas federales y coordinar acciones con la Provincia y el Municipio en zonas críticas de la ciudad.
La ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, sostuvo este viernes que la intervención permitió mejorar los niveles de control territorial y reducir los indicadores de violencia. “Hay menos violencia, más control y más presencia de nuestras fuerzas”, afirmó la funcionaria al evaluar el funcionamiento del operativo.
El Plan Bandera fue impulsado por la administración de Javier Milei en una ciudad que venía de registrar niveles de violencia muy por encima del promedio nacional. Según datos oficiales citados por el Gobierno, Rosario llegó a tener una tasa cercana a los 20 homicidios cada 100 mil habitantes, un registro que quintuplicaba los niveles generales del país.
Frente a ese escenario, Nación desplegó una estrategia conjunta con fuerzas federales, la Policía de Santa Fe, el Ministerio Público de la Acusación, la Justicia federal y autoridades locales. El objetivo fue concentrar recursos en barrios y corredores urbanos donde operaban organizaciones criminales vinculadas al narcotráfico, extorsiones, balaceras y homicidios.
Monteoliva remarcó que uno de los puntos centrales del programa fue la coordinación entre los distintos niveles del Estado. “Si hay algo que hizo funcionar al Plan Bandera fue la gobernanza del plan y la articulación entre la Nación, la Provincia y la Ciudad”, señaló.
El esquema combina presencia territorial, controles preventivos, patrullajes, operativos focalizados, investigaciones judiciales y seguimiento de bandas criminales. La participación federal se apoya principalmente en fuerzas como Gendarmería, Prefectura, Policía Federal y Policía de Seguridad Aeroportuaria, que trabajan en coordinación con la estructura provincial.
Desde el Ministerio de Seguridad nacional sostienen que los resultados comenzaron a reflejarse en la vida cotidiana de los rosarinos. La baja de homicidios, la reducción de ataques armados y el mayor control de zonas donde antes predominaba la violencia narco aparecen como los principales indicadores señalados por la cartera.
El Gobierno también difundió datos nacionales para enmarcar la tendencia. Según la información oficial, la Argentina registró en 2025 una tasa de 3,6 homicidios cada 100 mil habitantes, la más baja desde que existen registros oficiales. Además, los homicidios se redujeron 7,3% durante 2025 y acumularon una caída del 18,4% en los últimos dos años.
La tendencia descendente, de acuerdo con los datos oficiales, continuó durante 2026. En el primer trimestre del año se registró una baja interanual del 15,6% en homicidios, un dato que el Gobierno vincula con el endurecimiento de la política criminal, el despliegue de fuerzas y la coordinación operativa.
En Rosario, el impacto del Plan Bandera se mide especialmente sobre los barrios más afectados por la violencia narco. Durante años, la ciudad fue escenario de balaceras contra comercios, escuelas, estaciones de servicio, sindicatos, edificios públicos y domicilios particulares, muchas veces vinculadas a disputas entre bandas o mensajes extorsivos.
La administración nacional busca presentar el caso Rosario como un ejemplo de intervención estatal focalizada, con presencia federal sostenida y objetivos medibles. En esa línea, Monteoliva sostuvo que el plan “funciona” y que sus resultados “se reflejan en la vida cotidiana de los rosarinos”.
El desafío, sin embargo, sigue siendo sostener la baja en el tiempo. Especialistas en seguridad advierten que las organizaciones criminales suelen modificar sus métodos cuando aumenta la presión policial y judicial. Por eso, el control territorial debe acompañarse con investigaciones patrimoniales, persecución del lavado de dinero, inteligencia criminal y control del sistema penitenciario.
El Gobierno nacional también apunta a reforzar el seguimiento sobre las cárceles, uno de los puntos más sensibles del fenómeno narco en Rosario. En los últimos años, distintas investigaciones judiciales detectaron que parte de las órdenes para balaceras, amenazas y extorsiones salían desde unidades penitenciarias.
Para la Casa Rosada, la seguridad en Rosario es una prueba central de gestión. La ciudad fue durante años símbolo del avance narco y de la pérdida de control estatal en sectores urbanos atravesados por economías ilegales. La baja de la violencia aparece ahora como uno de los resultados que el Gobierno busca mostrar dentro de su política de orden público.
El Ministerio de Seguridad sostiene que la continuidad del operativo será clave para evitar retrocesos. La presencia federal, los controles y la articulación judicial seguirán enfocados en los sectores donde las bandas mantienen capacidad de reorganización.
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