Comodoro Rivadavia: patota sindical de ATE destruye un edificio público y deja a cinco policías heridos
Patota sindical destrozó un edificio público educativo en Chubut, hirieron a cinco policías y creyeron que el carnet sindical les daba inmunidad: quedaron procesados
La verdadera cara del sindicalismo argentino volvió a exhibirse en Comodoro Rivadavia. Un grupo de militantes de ATE —ese gremio estatal que vive del bolsillo del contribuyente— tomó por asalto la sede de Supervisión de Escuelas, rompió vidrios, destrozó instalaciones, agredió a cinco policías que intentaban restablecer el orden y se creyeron con derecho a hacerlo porque llevan una camiseta sindical. Los detenidos fueron Verónica Rosales (secretaria general del gremio local), Marcelo Echeveste (su adjunto), Evangelina Arbe, José Barra y Lorena Rosales. Todos fueron liberados a los pocos días pero quedaron procesados con causa abierta. El mensaje es claro: para estos sindicalistas, ser empleado estatal les da licencia para destruir bienes públicos y lesionar agentes de seguridad.
La rubia de la impunidad
Rosales, la dirigente principal del grupo, no se entregó pacíficamente. Se resistió al arresto, insultó y agredió a las fuerzas de seguridad mientras sus compañeros destrozaban las oficinas. La escena es la misma que se repite en cada protesta sindical: creen que por tener un cargo gremial pueden comportarse como una patota mafiosa, que el patrimonio público es de ellos para romperlo, y que los policías son punching balls contra los cuales descargar su furia ideológica. Una mentalidad socialista que entiende la violencia como método legítimo de presión y el Estado como propiedad privada del gremio.
El contexto: estafadores con antecedentes
La patota de Comodoro Rivadavia no es un caso aislado: es el síntoma de una enfermedad que atraviesa todo el gremio. Esta misma semana, mientras Verónica Rosales y sus esbirros destrozaban la sede de Supervisión de Escuelas, la Justicia condenaba en otra punta del país a Carlos Córdoba, secretario general de ATE Tierra del Fuego, junto a otro dirigente, por estafa en una causa vinculada a la malversación de fondos del sindicato. El patrón se repite con exactitud matemática: sindicalistas que se enriquecen con la plata de los afiliados, que defraudan al Estado, y que cuando la Justicia los toca responden con violencia o con abogados pagados con la misma plata robada.
ATE no es un gremio: es una organización criminal con estructura sindical, una especie de cartel que opera a lo largo y ancho del país disfrazado de defensor de los trabajadores estatales. En Tierra del Fuego, estafan. En Comodoro, rompen. En Buenos Aires, extorsionan. Y en todos lados, el mismo modus operandi: vivir del Estado, usar el gremio como caja de recaudación, y creer que el carnet sindical es un pasaporte de impunidad. Pero el dominó empezó a caer. Córdoba condenado, Rosales procesada, causas penales abiertas en Chubut. Esto parece ser solo el comienzo de una fila de fichas que se vendrá encima sobre delincuentes disfrazados de sindicalistas que, por fin, la Justicia empieza a tratar como lo que son: criminales comunes con cargo gremial.
El Gobierno de Chubut responde
El ministro de Educación, José Luis Punta, anunció que además de las denuncias penales se iniciarán sumarios administrativos y se actuará civilmente para exigir la reparación de los daños. «Los violentos son responsables de esta situación y se actuará civilmente para que reparen y paguen los daños que le han producido al Estado provincial», declaró. Una postura que contrasta con la de gobiernos anteriores —especialmente los peronistas— que ante cada destrozo sindical miraban para otro lado o, peor, negociaban con los rompedores.
Curiosamente, fueron los propios compañeros de trabajo de los sindicalistas los que denunciaron los hechos a las autoridades. Dentro del propio ATE hay gente cansada de que una minoría violenta los represente y los exponga.
La impunidad que se acabó
Los cinco detenidos —Rosales, Echeveste, Arbe, Barra y Lorena Rosales— fueron liberados al poco tiempo, como suele pasar en la Argentina cuando el delincuente lleva una bandera sindical. Pero la diferencia esta vez es que quedaron procesados con causa abierta, con denuncias penales, civiles y administrativas en marcha. El sindicalismo queda cada vez más expuesto mostrando su verdadera cara: no defiende trabajadores, defiende privilegios. No negocia, destruye. No es representación, es extorsión.
El sindicalismo mafioso no tiene lugar en un Estado de derecho
La protesta, además, se produjo pese a que el paro de 72 horas había sido suspendido por conciliación obligatoria. Es decir: no había motivo legal para la manifestación, y menos para la violencia. Pero los sindicalistas de ATE no respetan la ley cuando la ley no les da lo que quieren. Rompen, agreden, insultan y después se victimizan ante las cámaras hablando de «represión». Es el mismo guion de siempre, el mismo cinismo de quienes viven del Estado pero odian al Estado cuando no les sirve.
El sindicalismo argentino, desnudo
Comodoro Rivadavia es solo el capítulo más reciente de una historia larga: sindicalistas que se creen dueños de lo ajeno, que confunden el gremio con una patota, y que creen que la violencia es un derecho adquirido por el mero hecho de tener un cargo en ATE. El Gobierno de Chubut, con denuncias penales, civiles y administrativas, les está demostrando que esa época se terminó. Que romper un edificio público tiene consecuencias. Que agredir a un policía no es gratis. Y que el sindicalismo mafioso, ese que vive de la extorsión y la destrucción, no tiene lugar en un país que intenta ser normal.
