Cae Bailaque: el juez federal acusado de encubrir al narco rosarino y extorsionar a privados
Rosario, Santa Fe. Marcelo Bailaque, juez federal de Rosario, atraviesa por estas horas uno de los procesos judiciales más graves que haya enfrentado un magistrado en la historia reciente de la justicia argentina. Fue imputado en tres causas penales por su presunta participación en delitos que van desde la protección a narcotraficantes hasta la extorsión a empresarios y el favorecimiento a allegados en el manejo irregular de fondos públicos. Aunque sobre él pesa una orden de prisión preventiva por 90 días, no se efectivizó debido a los fueros que todavía lo amparan. Su juzgado se encuentra paralizado y el Consejo de la Magistratura evalúa su suspensión y eventual destitución.
El escándalo ha sacudido al sistema judicial, revelando una red de influencias políticas, omisiones en causas sensibles de narcotráfico y años de impunidad institucional. Esta investigación reconstruye los orígenes de su ascenso, sus vínculos con el poder, los beneficios concedidos a bandas criminales, las maniobras extorsivas y el entramado de complicidades que lo mantuvieron durante más de una década en una posición clave del poder judicial santafesino.
Designación y trayectoria inicial
Marcelo Bailaque es abogado nacido en Rosario, egresado de la Universidad Nacional de Rosario en los años 1980. Su carrera despegó en Santa Cruz, donde fue defensor oficial en Caleta Olivia y luego juez de instrucción provincial durante aproximadamente diez años. Fue en esa etapa cuando Bailaque tejió vínculos con referentes del kirchnerismo, lo que lo catapultó a la Justicia federal.
En 2007-2008, en pleno apogeo del gobierno kirchnerista, Bailaque fue designado juez federal en Rosario. Su pliego fue aprobado por el Senado y asumió al frente del Juzgado Federal Nº4 de Rosario el 22 de febrero de 2008. Desde su llegada al fuero federal rosarino, acumuló poder y contactos. En los pasillos judiciales se lo reconocía por su capacidad de incidencia en causas sensibles, muchas vinculadas al crimen organizado.
Apoyos políticos y redes de influencia
La trayectoria de Bailaque evidencia cómo las alianzas políticas y personales le sirvieron de sostén. Su ascenso al cargo federal estuvo apuntalado por el kirchnerismo. Ya en Rosario, cultivó lazos con empresarios, dirigentes sindicales y funcionarios provinciales. Un ejemplo: en 2017 ingresó como empleado de su juzgado Sebastián Mizzau, hijo de su contador personal Gabriel Mizzau, quien a la vez llevaba la contabilidad de empresas vinculadas al narco Esteban Alvarado.
La transversalidad de sus apoyos se vio también en el Consejo de la Magistratura. Cuando se inició una investigación en su contra, eligió como defensor a Marcelo Quintero, jurista vinculado a la diputada opositora Roxana Reyes. Esto obligó a Reyes a recusarse y mostró cómo Bailaque sabía usar sus relaciones en distintos espacios políticos.
Connivencia con el narcotráfico
Uno de los hechos más graves que se le imputa es haber obstaculizado la causa contra el narco Esteban Lindor Alvarado. En 2013, la PSA pidió intervenir teléfonos del entorno de Alvarado. Bailaque lo rechazó sin justificación sólida. Esto permitió que el narco operara durante años, hasta ser procesado recién en 2019 por la justicia provincial.
Investigaciones revelaron que el contador de Bailaque también manejaba las finanzas de Alvarado. Además, el hijo del contador fue contratado en el juzgado de Bailaque. Las omisiones y demoras en esta causa clave están hoy incluidas en la imputación penal por prevaricato e incumplimiento de deberes.
Un juez extorsionador: coimas a empresarios
En otra causa, Bailaque está acusado de haber extorsionado a los financistas Jorge Oneto y Claudio Iglesias. La maniobra habría comenzado con una denuncia anónima falsa presentada ante la AFIP en 2019. Con la participación del empresario Fernando Whpei y del entonces jefe regional de la AFIP Carlos Vaudagna, se inició una causa penal en su juzgado. El objetivo: pedir 160.000 dólares a cambio de cerrar el expediente.
El acuerdo se habría pactado en el domicilio de Bailaque. Vaudagna confesó los hechos como arrepentido y describió cómo se realizaron los pagos en efectivo en oficinas privadas. Estas revelaciones son ahora pruebas clave en su contra.
Manejo irregular de fondos portuarios
Una tercera causa involucra el manejo de más de 2.000 millones de pesos de la Cooperativa de Trabajadores Portuarios de San Lorenzo. En 2020, Bailaque ordenó liberar fondos que estaban congelados y autorizar operaciones financieras con entidades vinculadas a su amigo Whpei. Aunque no se probó un daño patrimonial directo, se investiga si hubo desvío de poder para favorecer a terceros.
Blindajes institucionales y complicidad política
Durante casi 15 años, Bailaque se mantuvo en su cargo sin mayores sobresaltos. El Consejo de la Magistratura recibió denuncias desde 2013 por su desempeño en causas narco, pero no avanzó en sanciones. Su situación se mantuvo estable hasta que, en 2024, el escándalo estalló con allanamientos, declaraciones de testigos protegidos y una presión mediática creciente.
En abril de 2025, el Consejo de la Magistratura incorporó las causas penales en su expediente disciplinario. Aún no ha sido suspendido ni desaforado. Su prisión preventiva fue dictada pero no se ejecuta, ya que conserva fueros. Mientras tanto, su juzgado está paralizado.
La casta judicial expuesta
Desde una perspectiva libertaria, Bailaque representa a la casta judicial impune. Su caso es la prueba de cómo el Estado es capturado por intereses oscuros y sirve a una élite que lo usa para enriquecerse y protegerse.
A esto se suma un privilegio irritante: mientras los argentinos enfrentan una presión fiscal récord, la casta judicial ha decidido por sí misma no pagar el impuesto a las Ganancias, manteniendo ese beneficio por sobre el resto de la sociedad. Como si fuera poco, los mismos jueces que se blindan institucionalmente se otorgan aumentos salariales sin control externo, desconectados de la realidad económica del país.
El argumento clásico es que los jueces deben cobrar sueldos altos para desincentivar la corrupción. Sin embargo, casos como el de Bailaque demuestran que se trata de una excusa: a pesar de sus ingresos privilegiados, algunos magistrados terminan siendo protagonistas de los peores escándalos de corrupción del país.
Bailaque representa a la casta judicial impune. Su caso es la prueba de cómo el Estado es capturado por intereses oscuros y sirve a una élite que lo usa para enriquecerse y protegerse.
A esto se suma un privilegio irritante: mientras los argentinos enfrentan una presión fiscal récord, la casta judicial ha decidido por sí misma no pagar el impuesto a las Ganancias, manteniendo ese beneficio por sobre el resto de la sociedad. Como si fuera poco, los mismos jueces que se blindan institucionalmente se otorgan aumentos salariales sin control externo, desconectados de la realidad económica del país.
Incluso se generó polémica cuando trascendió que Bailaque podría ser promovido a la Cámara Federal. El gobierno nacional lo desmintió, pero el episodio generó indignación. Desde el espacio libertario se insiste en la necesidad de una reforma judicial profunda, con límites al poder de los jueces, transparencia y eliminación de fueros.
El caso Bailaque no es un hecho aislado. Es un símbolo de cómo el sistema judicial puede volverse cómplice del crimen y del poder político. Desde El Liberador seguiremos denunciando estas redes de corrupción y exigiendo una justicia independiente. Porque sin justicia no hay libertad, y sin castigo no hay República.
Cronología de un escándalo
- 1990s-2006: Marcelo Bailaque desarrolla su carrera en Santa Cruz. Ejerce como defensor oficial en Caleta Olivia y luego como juez de instrucción provincial durante ~10 años, ganando la confianza del poder político local (kirchnerismo).
- 2007: Es propuesto y aprobado como juez federal de Rosario. Asume formalmente en febrero de 2008, designado durante el gobierno de Néstor Kirchner.
- 2012: Caso “Narco Scairi”. Bailaque recibe una causa por drogas y devuelve un auto de lujo incautado al sospechoso, sin requerimiento previo, actitud altamente irregular.
- 2013: Fiscales federales y autoridades advierten que Bailaque entorpece investigaciones de narcotráfico (ej.: se niega a desarchivar causas). Es denunciado por primera vez ante el Consejo de la Magistratura por mal desempeño, pero el caso no prospera. Ese mismo año, rechaza intervenir teléfonos del narco Esteban Alvarado y su entorno, frenando una causa que recién avanzaría años después.
- 2013-2018: Bailaque mantiene un perfil bajo público, pero crece su red de influencias. En 2017 incorpora a Sebastián Mizzau (hijo de su contador, quien también trabajaba para Alvarado) como empleado de su juzgado.
- 2019:
- Febrero: La justicia provincial finalmente acusa a Esteban Alvarado por homicidio y asociación ilícita; Alvarado se fuga. La inacción de Bailaque entre 2013 y 2019 es señalada como factor que le permitió al narco fortalecerse.
- Agosto: Se presenta una denuncia anónima falsa contra los financistas Oneto e Iglesias por lavado/evasión, que gatilla una causa federal en el Juzgado de Bailaque. Comienza la presunta extorsión coordinada por Bailaque, Whpei y Vaudagna, exigiendo sobornos para “cerrar” el caso.
- 2020-2021: Bailaque interviene en la Cooperativa Portuaria de San Lorenzo. Ordena liberar en total $1.150 millones de fondos cooperativos congelados y canalizarlos hacia entidades financieras de su amigo Fernando Whpei. Esto provoca sospechas de desvío de poder en favor de terceros.
- Jun 2019 – Sep 2021: Alvarado es capturado (jun 2019) y luego condenado por narcotráfico y lavado. Se descubre que Gabriel Mizzau, contador de Alvarado, manejaba finanzas de Bailaque. En 2021 trasciende que Sebastián Mizzau (hijo) trabajaba en el juzgado de Bailaque.
- 2022: Fiscales federales de Rosario presentan una denuncia ante el Consejo de la Magistratura contra Bailaque por mal desempeño, centrada en sus omisiones en la causa Alvarado. El expediente disciplinario se abre, pero el Consejo entra en impasse ese año por disputas políticas (designación de consejeros, etc.), postergando el avance.
- Agosto 2024: La diputada Lionella Cattalini formula una denuncia penal contra Bailaque por posible participación en red de corrupción con el narco Alvarado (revelando el vínculo compartido del contador).
- Octubre 2024: Tras investigaciones periodísticas, sale a la luz la estrecha relación entre Bailaque, el contador Mizzau y Alvarado. Se conocen detalles de las demoras intencionales de Bailaque en las escuchas que habrían afectado la causa narco.
- 5 Nov 2024: Cattalini amplía la denuncia ante el Consejo de la Magistratura y declara que Bailaque “miró para otro lado” en causas de narcotráfico. Ese mismo día, Gendarmería allana el despacho de Bailaque en Rosario, secuestrando documentación y dispositivos.
- 6 Nov 2024: Desde el Ministerio de Justicia (entrante gobierno de Javier Milei) desmienten que Bailaque esté considerado para una vacante en la Cámara Federal, ante rumores en medios que generaron polémica. Aclaración oficial: “Esa lista es falsa”.
- 22 Nov 2024: Se realiza una audiencia multipropósito donde fiscales federales formalizan la investigación penal contra Bailaque y otros implicados, unificando las tres causas complejas (narco Alvarado, extorsión Oneto/Iglesias, fondos cooperativa). Esto marca el inicio del proceso penal público.
- 23 Mar 2025: Carlos Vaudagna (ex AFIP) se acoge a figura de arrepentido y confiesa la extorsión junto a Bailaque y Whpei, aportando pruebas contundentes. Medios locales titulan que Bailaque “rompió los límites de la corrupción” al usar el Estado para delinquir.
- 30 Abr 2025: Audiencia imputativa en el Tribunal Federal de Rosario: Bailaque es imputado formalmente de siete delitos (extorsión, cohecho, prevaricato, etc.). El juez de garantías Eduardo Rodrigues da Cruz dicta prisión preventiva por 90 días e inhibición de bienes por $1.500 millones, pero aclara que la detención efectiva requiere el desafuero. Fiscales Velasco (PROCELAC) e Iglesias (PROCUNAR) argumentan riesgo de fuga y obstrucción.
- 01 May 2025: La Comisión de Acusación del Consejo (presidida por Luis Juez) incorpora las pruebas penales al expediente de mal desempeño. Bailaque nombra al abogado Marcelo Quintero (vinculado a Roxana Reyes) como su defensor en el Consejo, provocando la recusación de Reyes.
- Mayo 2025 (actualidad): Marcelo Bailaque sigue técnicamente siendo juez (no suspendido aún), pero con sus funciones acotadas y bajo escrutinio total. El Consejo de la Magistratura se apresta a definir su suspensión y eventual destitución en las próximas semanas. Mientras, la justicia penal avanza con la recolección de evidencias para llevarlo a juicio oral, en caso de que pierda los fueros. La caída de Bailaque, de concretarse, representará un hito en la lucha contra la corrupción judicial en Argentina.
