La OMS festeja tratado pandémico: control global en nombre de la salud
El 20 de mayo de 2025, la Asamblea Mundial de la Salud aprobó un nuevo «Acuerdo sobre Pandemias» con el objetivo de coordinar respuestas sanitarias globales ante futuras emergencias. El texto ha sido presentado como un paso histórico hacia la prevención de crisis como la del COVID-19, pero para muchos analistas y ciudadanos atentos a las libertades individuales, el documento encierra más preguntas que certezas.
Según los puntos conocidos, el tratado otorga a la Organización Mundial de la Salud (OMS) facultades ampliadas para declarar emergencias sanitarias internacionales, coordinar respuestas nacionales e incluso intervenir en las cadenas de producción de insumos. En la práctica, esto implica que un organismo supranacional tendría la capacidad de condicionar o imponer decisiones sobre países soberanos bajo el pretexto de «proteger la salud global».
Este tipo de acuerdos sientan un precedente peligroso: la cesión de soberanía en nombre del miedo. La historia reciente ya demostró lo que puede suceder cuando se centraliza el poder de forma global: restricciones a las libertades, censura a voces críticas, encierros indiscriminados y una población infantilizada por narrativas unilaterales. ¿Deberíamos volver a permitirlo?
Uno de los ejemplos más claros de los excesos cometidos en nombre de la «salud pública» fue el caso de Argentina durante la pandemia de COVID-19. Bajo el gobierno de Alberto Fernández, el país fue sometido a una de las cuarentenas más largas y estrictas del mundo, que duró más de 200 días de confinamiento ininterrumpido en su forma inicial, y se extendió por fases durante casi un año. Las consecuencias fueron devastadoras: miles de empresas cerradas, millones de empleos perdidos, niños y adolescentes sin acceso a educación presencial por más de un año, deterioro de la salud mental y un aumento significativo de la pobreza.
Pese a esas medidas extremas, los resultados sanitarios no fueron mejores que los de países con restricciones más flexibles. En su libro Pandemonics, Javier Milei denuncia con dureza estos confinamientos, describiéndolos como «un acto de totalitarismo sanitario», donde el Estado utilizó el miedo como herramienta para someter a la población. Para Milei, las cuarentenas no sólo fueron ineficaces, sino destructivas, y funcionaron como un laboratorio para imponer una lógica de obediencia colectiva que anuló la responsabilidad individual y el funcionamiento libre del mercado. Según el autor, se trató de un experimento de ingeniería social sin precedentes, donde los derechos civiles fueron suspendidos por decreto y la economía fue arrasada con la excusa de salvar vidas. Argentina cerró 2021 con una de las tasas de mortalidad por COVID-19 más altas de la región y un sistema de salud colapsado en varias provincias. Los informes posteriores revelaron además la compra de vacunas con sobreprecios, irregularidades en la logística y el escándalo del «vacunatorio VIP» donde políticos y amigos del poder accedieron a dosis antes que los grupos de riesgo.
A esto se suman las consecuencias a mediano y largo plazo de la campaña de vacunación obligatoria. En numerosos países, incluidos miembros de la Unión Europea, Canadá y Australia, se han presentado demandas colectivas contra laboratorios farmacéuticos por efectos adversos de las vacunas contra el COVID-19. En muchos casos, los Estados habían firmado contratos que eximían de responsabilidad legal a las empresas, dejando a los ciudadanos sin mecanismos de reclamo directo. Este blindaje jurídico fue uno de los aspectos más cuestionados del modelo sanitario global impulsado por organismos como la OMS.
Diversos estudios y reportes médicos comenzaron a registrar aumentos inusuales de eventos cardíacos —como miocarditis y pericarditis— especialmente en poblaciones jóvenes, tras la administración masiva de vacunas. Un indicador elocuente fue el súbito incremento de deportistas profesionales que sufrieron descompensaciones o problemas cardíacos durante entrenamientos y competencias, incluso aquellos sin antecedentes previos. Algunos debieron abandonar sus carreras por razones médicas luego de haberse sometido a esquemas de vacunación obligatoria. Aunque los vínculos no fueron siempre concluyentes, el patrón fue reconocido incluso por organismos de salud como un posible efecto adverso en ciertos grupos, y la acumulación de casos despertó la preocupación de cardiólogos, médicos clínicos e instituciones deportivas de todo el mundo. —como miocarditis y pericarditis— especialmente en poblaciones jóvenes, tras la administración masiva de vacunas. Aunque los vínculos no fueron siempre concluyentes, el patrón fue reconocido incluso por algunos organismos de salud como un posible efecto adverso en ciertos grupos.
Además, las propias farmacéuticas comenzaron a reconocer que la efectividad de las vacunas disminuía con el tiempo y frente a nuevas variantes del virus. Este reconocimiento, que surgió después de haber promovido esquemas de vacunación obligatoria o cuasi obligatoria, dejó en evidencia que muchas decisiones políticas se tomaron sin transparencia y sin base científica sólida.
Ese mismo modelo de control absoluto es el que ahora la OMS busca estandarizar a nivel mundial. Bajo el nuevo acuerdo, el organismo podría recomendar confinamientos, imponer directivas sobre insumos médicos, coordinar con plataformas para combatir la «desinformación» (lo que podría incluir censura), y condicionar el acceso a recursos según la cooperación de cada gobierno.
Argentina, bajo la presidencia de Javier Milei, decidió no adherir al tratado y, más aún, inició formalmente el proceso de retiro de la OMS, siguiendo los pasos de Estados Unidos durante la administración Trump. El argumento es claro: la salud no puede ser excusa para perder soberanía, ni para aceptar estructuras globales que escapan al control democrático de los ciudadanos.
La medida fue criticada por sectores tradicionales que insisten en la necesidad de «coordinación internacional», pero desde El Liberador planteamos una pregunta esencial: ¿coordinación o sumisión? ¿Colaboración entre naciones o avance de una burocracia internacional sin mandato directo?
La pandemia dejó lecciones dolorosas: gobiernos que usaron la salud para expandir su control, organismos que fracasaron en la prevención y respuesta, y científicos silenciados por pensar distinto. En ese contexto, el tratado pandémico no representa una garantía de prevención, sino un riesgo de repetir el mismo error: creer que más poder centralizado traerá mejores soluciones.
El nuevo tratado de la OMS es, para muchos, una puerta de entrada al biocontrol global. Se promueve como protección, pero puede terminar siendo vigilancia. Se habla de solidaridad, pero puede traducirse en obediencia. Se dice actuar por el bien común, pero se niega el disenso.
Queda planteado el debate: ¿cuánto estamos dispuestos a ceder por seguridad? ¿Y cuánto nos puede costar recuperar lo que cedamos en nombre del miedo?
