Kicillof, 24 policías y un asado polémico: ¿Autoritarismo ideológico en democracia?
Un asado que desató una purga en la Policía Bonaerense
El gobernador bonaerense Axel Kicillof se encuentra en el centro de la polémica tras apartar de sus cargos a 24 jefes policiales de la Provincia de Buenos Aires. El motivo: haber participado de un asado de camaradería con Maximiliano Bondarenko, un ex comisario ahora candidato opositor de La Libertad Avanza (el partido libertario de Javier Milei). Críticos del gobierno calificaron la medida como una “cacería de brujas” y acusan a Kicillof de abuso de poder, afirmando que “los echaron por compartir un asado de camaradería” con un rival político. La ministra de Seguridad nacional, Patricia Bullrich, respaldó a los oficiales desplazados y denunció que Kicillof inició una persecución ideológica porque “odia a la Policía”. Según Bullrich, “echaron a 24 policías porque comparten amistad con alguien que es candidato”, en referencia a Bondarenko.
Kicillof, por su parte, defendió la decisión amparándose en la normativa vigente: los reglamentos prohíben a policías en servicio realizar “actividades partidarias” o conspirativas dentro de la fuerza. De acuerdo con el ministro de Seguridad provincial, Javier Alonso, los uniformados separados “trabajaban para Bondarenko” y habrían planeado un “golpe al comando institucional” de la policía con miras a una futura intervención de la fuerza. No obstante, para la oposición estos argumentos no son más que excusas. Sebastián Pareja, dirigente de La Libertad Avanza en Buenos Aires, enfatizó que “por un asado que fue una semana antes del cierre de listas… la represalia no se hizo esperar y llegó para todos ellos”. En otras palabras, sostienen que el gobierno de Kicillof castigó de forma fulminante a los policías por el simple hecho de reunirse socialmente con un candidato opositor.
Paralelismos con regímenes autoritarios
Las denuncias de persecución política e ideológica en este caso han llevado a muchos a trazar inquietantes paralelismos históricos. La idea de expulsar a funcionarios o empleados del Estado por “no pensar como el gobierno” evoca prácticas propias de regímenes totalitarios –tanto de derecha como de izquierda– en los que la lealtad al líder o al partido único se imponía por sobre cualquier atisbo de pluralismo.
Fascismo italiano: Bajo la dictadura de Benito Mussolini en la Italia fascista, la exigencia de lealtad absoluta al Estado fue política de Estado. De hecho, una ley del 24 de diciembre de 1925 estableció que “todos los funcionarios públicos que rechacen jurar fidelidad al Estado italiano deben ser destituidos”. Quien no comulgara con los designios del régimen era removido sin miramientos de la administración pública. Además, el régimen fascista prohibió los partidos opositores, clausuró medios independientes y confinó a disidentes políticos en islas-prisión. La consigna era clara: solo había lugar para quienes fueran incondicionales al Duce. Cualquier funcionario sospechado de deslealtad o tibieza ideológica era expulsado del Estado, prefigurando el mismo tipo de purga política que hoy se le critica a Kicillof.
Purga soviética: En el mismo expectro ideológico de izquierda y del Estado por sobre todas las cosas, la Unión Soviética de Stalin llevó a cabo la tristemente célebre Gran Purga (Yezhóvshchina o Gran Terror, 1936-1938). En esa serie de campañas represivas, “cientos de miles de miembros del Partido Comunista Soviético, socialistas, anarquistas y opositores fueron perseguidos o vigilados por la policía; además, se realizaron juicios públicos” y un gran número de acusados terminó ejecutado o enviado a campos de trabajo forzado. El stalinismo justificó estas purgas alegando la necesidad de “limpiar el camino de elementos saboteadores o disidentes” internos, especialmente de cara a la amenaza externa de la Alemania nazi. Sin embargo, como señalan los historiadores, “una gran cantidad de las víctimas eran miembros del propio Partido Comunista y líderes de las Fuerzas Armadas” soviéticas. Es decir, Stalin eliminó sistemáticamente a cualquier cuadro del Estado que no considerara 100% leal a su línea, consolidando un totalitarismo ideológico absoluto. Salvando las distancias, muchos ven en la decisión de Kicillof ecos de esa mentalidad: apartar preventivamente a quienes percibe como “quinta columna” interna por haber confraternizado con la oposición.
Peronismo y lealtad partidaria: La historia argentina no es ajena a episodios de purga ideológica dentro del Estado. Durante el primer peronismo (1946-1955), Juan Domingo Perón y especialmente su influyente esposa Eva Duarte promovieron abiertamente el alineamiento total de los trabajadores y empleados públicos con la “causa peronista”. Evita llegó a proclamar que en la Argentina peronista no habría lugar para los traidores o indiferentes: en su último discurso público (1° de mayo de 1952) advirtió que si las fuerzas oligárquicas osaban desafiar a Perón, “saldré con el pueblo… para no dejar en pie ningún ladrillo que no sea peronista”. Esta frase –“no dejar en pie ningún ladrillo que no sea peronista”– ejemplifica la postura de lealtad absoluta o expulsión: en el Estado y en la sociedad debía quedar únicamente quien estuviera comprometido con la causa de Perón.
Aquellos considerados desafectos al movimiento fueron efectivamente apartados o castigados. Un caso emblemático fue el del sindicalista Cipriano Reyes, artífice de la movilización obrera del 17 de octubre de 1945 pero luego crítico de ciertas decisiones de Perón. Reyes se opuso a diluir su Partido Laborista dentro del partido peronista único, y poco después fue acusado de encabezar un complot contra el gobierno. Terminó encarcelado y torturado, y solo recuperó la libertad tras la caída de Perón en 1955. La suerte de Reyes envía un mensaje claro: bajo el peronismo clásico, “en el Estado nadie podía permanecer si no estaba comprometido con la causa peronista”. Quienes no comulgaban plenamente con el oficialismo de entonces sufrían persecución política, despidos de sus empleos públicos e incluso prisión. Este antecedente histórico resuena hoy en la provincia de Buenos Aires, donde se acusa a Kicillof –un gobernador comunista de línea kirchnerista– de reeditar una suerte de autoritarismo ideológico al sancionar a agentes de seguridad por el mero hecho de no ser de los suyos.
¿Autoritarismo ideológico en plena democracia?
El caso de los 24 policías bonaerenses despedidos reaviva el debate sobre los límites entre la lealtad institucional y la libertad política de los funcionarios en una democracia. Es entendible que se exija neutralidad político-partidaria a las fuerzas de seguridad mientras están en servicio; de hecho, la Ley orgánica policial prohíbe explícitamente la militancia partidaria de los agentes en actividad. No obstante ¿cenar con un candidato convierte a cualquier asistente en militante activo? La dureza extrema de la respuesta de Kicillof –interpretada por muchos como un castigo ejemplar más que una medida administrativa– enciende alarmas sobre una deriva autoritaria. ¿Se está usando la normativa como excusa para depurar a gente por sus ideas o amistades políticas? Cuando un gobierno democráticamente electo incurre en prácticas de “purga ideológica”, inmediatamente surgen comparaciones con los regímenes totalitarios del pasado.
En este sentido, la oposición sostiene que Kicillof actuó más movido por intolerancia ideológica que por genuinas faltas disciplinarias. Hablan de “persecución política” y de un abuso de poder incompatible con la vida democrática. Incluso figuras no alineadas con La Libertad Avanza expresaron preocupación: ¿es aceptable que en una democracia un gobernador eche a empleados públicos simplemente por reunirse socialmente con opositores? Tales acciones, de confirmarse como represalias políticas, erosionan el pluralismo y envían un mensaje intimidante al resto de los funcionarios: “alinearse o atenerse a las consecuencias”. Esto recuerda al totalitarismo de partido único, sea el de Mussolini, Stalin o ciertos periodos del peronismo, donde el Estado exigía adhesión ideológica monolítica.
Paradójicamente, la decisión de Axel Kicillof podría transformarse en un tiro por la culata. Con esta medida, el gobernador no solo puso en el centro de la escena a Maximiliano Bondarenko, sino que lo ubicó simbólicamente del lado de las fuerzas de seguridad, un reclamo urgente de los bonaerenses, especialmente en el Conurbano, la región más insegura del país.
Las estadísticas muestran que el Gran Buenos Aires es un verdadero paraíso para los delincuentes: motochorros, desarmaderos, escruches, carteristas, asesinatos de colectiveros, ataques a comerciantes y apuñalamientos en plena vía pública son parte del paisaje cotidiano. A esto se suma la presencia impune de líderes narcos que controlan barrios enteros, mientras los vecinos viven prácticamente enjaulados en sus propios hogares, sin poder disfrutar de la vida en la calle. Las mujeres, particularmente, padecen una verdadera odisea cada vez que deben salir de sus casas, a cualquier hora, por el simple hecho de caminar por la vía pública.
En este contexto, Kicillof parece haberse puesto del lado equivocado de la historia: al castigar a policías por confraternizar con un opositor, queda alineado –al menos en la percepción pública– contra las fuerzas de seguridad y, por extensión, del lado de quienes socavan el orden. La ciudadanía, que exige más control policial y no menos, podría interpretar esta decisión como una muestra del viejo sesgo ideológico socialista que desconfía de la policía y, en cambio, diluye su accionar mientras la delincuencia avanza.
Lejos de disciplinar políticamente a la Bonaerense, Kicillof corre el riesgo de fortalecer la imagen de Bondarenko como un defensor de los uniformados en medio de la peor crisis de inseguridad de la provincia. Y en un año electoral, este error de cálculo podría costarle caro: los bonaerenses ya no discuten ideología, discuten sobrevivir.
