Gisela Scaglia exfuncionaria K y dos socialistas que vivieron siempre del Estado: la lista protokirchnerista de Pullaro
Pullaro promete cambio, pero su lista muestra todo lo contrario: tres políticos de carrera que viven del Estado desde siempre. Scaglia, Farías y Giorgi no representan una alternativa al kirchnerismo, sino su espejo: las mismas ideas, el mismo modelo y la misma ambición por el poder y los privilegios públicos.
La lista de Maximiliano Pullaro es uno de los grandes engaños políticos de Santa Fe. Se presenta como el “frente que vino a frenar al kirchnerismo”, pero en realidad está compuesto por dirigentes que piensan y actúan igual que el kirchnerismo, solo que buscan quedarse con el negocio estatal para ellos. Los tres primeros nombres —Gisela Scaglia, Pablo Farías y Melina Giorgi— tienen un denominador común inconfundible: siempre trabajaron en el Estado, desde sus comienzos laborales, y nunca generaron un solo peso fuera del presupuesto público.
Scaglia fue funcionaria del kirchnerismo, empleada directa de Néstor y Cristina Kirchner, y luego se recicló en el PRO para seguir viviendo de la política. Farías es un socialista clásico, defensor del Estado gigante y enemigo del mercado. Giorgi, por su parte, es la persona de confianza de Martín Lousteau, el autor de la tristemente célebre Resolución 125, y la misma que se escondió para levantar la mano y subirse el sueldo a nueve millones de pesos, en una escena que sintetiza lo peor de la vieja política.
Esta extensa nota detalla el currículum de cada uno, su historia personal y laboral, y la nula experiencia en el sector privado que los une. Los tres representan la vieja casta estatal, esa que no sabe lo que cuesta producir, pagar impuestos o sostener una empresa. Mientras los argentinos piden menos política y más trabajo real, ellos ofrecen lo contrario: más Estado, más gasto y más privilegios:
Gisela Scaglia: de Kirchnerista al radicalismo, la carrera de una política de la casta
Gisela Scaglia es un ejemplo paradigmático de la casta política argentina: comenzó su trayectoria haciendo carrera bajo el ala del kirchnerismo y hoy se presenta como opositora en las filas del PRO, aunque su recorrido y sus ideas demuestran que, más que un cambio de convicciones, hubo un cambio de camiseta. Su currículum vitae expone que toda su vida laboral transcurrió en la política y el sector público, sin experiencia alguna en la actividad privada ni en emprendimientos productivos. Esto pone en entredicho su supuesto contraste con el kirchnerismo, ya que en la práctica Scaglia encarna la continuidad de las mismas prácticas e ideas estatistas, simplemente desde otro espacio partidario. A continuación, analizamos su carrera punto por punto, con una mirada editorial libertaria, para evidenciar por qué muchos ciudadanos, hartos de estas trayectorias profesionales exclusivamente políticas, claman ¡basta! a este tipo de dirigentes.
Del kirchnerismo: sus inicios como funcionaria estatal
Recién graduada en Ciencias Políticas en 2003, Gisela Scaglia ingresó de inmediato en la administración pública nacional, integrándose al gobierno peronista kirchnerista de Néstor Kirchner y luego Cristina Fernández. Sus primeros pasos profesionales no fueron en una empresa ni en un emprendimiento propio, sino en cargos técnicos y de coordinación dentro de ministerios y programas estatales kirchneristas. Según consta en su CV, entre 2004 y 2008 ocupó diversos puestos en organismos nacionales:
- 2004-2005: Consultora técnica en el Plan Nacional Manos a la Obra y coordinadora de foros del Programa Familias por la Inclusión Social del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Estos programas, impulsados por Alicia Kirchner, buscaban financiar microemprendimientos y asistencia social en plena era kirchnerista.
- 2005-2006: Referente técnica provincial en la Dirección Nacional de Juventud (Ministerio de Desarrollo Social) para el programa INCLUIR de inclusión juvenil en Santa Fe, y supervisora regional en el Plan Nacional Manos a la Obra (un plan social productivo del Ministerio de Desarrollo Social y Ministerio de Trabajo). Nuevamente, roles directamente ligados a las políticas asistencialistas del kirchnerismo en sus primeros años de gobierno.
- 2006-2008: Coordinadora regional (para NEA y Centro) en el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación (Secretaría de Empleo), en el marco de un programa de Naciones Unidas (PNUD) orientado a proyectos productivos y empleo. Es decir, Scaglia continuó sumando credenciales en puestos estatales durante todo el gobierno de Néstor Kirchner, afianzando su perfil de gestora pública.
En 2008 da un paso adicional en su carrera pública: durante un tiempo fue consultora del Banco Mundial en Buenos Aires, enfocada al área de Reforma del Estado. Ese mismo año se incorporó al gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, bajo la órbita del entonces jefe de Gobierno Mauricio Macri (fundador del PRO). Allí se desempeñó como Coordinadora del Área Social en una unidad de gestión del Ministerio de Desarrollo Económico porteño (2008-2009). Este movimiento marca el comienzo de su transición desde el peronismo kirchnerista hacia el espacio del PRO. Cabe destacar que hasta este punto toda la experiencia de Scaglia había sido en oficinas públicas, implementando políticas gubernamentales, sin rozar la esfera productiva privada.
Salto al PRO: una conversión oportunista sin cambio de ideas
A partir de 2009, Gisela Scaglia se alinea plenamente con el PRO, el partido fundado por Macri. Su ascenso dentro de la estructura partidaria de PRO fue inmediato, capitalizando la experiencia acumulada en el estado kirchnerista pero ahora bajo una nueva bandera política. Entre 2009 y 2013 ocupó cargos legislativos de rango menor en Santa Fe siempre en representación del PRO: fue asesora en el Concejo Municipal de Rosario (2009-2011) y luego Secretaria de Bloque PRO en la Cámara de Diputados provincial (2011-2013). Esta etapa le sirvió de plataforma para su salto a la política nacional.
En 2013, Scaglia fue candidata a diputada nacional por Santa Fe en la lista del PRO (dentro del frente Juntos por el Cambio). Resultó elegida y desde diciembre de 2013 empezó a ocupar una banca en la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, cargo que mantuvo por dos mandatos consecutivos hasta 2021. Durante esos ocho años en el Congreso, integró numerosas comisiones vinculadas principalmente a temas sociales, salud, educación, cultura y similares, e incluso presidió la Comisión de Cultura en su segundo mandato. Es decir, su foco legislativo continuó siendo las políticas públicas estatales asistenciales o regulatorias, muy en línea con aquello en lo que se había “especializado” durante su tiempo en el kirchnerismo (educación, salud, acción social, etc.). No sobresalió precisamente por impulsar reducciones del gasto público, ni por proyectos de corte liberalizador de la economía, sino más bien por iniciativas de corte institucional y social (por ejemplo, leyes de educación ambiental y nutrición saludable durante el gobierno de Macri, las cuales difícilmente diferencian al espacio opositor del oficialismo en cuanto a filosofía intervencionista).
Scaglia finalmente dejó la Cámara en 2021, pero lejos de retirarse a la actividad privada, continuó su carrera política: en 2023 fue elegida vicegobernadora de Santa Fe acompañando al radical Maximiliano Pullaro, dentro de la alianza Unidos para Cambiar Santa Fe (una coalición provincial amplia que reunió a unos 15 partidos, del PRO hasta socialistas, con el objetivo explícito de “sacar al kirchnerismo” del poder provincial). Paradójicamente, este “frente anti-K” terminó incluyendo a actores ideológicamente muy similares al kirchnerismo en materia económica, lo que refuerza la idea de que más que diferencias de fondo, prima el afán de obtener el poder para administrar el Estado a su conveniencia. La propia Scaglia declaró tras el triunfo que “fuimos un frente para sacar al kirchnerismo de la provincia”, admitiendo que la meta era desalojar a una facción política determinada. La pregunta obligada es: ¿para hacer algo distinto o simplemente para reemplazarla y hacer más de lo mismo?
Una vida entera en la política (y ninguna en la producción)
Si algo queda claro al repasar el CV de Gisela Scaglia es que toda su vida adulta ha transcurrido en la función pública, la militancia política profesional y organismos ligados al Estado. Desde muy joven orientó su formación a este camino: fue becaria en programas de formación de dirigentes políticos tanto nacionales como internacionales (por ejemplo, cursos de la Fundación Universitaria Río de la Plata en EE.UU., un seminario de la OEA sobre gerencia política, becas de la fundación FAES en España, e incluso la Escuela Nacional de Gobierno del INAP argentino). Esta intensa capacitación temprana en liderazgo político muestra que su aspiración desde el principio fue ser “política de carrera”. No existe en su trayectoria ninguna experiencia en el sector privado, por mínima que sea: no emprendió un negocio, no trabajó en una empresa, no generó empleo en el ámbito productivo ni tuvo que lidiar con pagar sueldos de su bolsillo. Todo ingreso en su carrera provino del erario público o de agencias internacionales, es decir, en última instancia del aporte de los contribuyentes.
Esta realidad contrasta fuertemente con el discurso que Scaglia y otros dirigentes suelen esgrimir de cara a la sociedad. Por ejemplo, ya como vicegobernadora y referente del PRO en Santa Fe, Scaglia afirmó recientemente que su espacio busca “generar empleo, generar desarrollo productivo y generar infraestructura productiva” en Argentina. Sin embargo, cabría preguntarse ¿qué puede saber de generar empleo genuino alguien que jamás trabajó fuera del Estado? Resulta irónico escucharla hablar de desarrollo productivo cuando nunca ha sido parte del sector productivo real. Sus conocimientos provienen de la teoría académica y la gestión pública, ámbitos donde el empleo se financia con presupuesto estatal o con créditos externos, pero no de la experiencia de crear riqueza desde cero en el mercado. En la práctica, Scaglia entiende la generación de empleo como algo que debe orquestar el Estado —tal como lo ha hecho durante su paso por programas sociales y políticas públicas—, no como el fruto de liberar las fuerzas del sector privado. Esta mentalidad no difiere en nada de la de cualquier funcionario kirchnerista promedio, que concibe al Estado como eje dinamizador de la economía. La diferencia está únicamente en el color político de la camiseta, no en la concepción de fondo.
Cambiar algo para que nada cambie: la casta política reciclada
La historia profesional de Gisela Scaglia demuestra cómo el bipartidismo aparente entre kirchnerismo y “oposición” encubre una continuidad de la misma clase dirigente. Scaglia sirvió al proyecto de los Kirchner cuando eso le permitió hacer carrera, y luego se pasó al proyecto macrista cuando vio allí su oportunidad, sin que medie un mea culpa ideológico ni un viraje real en sus ideas sobre el rol del Estado. Sigue creyendo —por sus propios hechos y palabras— en las soluciones estatales, en los planes y programas financiados por el fisco, en la política como camino de vida y en el poder como meta en sí misma. Se muestra como opositora al kirchnerismo, pero en el fondo comparte los mismos paradigmas de gestión estatista. Sus votos en el Congreso y su actividad parlamentaria jamás buscaron desmontar el enorme aparato estatal kirchnerista; al contrario, bajo el gobierno de su propio espacio (Cambiemos, 2015-2019) el Estado argentino siguió abultado y el gasto público apenas retrocedió unos pocos puntos del PBI, manteniendo un déficit crónico. Incluso durante ese período, la estructura burocrática nacional creció en cantidad de ministerios y cargos al inicio de la gestión PRO, reflejando que no hubo voluntad real de achicar el Estado. En síntesis, la “alternancia” entre unos y otros no implicó un cambio de modelo, sino una mera rotación de administradores de la misma maquinaria.
Es por todo esto que crece el hartazgo de la gente hacia los políticos de carrera como Scaglia. Cada vez es más evidente que quieren sacar al kirchnerismo no porque piensen distinto, sino porque quieren su lugar para hacer lo mismo, para repartirse ellos el control del presupuesto y del poder. Desde una mirada liberal-libertaria, Scaglia representa la vieja política con nuevos ropajes: funcionarios que hablan de cambio pero han vivido siempre de lo mismo. Mientras ella y otros de su tipo continúen ocupando puestos sin haber pasado un solo día por la actividad productiva, será difícil creer que traerán soluciones distintas a las que nos han llevado a la crisis. Al fin y al cabo, ¿cómo esperar resultados nuevos de quienes han sido parte del mismo círculo toda la vida? La verdadera alternativa deberá venir de fuera de esta casta profesionalizada, de personas que sepan lo que cuesta generar riqueza y que estén dispuestas a desmontar el statu quo estatal y no a heredarlo. Scaglia, lamentablemente, no es ese caso: su CV y su trayectoria la delatan como más de lo mismo.
Pablo Farías (Partido Socialista, Santa Fe), segunda en la lista
Carrera y cargos públicos: Pablo Gustavo Farías es un dirigente socialista santafesino con una extensa trayectoria en el sector público. Inició su carrera como asesor legal del bloque FREPASO en el Congreso (1995-1999) y luego fue concejal de la ciudad de Santa Fe (1999-2003). Desde entonces ha ocupado ininterrumpidamente cargos estatales: fue designado ministro de Desarrollo Social por el gobernador socialista Hermes Binner en 2007, integrando su gabinete hasta 2011, y más tarde se desempeñó como secretario en el Ministerio de Gobierno durante la gestión de Antonio Bonfatti (2011-2013). Continuó en puestos ejecutivos bajo el socialismo –por ejemplo, encargado de seguridad en eventos masivos hasta 2015– y volvió al gabinete provincial como ministro de Gobierno con Miguel Lifschitz (2015-2019). Tras el fin de ese mandato, Farías asumió como diputado provincial en 2019; incluso llegó a presidir la Cámara de Diputados de Santa Fe tras el fallecimiento de Lifschitz (2021-2023). En resumen, ha desarrollado toda su vida profesional dentro del Estado, alternando funciones legislativas y ejecutivas. Él mismo destaca que su labor como legislador busca “consolidar y ampliar derechos para los santafesinos”, una frase que refleja su inclinación a impulsar políticas públicas de corte progresista.
Vinculación política e ideológica: Farías pertenece al Partido Socialista (PS) de Santa Fe, espacio históricamente ubicado a la izquierda más que a la centro izquierda. Es considerado hombre de confianza dentro del socialismo santafesino – liderado por figuras como la exintendenta Mónica Fein – y de hecho ocupó el lugar que inicialmente sonaba para Fein en la lista “Provincias Unidas” de 2025, a instancias de un acuerdo político con el gobernador Maximiliano Pullaro. Su perfil es el de un socialista tradicional con experiencia: la prensa lo describe como “una de las figuras con más experiencia dentro del socialismo”, con “kilometraje político abultado” por sus múltiples pasos por la gestión pública. Farías ha demostrado vocación reformista y estatista, acorde a la línea del PS santafesino. Por ejemplo, fue convencional constituyente en 2023-2024 promoviendo una reforma constitucional provincial de corte moderno: resaltó que lograron incorporar nuevos derechos (más gasto estatal) y favorecer la multiplicación de secretarías en cada una de las comunas santafesinas. Esto muestra su convicción en un Estado grande y activo tras la excusa de «derechos sociales». Asimismo, en lo económico-social, formó parte de gestiones socialistas que ampliaron el alcance del Estado provincial. Dirigentes opositores del PRO lo han criticado por esto: por ejemplo, Miguel Del Sel acusó a la administración de Bonfatti (en la cual Farías fue funcionario) de “incorporar más de 12 mil empleados estatales”, afirmando que “llenó de ñoquis el Estado”. Si bien esa cifra provino de un rival político, ilustra la percepción de que los gobiernos socialistas –y sus cuadros como Farías– tendían a expandir la planta estatal y el gasto público en Santa Fe.
Actividad legislativa y votos polémicos: Hasta 2023 Farías ejerció como legislador provincial, donde mantuvo una línea opositora al peronismo provincial pero a la vez crítica del nuevo auge libertario. En 2025 es candidato a diputado nacional por la coalición Provincias Unidas (encabezando la lista junto a la vicegobernadora Gisela Scaglia). En sus declaraciones recientes, Farías se posiciona en contra del proyecto de Javier Milei (La Libertad Avanza). Ha expresado que “el proyecto de país de Milei ofrece muy poca visión de futuro”, advirtiendo a la vez la necesidad de “no volver al fracaso de las políticas del kirchnerismo”, obviando que sus propuestas son las mismas recetas pero ejecutadas por su partido. Es decir, se presenta como una tercera vía moderada: rechaza el libertarianismo radical de Milei y quiere marcar distancia con el kirchnerismo proponiendo lo mismo. En la práctica Farías y su entorno socialista han coincidido con posturas del arco peronista en temas concretos de política pública: por ejemplo, defienden el financiamiento estatal de áreas sensibles como educación y salud. Un caso reciente es ilustrativo: la coalición opositora (incluyendo al socialismo) se unió para rechazar los vetos presidenciales de Milei a leyes que ampliaban recursos para las universidades públicas (que Massa recortó y Milei aumentó 345%) y declaraban la emergencia pediátrica perod efendiendo privilegios de sindicalistas y ñoquis poniendo al Garrahan por delante. Esa sesión especial de septiembre 2025 fue motorizada conjuntamente por Unión por la Patria (kirchnerismo) y fuerzas aliadas como el socialismo santafesino, buscando los dos tercios necesarios para insistir con esas leyes de gasto público. Aunque Farías aún no era diputado nacional, su espacio político apoyó esta movida “en defensa de la educación pública”, acompañada por movilizaciones de sindicatos y estudiantes contra los recortes de Milei, pero ignorando que Pullaro, su referente político en la provincia es acusado por los docentes por lo mismo (o más grave aún, ya que ha recibido infinidad de escraches públicos o cancelar actos de campaña por ese mismo tema). Esto evidencia que Farías comulga con la idea de un Estado presente, comulgando con las ideas kirchneristas que quieren agrandar el Estado a base de impuestos a un país empobrecido.
Melina Giorgi (Unión Cívica Radical, Santa Fe), tercera en la lista
Trayectoria política: Melina Giorgi es una abogada joven perteneciente a la UCR santafesina, de la línea interna Evolución. Al igual que Farías, ha desarrollado su carrera totalmente en la esfera pública. Con solo 32 años fue electa presidenta comunal de Fuentes (un pueblo de Santa Fe) en 2017, y logró ser reelegida dos veces más para ese cargo local. Tras administrar esa comuna durante seis años, en 2023 dio el salto al Congreso Nacional: asumió como diputada nacional en reemplazo de Victoria Tejeda (quien dejó su banca para unirse al gabinete provincial de Pullaro). Es decir, Giorgi entró al Parlamento formando parte de las listas de Juntos por el Cambio de 2021, y completó ese mandato a partir de diciembre de 2023. Ahora en 2025 busca renovar su escaño “por derecho propio” compitiendo en la lista de Provincias Unidas, donde ocupa el tercer lugar detrás de Scaglia (PRO) y Farías (PS). Toda su experiencia laboral relevante ha sido en cargos electivos o políticos, primero en el ámbito municipal/comunal y luego en el nacional. No se le conoce trayectoria empresaria ni en el sector privado, lo que sus detractores podrían calificar dentro del fenómeno de “casta política”. De hecho, Giorgi misma reconoce que su perspectiva la ha formado gobernando su localidad: “me ha pasado como presidenta comunal” tener que administrar recursos y solucionar problemas del día a día. Esta inmersión temprana en la gestión pública se refleja en su defensa de las políticas de Estado.
Posicionamiento ideológico y alianzas: Si bien proviene de la UCR –un partido históricamente de centro moderado– Giorgi se ha alineado con el sector más progresista y anti-Milei de la UCR. Es discípula política del actual gobernador Pullaro y cercana al senador Martín Lousteau. De hecho, a fines de 2024 protagonizó, junto a otros legisladores radicales, la ruptura del bloque radical en la Cámara de Diputados de la Nación precisamente por diferencias respecto al gobierno de Javier Milei. En la interna radical, Giorgi tomó partido decididamente por el espacio liderado por Lousteau (Evolución Radical) y Facundo Manes, que propugnaba una oposición frontal al libertarismo. Cuando el bloque de la UCR se dividió entre un ala dialoguista/pro-Milei y otra ala más crítica, Giorgi afirmó: “Tengo claro de dónde vengo y si Evolución decide separarse voy a ir por ese lado”, ratificando su lealtad a Lousteau. Efectivamente, a fines de 2024 12 diputados radicales (incluida Giorgi) formaron la bancada “Democracia Para Siempre”, escindiéndose del resto de JxC para marcar una postura distinta. Ella explica que los “once” (sic) de su espacio “siempre hemos sido coherentes con los principios radicales” de defensa de lo público, y que por eso se produjo “nuestra salida del bloque a fines del año pasado, luego de los dos vetos (presidenciales) en materia previsional y universitaria”. Es decir, la gota que colmó el vaso fue que varios radicales aliados a Milei apoyaron vetos del Ejecutivo que frenaban leyes sociales (una de jubilaciones y otra de discapacidad), cosa que Giorgi y su grupo consideraron una traición al ideario radical histórico de gasto constante sin importar a qué argentino esquilmar para sacarle ese dinero vía impuestos. Desde entonces, ella se ha posicionado claramente en contra del gobierno de Milei, aun cuando su coalición provincial incluya sectores de centroderecha. Cabe destacar que Giorgi es políticamente “hija” de Lousteau, y esa asociación conlleva ciertas polémicas. Lousteau –quien preside la UCR nacional– quedó envuelto en críticas por avalar un enorme aumento de la dieta de los senadores en 2024, aprobado casi a escondidas en una votación a mano alzada de 90 segundos. En aquella sesión escandalosa, ningún senador pidió votar en contra ni abstenerse, con lo cual todos aprobaron subirse el sueldo por unanimidad implícita. Luis Juez (senador opositor) calificó el hecho de “bochornoso” y apuntó contra Lousteau por justificar la suba salarial comparando sus ingresos con los de un asesor presidencial. Este episodio –representativo de los privilegios de la “casta política”– salpicó a la esfera de Lousteau. Si bien Melina Giorgi no votó aquello (ella está en Diputados, no en el Senado), su pertenencia al círculo de Lousteau la asocia directamente con ese tipo de prácticas. Los detractores la señalan como “persona de Lousteau” y sugieren que, como él, termina beneficiándose de privilegios y sueldos estatales, a contramano del discurso ético que pregonan. De hecho, la propia Giorgi ha mantenido un bajo perfil en temas de sueldos legislativos, pero no ha objetado públicamente dichos aumentos que la favorecen como integrante del Congreso.
Votaciones y postura frente a Milei: En su breve paso por la Cámara, Melina Giorgi ha dejado claras sus prioridades: defensa del gasto público en áreas sensibles y rechazo a las políticas de ajuste de Milei. Un ejemplo central fueron las leyes vetadas por el presidente en septiembre de 2025. Giorgi votó afirmativamente para insistir con la Ley de Financiamiento Universitario (que aumentaba el presupuesto de las universidades nacionales) y con la Ley de Emergencia Pediátrica (que asignaba fondos al Hospital Garrahan), logrando junto a la mayoría opositora derogar ambos vetos presidenciales que lo único que buscaban es dañar el punto fuerte del gobierno de Milei: el equilibrio fiscal, sin proponer de donde sacar ese dinero. Según explicó Giorgi, su voto no fue más que honrar la tradición de la UCR y reconocer “la valía de la educación y la salud públicas” en su propia formación sin justificar de donde sacar el dinero. Esta actitud la alineó coyunturalmente con el kirchnerismo en el Congreso: Giorgi y el bloque Democracia Para Siempre votaron codo a codo con Unión por la Patria para alcanzar los dos tercios necesarios contra Milei. De hecho, la sesión especial para tratar esos vetos fue impulsada conjuntamente por varias bancadas opositoras (desde la kirchnerista hasta la Coalición Cívica y socialistas), evidenciando una unidad de acción “anti-Milei” en la que Giorgi estuvo presente. Afuera del recinto, sindicatos como la CGT y las CTA, movimientos sociales y federaciones estudiantiles se movilizaron a favor de rechazar los recortes de Milei, respaldo típico de sectores peronistas y de izquierda. Así, aunque Giorgi se considera de una “tercera vía” que no comulga plenamente con el kirchnerismo, en la práctica se ha convertido en una férrea opositora al gobierno libertario, votando por aumentar el presupuesto estatal en lugar de achicarlo. Ella misma lo admite al señalar que “la gente pide a gritos nada de extremos, ni kirchnerismos ni libertarios, sino… gestionar los recursos con prioridades distintas a la del gobierno nacional”. En esa frase marca distancia de ambos polos, pero deja claro que sus prioridades difieren de las de Milei, inclinándose por un Estado que siga invirtiendo en lo social (prioridades distintas a las del Ejecutivo libertario). También criticó el discurso económico de Milei, tildándolo de “electoralista” por prometer aumentos a la universidad pública que no se condicen con un plan real de gobierno. En otras palabras, no hay «acción» que le venga bien.
La misma propuesta que el kirchnerismo
Tanto Pablo Farías como Melina Giorgi, candidatos de la lista Provincias Unidas en Santa Fe, comparten perfiles de políticos profesionales ligados al sector público y una orientación ideológica contraria al proyecto libertario de Javier Milei. Farías, desde el socialismo santafesino, lleva décadas promoviendo la expansión de derechos sociales mediante el Estado y fue parte de gestiones que incrementaron la estructura estatal provincial. Giorgi, desde el radicalismo moderado, se ha alineado con posiciones que privilegian el gasto público en educación, salud y previsión social pero con total irresponsabilidad fiscal sin medir cuánto le sacan al ciudadno argentino en impuestos que frenan el desarrollo, la producción y hacen crecer la pobreza desincentivando la inversión y agrandando las cajas políticas.
