Pullaro nombró en su gobierno a un radical condenado e inhabilitado para cargos públicos por corrupción en Santiago del Estero
Mientras hablaba de institucionalidad y transparencia, el gobernador Maximiliano Pullaro sostuvo en la estructura provincial a un dirigente de otra provincia que ya estaba procesado por malversación de fondos públicos y luego fue condenado e inhabilitado por la Justicia. Un cargo con funciones difusas, creado para la rosca política, que hoy pagan los santafesinos y expone cómo el poder construye carrera y compra lealtades con plata del contribuyente.
En el organigrama/directory interno de autoridades que circula en Casa de Gobierno (y al que accedió El Liberador), aparece un nombre que incomoda: Emilio Rached, exsenador nacional, exintendente radical de Pinto (Santiago del Estero) y excandidato a vicegobernador de la fórmula radical en las últimas elecciones, hoy Subsecretario de Desarrollo Territorial e Institucional en la administración de Maximiliano Pullaro. El dato no sería más que otro “enroque” político si no existiera un antecedente contundente: Rached fue condenado por la Justicia federal por delitos vinculados al manejo irregular de fondos públicos, con una pena que incluye inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
La pregunta no es menor: ¿cómo llega a un despacho en la Casa Gris un dirigente con una causa avanzada por corrupción, y por qué Santa Fe debe sostener con su presupuesto a un armado político importado de otra provincia? En la lógica del poder, la respuesta suele ser la misma: cargos para pagar favores, construir redes y comprar lealtades con plata ajena.
La condena: qué hizo (y qué no hizo) en Pinto
El Tribunal Oral Federal de Santiago del Estero condenó a Emilio Rached a tres años de prisión en suspenso y le impuso inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, al hallarlo culpable de malversación de caudales públicos, peculado y abuso de autoridad, en una causa ligada al uso irregular de fondos nacionales destinados a obras públicas.
El mismo fallo también dispuso el decomiso de bienes vinculados al delito y ordenó que Rached abone al Estado $5.143.590 como monto asociado al perjuicio económico.
Pero lo más relevante para entender el caso está en el detalle: qué fondos eran y qué obras estaban comprometidas.
La Secretaría de Infraestructura Urbana de la Nación había enviado dinero a Pinto para mejorar infraestructura básica y fortalecimiento comunitario en barrios específicos (España, San Martín, El Tigre y Libertad) y para construir un polideportivo y un sistema de desagües cloacales.
Los números que se discutieron en la causa son elocuentes:
- Se preveían $80.000.000 para el plan.
- Se habrían girado $44.325.199,60.
- Solo se habrían rendido $39.813.018,10.
- Y quedaron sin rendición $4.511.881,40, pese a intimaciones.
Además, la Fiscalía expuso 70 actos presuntamente irregulares en los que habrían participado los imputados, y el expediente avanzó con procesamientos confirmados en instancias superiores: el juez federal Sebastián Argibay procesó a los acusados y la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán confirmó ese procesamiento, señalando (según la crónica judicial) que habrían dado a parte de los desembolsos un destino distinto al convenido, sin evidencia de necesidad urgente que justificara el desvío.
En otras palabras: dinero para obras concretas, obras cuestionadas, rendiciones incompletas, y una Justicia federal que termina dictando condena con inhabilitación perpetua.
¿Qué es (y para qué sirve) la Subsecretaría “de Desarrollo Territorial e Institucional”?
El nombre del cargo ya dice mucho del problema: en el Estado, cuando no hay resultados que mostrar, se inventan rótulos cada vez más elásticos. “Desarrollo Territorial e Institucional” suena grande, pero en la práctica suele traducirse en estructura política, articulación, programas, capacitaciones, mesas, gestiones… y, sobre todo, presupuesto y sueldos.
Ahora bien: ¿qué se supone que hace ese ministerio/área?
La Ley Orgánica de Ministerios (Santa Fe) establece que el Ministerio de Gobierno e Innovación Pública tiene a su cargo, entre otras funciones, políticas y estrategias de articulación con municipios y comunas orientadas al desarrollo humano, territorial e institucional, respetando la autonomía municipal.
En la práctica, ese “desarrollo territorial” se expresa en programas que impactan sobre gobiernos locales: por ejemplo, la guía oficial “Santa Fe Acá” lista iniciativas como “Crecer capacita: escuela de municipios y comunas” (formación y herramientas de gestión) y el “Fondo de obras menores” (acompañamiento a gobiernos locales en ejecución de obras públicas).
Es decir: la subsecretaría en cuestión se mueve en el corazón del vínculo Provincia–Municipios/Comunas, con capacidad de intervención, gestión y relación territorial.
Y acá aparece el núcleo editorial del caso: si el Estado provincial dice que articula con municipios para fortalecer instituciones, ¿qué mensaje da cuando ubica en esa mesa a un dirigente procesado por malversación?.
La trama política: de “Despierta Santiago” a un despacho en Santa Fe
Rached no es un desconocido en la rosca santiagueña. En 2025, fue presentado como candidato a vicegobernador en la fórmula Parnás–Rached del espacio “Despierta Santiago”, según publicó 385 Noticias.
Y hay más: un medio local, Visión Santiagueña, relató una reunión en Reconquista entre el diputado Alejandro Parnás y el gobernador Pullaro, donde participaron también Emilio Rached y Luciana Rached, entre otros referentes del armado “Despierta Santiago”.
Acá es donde el rompecabezas se completa: lo “territorial” deja de ser territorio santafesino y pasa a ser territorio político. La Casa Gris como estación de paso de una ambición mayor: armados, alianzas, proyección nacional, fotos, acuerdos.
Mientras tanto, el costo es siempre local: lo pagan los santafesinos.
Santa Fe paga, la política cobra
El caso expone una lógica que en Argentina se repite con distintos sellos, pero con el mismo ADN: radicales, socialistas o kirchneristas —el partido del Estado disfrazado de distintos colores— administran la caja como si fuera propia, y la convierten en moneda de intercambio.
Porque no se trata solo de un nombre.
Se trata de esto:
- Un condenado por corrupción, con condena federal que incluye inhabilitación perpetua, figura hoy en una estructura de gobierno.
- Ese cargo se ubica en un área sensible: articulación territorial e institucional con municipios y comunas, es decir, poder de gestión y vínculo político.
- En paralelo, hay rastros públicos de vínculos políticos entre Pullaro y el armado santiagueño donde se movía Rached.
Con estos elementos, la discusión ya no es partidaria: es institucional.
¿Se verificó la situación judicial al designarlo o sostenerlo?
¿La inhabilitación está firme? ¿Se informó oficialmente? ¿Qué criterio ético aplica el gobierno provincial para cargos políticos?
¿Cuántos “desarrollos institucionales” más hacen falta para justificar sueldos altísimos, mientras se le pide sacrificio al contribuyente?
En una provincia que enfrenta problemas reales —seguridad, presión fiscal, infraestructura, servicios— la señal es pésima: el Estado no se achica, no se ordena, no se depura; se usa como agencia de colocaciones.
Y cuando eso ocurre, el discurso de la “buena administración” queda reducido a lo que es: marketing político financiado por los que trabajan y pagan impuestos.
