Venezuela: EE.UU. logra que la dictadora Delcy Rodríguez anuncie una amnistía a presos políticos y cierre El Helicoide
La dictadura venezolana anunció el cierre de El Helicoide y una amnistía que abarcaría presos políticos desde 1999. No fue un acto de conciencia ni un giro humanitario: fue el resultado directo de la presión ejercida por Donald Trump, que logró lo que décadas de organismos internacionales de derechos humanos jamás consiguieron.
Durante más de veinte años, Venezuela funcionó como un régimen represivo que utilizó la cárcel, la tortura y el miedo como herramientas sistemáticas de control político. El Helicoide, un edificio icónico de Caracas reconvertido en centro de detención, se transformó en uno de los símbolos más brutales de ese aparato estatal: allí fueron encerrados opositores, militares disidentes, estudiantes, periodistas y dirigentes sociales cuyo único “delito” fue pensar distinto.
En ese lugar no hubo excesos aislados ni hechos marginales. Hubo tortura organizada y repetida. Golpizas prolongadas hasta la pérdida del conocimiento, asfixia con bolsas plásticas o sustancias químicas, descargas eléctricas aplicadas en genitales, lengua y extremidades, simulacros de fusilamiento, aislamiento extremo durante semanas, privación del sueño, alimentación deliberadamente degradada y amenazas directas contra familiares. Muchos detenidos fueron obligados a presenciar la tortura de otros como método de quebrantamiento psicológico. El Helicoide no fue una cárcel: fue un centro de tormento estatal, sostenido y legalizado por el poder político.

Nada de eso fue desconocido. Durante años se denunció, se documentó y se describió con precisión. Sin embargo, la dictadura siguió funcionando con absoluta impunidad. La explicación es simple: no había consecuencias reales. Los comunicados no detienen dictaduras. Las declaraciones no liberan presos. Las misiones diplomáticas no desmontan aparatos represivos.
El punto de quiebre llegó cuando cambió la ecuación de poder. La intervención directa de Donald Trump alteró el tablero por completo. Por primera vez, la cúpula del régimen entendió que el destino posible no era una jubilación dorada ni el exilio cómodo, sino la persecución penal, el encierro y la condena de por vida. El mensaje fue claro: quien gobierna como criminal será tratado como criminal.
A partir de ese momento, lo impensado comenzó a suceder. Liberaciones de presos políticos. El anuncio de una amnistía que se remonta a 1999, año de inicio del chavismo. Y finalmente, la decisión de cerrar El Helicoide como centro de detención. La dictadura, que durante años negó las torturas, ahora intenta borrar el símbolo del horror reconvirtiéndolo en un espacio “social”, como si el cambio de fachada pudiera ocultar décadas de crímenes.

No hay arrepentimiento en este giro. Hay miedo. Miedo a terminar como Nicolás Maduro y su esposa, enfrentando procesos judiciales sin retorno. Miedo a que el aparato que garantizaba impunidad se haya quebrado. La amnistía no nace del humanismo: nace del instinto de supervivencia.
Este episodio deja una enseñanza para el relato progresista global: ningún organismo internacional de derechos humanos logró lo que logró la presión directa y concreta. A los regímenes que funcionan como organizaciones criminales no los conmueven los valores ni el diálogo. No les interesa la paz entendida como consenso. Responden únicamente cuando el costo de seguir reprimiendo se vuelve personal e inevitable.
