Pullaro le hizo perder hoy a Santa Fe $107 mil millones más por seguir dejando la deuda tomada en EE.UU.
La maniobra de mantener en el exterior los dólares del bono SF34 —en lugar de liquidarlos y hacerlos rendir en el mercado local— ya acumula una pérdida financiera estimada de $227.000 millones, equivalente a unos US$160 millones para la provincia de Santa Fe. En los hechos, Pullaro quedó apostando a una devaluación que no llega: el rumbo nacional se consolida, el peso se fortalece y el costo de oportunidad para los santafesinos sigue creciendo.
Al 12 de febrero de 2026, la decisión del gobernador Maximiliano Pullaro de mantener en el exterior los dólares del bono SF34 (US$800 millones) ya generó un lucro cesante estimado de $107.360 millones para Santa Fe, impulsado por dos fuerzas que hoy juegan en contra: un dólar mayorista que perforó los $1.400 y tasas en pesos que siguieron ofreciendo rendimiento mensual positivo.
Al borde del cierre de la primera quincena de febrero de 2026, la administración provincial encabezada por Maximiliano Pullaro atraviesa un contexto crítico debido a una estrategia financiera —cuestionada— de preservación de activos en moneda dura, en una coyuntura de apreciación cambiaria y reformas estructurales a nivel nacional.
En diciembre de 2025, el Ejecutivo provincial emitió un bono internacional (SF34) por US$800 millones, celebrado en principio como un hito por el regreso de Santa Fe a los mercados voluntarios de deuda. Sin embargo, la operación pasó rápidamente a convertirse en una discusión técnica y política con Nación, principalmente por la decisión del gobernador de no liquidar inmediatamente esas divisas en el mercado local.
La estrategia, orientada a mitigar el riesgo de un descalce de monedas (que hubiera funcionado en otros contextos y en otros momentos del país) y asegurar financiamiento de infraestructura a largo plazo, generó un costo de oportunidad estimado en $120.000 millones, producto de la estabilidad nominal —tipo de cambio estable— y las altas tasas de interés vigentes. En simultáneo, la media sanción de la reforma laboral impulsada por el Ejecutivo nacional actuó como catalizador, comprimiendo el riesgo país por debajo de los 500 puntos básicos y validando el rumbo económico nacional ante los inversores.
Emisión y estructuración del bono SF34
La operación fue diseñada por el ministro Pablo Olivares, a cargo de la cartera económica de la provincia, con el objetivo de financiar un ambicioso plan de obra pública sin comprometer el equilibrio fiscal. No solo representó una inyección de liquidez, sino también una señal de confianza de los inversores institucionales en la solvencia fiscal de una provincia con historial libre de reestructuraciones agresivas en las últimas décadas, junto a la provincia de Buenos Aires.
La emisión se estructuró bajo legislación de Nueva York, condición sine qua non para atraer fondos de “dinero real” que exigen seguridad jurídica ante eventuales litigios. El monto adjudicado fue de US$800 millones, aunque se registraron ofertas por más de US$1.800 millones, evidenciando una sobredemanda que permitió comprimir la tasa de interés final (8,10% nominal anual). El nivel de sobresuscripción —proveniente de 111 fondos internacionales—, con participación significativa de inversores locales, validó la percepción del mercado sobre Santa Fe como un emisor de alta calidad crediticia dentro de los mercados emergentes.
SF34 fue diseñado con un perfil de amortización que busca calzar los repagos con la maduración de los proyectos de infraestructura financiados, evitando la concentración de vencimientos en el corto plazo para no estresar la caja provincial.
El conflicto Nación–Provincia
El conflicto radica en el destino inmediato de los dólares obtenidos: el Ministerio de Economía de la Nación, a cargo de Luis “Toto” Caputo, y la autoridad monetaria (BCRA) esperaban una liquidación inmediata en el MULC para fortalecer reservas. El gobernador, en cambio, optó por mantener los fondos en el exterior y liquidarlos progresivamente “contra certificado de obra”.
Tanto el titular del Palacio de Hacienda como Romina Diez acusaron públicamente al gobernador de “mala praxis financiera” y de “especulación sin sentido” en un contexto de apreciación cambiaria, señalando una pérdida multimillonaria para el erario provincial. La crítica se fundamenta en que, al no pesificar los fondos en diciembre —cuando se adjudicó la colocación— para colocarlos en instrumentos en pesos de alto rendimiento (carry trade), la provincia perdió poder de compra real frente a la inflación de costos de la construcción.
Mecánica de la pérdida financiera
El argumento técnico sugiere que, si Santa Fe hubiera liquidado los US$800 millones en diciembre de 2025, habría obtenido una masa de pesos que, invertida en letras del Tesoro (LECAPs) o plazos fijos mayoristas con tasas mensuales del 3% al 4%, habría generado un rendimiento compuesto significativamente superior a la evolución del tipo de cambio, que se mantuvo planchado o con variaciones mínimas del 1% al 2% mensual.
A febrero de 2026, la situación cambiaria muestra un peso fortalecido. El dólar mayorista cotiza en torno a $1.405, tocando pisos de tres meses y ubicándose un 13% por debajo del techo de la banda cambiaria. En paralelo, los dólares financieros (MEP–CCL) convergieron a la baja, comprimiendo la brecha a niveles inferiores al 5%.
Un aspecto crucial —que suele subestimarse— es el marco regulatorio del BCRA: la Comunicación “A” establece plazos para la liquidación de divisas provenientes de endeudamiento financiero si el destino es el pago de deuda en pesos o gastos locales. Claro está que existen excepciones, y la administración provincial aprovecha esos “vacíos” como la afectación específica a obras de infraestructura con componentes importados.
Esta pérdida no es una salida de caja directa, sino un lucro cesante masivo. El cálculo de los $120.000 millones surge de la diferencia entre el stock de pesos que la provincia tendría hoy si hubiera “hecho tasa” y el stock de pesos que obtiene hoy al vender esos mismos dólares a un tipo de cambio depreciado en términos reales. Si se sigue validando el rumbo económico —lo más probable— el monto seguirá aumentando: al 12 de febrero, la pérdida acumuló $107.360 millones más.
