Cuatro detenidos por borrar pruebas en la causa Sur Finanzas, la financiera ligada a la AFA
La Justicia Federal detuvo a cuatro personas acusadas de borrar y ocultar evidencia para favorecer a Ariel Vallejo, dueño de Sur Finanzas y vinculado al entorno de la AFA. La causa investiga presuntas maniobras de lavado y evasión, y ahora suma el foco en un presunto plan interno de encubrimiento para frustrar allanamientos y peritajes.
La Justicia Federal ordenó nuevas detenciones y allanamientos por presunto encubrimiento y destrucción de evidencia en la investigación contra Ariel Vallejo, dueño de Sur Finanzas y allegado a la conducción de la Asociación del Fútbol Argentino. El expediente, a cargo del juez Luis Armella y la fiscal Cecilia Incardona, apunta a una maniobra “sistemática” para hacer desaparecer documentación y rastros digitales antes y durante los operativos.
Qué pasó
Este jueves 12 de febrero, la Justicia dispuso la detención de cuatro personas señaladas como colaboradoras de Vallejo, acusadas de borrar información, ocultar teléfonos, hacer desaparecer computadoras y planillas, y así entorpecer la investigación por presunto lavado de activos y evasión.
Las detenciones se dieron tras una serie de allanamientos simultáneos (distintas crónicas los contabilizan en 13 o 14 procedimientos) en puntos del conurbano y la costa atlántica, con operativos en Lomas de Zamora, la Ciudad de Buenos Aires y zonas turísticas.
Quiénes son los detenidos
Según la información judicial difundida por LA NACION, los detenidos son:
- Daniela Sánchez, señalada como “mano derecha” de Vallejo
- Rolando Soloaga, vinculado a logística/choferes
- César Zapaia, apuntado como responsable de cumplimiento (compliance) en la firma
- Juan Soler, a cargo del área de sistemas (se le atribuye borrado y formateo de equipos)
Medios como Infobae y TN también ubicaron a estos perfiles dentro de una estructura interna jerárquica orientada a “limpiar” evidencia digital y física ante el avance de la causa.
La acusación: un “plan” para borrar huellas antes de los allanamientos
La hipótesis central es que, al tomar conocimiento de los operativos de diciembre de 2025, dentro de Sur Finanzas se activó un protocolo de emergencia: retiro de dinero en efectivo, desconexión de sistemas, borrado de cámaras de seguridad, formateo de computadoras y ocultamiento de dispositivos.
En esa línea, el expediente se apoya fuerte en chats internos (WhatsApp/Telegram) recuperados de teléfonos secuestrados, donde aparecen órdenes para “borrar todo”, “desconectar programas” y resguardar documentación sensible.
El trasfondo: presunto lavado, préstamos a clubes y giros al exterior
Vallejo no tiene pedido de captura, pero está bajo investigación por supuesta evasión y lavado a través de su financiera, con señalamientos sobre operatorias vinculadas al mundo del fútbol (préstamos a clubes, transferencias y movimientos de fondos). También se menciona su cercanía con el presidente de la AFA, Claudio «Chiqui» Tapia, y con el tesorero Pablo Toviggino.
En paralelo, otras publicaciones indicaron que el disparador formal de la causa incluyó una denuncia tributaria: la Dirección General Impositiva habría advertido maniobras que habrían permitido evadir $3.327 millones y un posible uso de billeteras virtuales y criptoactivos para blanquear fondos (dato atribuido a crónicas periodísticas).
RDA, depósitos y “confusión patrimonial”
Uno de los puntos que más llama la atención en la investigación es la presunta conexión con el rubro salud. Una nota reciente sostuvo que en el depósito de Turdera se halló material de diagnóstico por imágenes mezclado con documentación económica y recibos que indicarían que la financiera pagaba alquileres de locales donde funcionaba un centro de radiología (RDA), reforzando la hipótesis de mezcla patrimonial entre firmas.
Qué viene ahora
Los detenidos quedaron a disposición del juzgado para prestar declaración indagatoria, mientras la pesquisa avanza con pericias sobre dispositivos y servidores. En ese marco, se informó que el juez habilitó a la Policía Federal Argentina a aplicar la “fuerza mínima, racional e indispensable” para desbloquear celulares incautados cuando los imputados se niegan a aportar claves, una decisión que busca evitar que el caso quede atado a teléfonos inutilizables por bloqueo.
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