Pullaro cambió de opinión con el aporte «solidario extraordinario» a jubilados en su peor momento político
Primero fue la policía (con promesas y después decreto). Ahora los docentes, con paritarias empantanadas y reclamos cada vez más duros. Y, en el medio, los jubilados: a quienes el gobierno les impuso un descuento “solidario” que no tenía nada de voluntario… hasta que la presión social lo volvió políticamente inviable. Mientras tanto, el gasto político sigue intacto: un solo ministerio cuesta lo mismo que el déficit previsional que dicen combatir.
Santa Fe está viviendo un clásico de la política local: cuando no hay ruido, hay relato. Cuando la calle empieza a sonar, aparecen los anuncios, los gestos y las “correcciones” que, casualmente, antes eran imposibles.
En esa lógica se entiende la última pirueta del gobernador: anunciar que no prorrogará el “aporte solidario extraordinario” que se les descuenta a los jubilados bajo la Ley de Emergencia Previsional.
Una medida que, contada rápido, suena empática. Contada completa, es otra cosa: un reconocimiento tardío de que el ajuste “solidario” no aguantó el choque con la realidad.
El “solidario” que no era opcional
En 2024, cuando el Ejecutivo impulsó la reforma previsional, el argumento fue terminante: la Caja estaba en rojo y había que “salvarla”. El propio gobierno proyectaba para ese año un déficit de $430.000 millones.
¿La solución? Entre otras cosas, un “Aporte Solidario” con descuentos obligatorios del 2% al 6% sobre el haber, durante la emergencia previsional (dos años, prorrogable).
El nombre era “solidario”. El mecanismo era compulsivo. Y el mensaje político era claro: cuando la caja aprieta, se recorta primero donde es más fácil.
Diciembre 2025: Pullaro y el número que lo persigue
Después, el propio gobernador subió la apuesta con un número que hoy vuelve como boomerang. En un brindis institucional en la Bolsa de Comercio de Rosario, Pullaro dijo que el déficit fiscal de la Caja “ascendería por mes a 50.000 millones de pesos en 2026”.
Es decir: el mismo gobierno que pedía “sacrificio” a jubilados, ya instalaba un escenario de emergencia permanente. Y, sin embargo, el Estado provincial no achicaba su estructura política al ritmo del discurso.
Febrero 2026: “salvamos la Caja”… y ahora sí, fin del aporte
Con el termómetro social en alza, el relato cambió. En la apertura de sesiones del 15 de febrero de 2026, Pullaro sostuvo que la ley “permitió frenar el déficit” y “reducirlo a la mitad”, y anunció que no prorrogará el aporte.
El giro es notable:
- Ayer: el aporte era necesario, justo y parte del “sistema solidario”.
- Hoy: mantenerlo sería “injusto” porque los beneficios “no llegan a los jubilados”.
Traducción: cuando el costo político se vuelve insoportable, lo que era intocable se vuelve negociable.
El contexto que lo explica: cuando la presión sube, el gobierno cede
No es un episodio aislado. La dinámica se repite:
- Policía: tras protestas y “sirenazos”, el gobierno terminó anunciando mejoras por decreto y un piso salarial, y la manifestación se desactivó.
- Docentes: AMSAFE y SADOP advierten que la paritaria está trabada y reclaman recomposición por la pérdida frente a la inflación, con amenaza sobre el inicio de clases.
- Jubilados: el aporte “solidario” pasó de herramienta “imprescindible” a sacrificio que “ya no corresponde” —justo cuando el conflicto se volvió visible.
No es magia: es política reactiva. No gobiernan con planificación: gobiernan con el decibelímetro.
Lo que nadie quiere discutir: el déficit también se podría recortar achicando el Estado
Y acá aparece la comparación que desnuda el doble discurso.
El propio gobierno reconocía un déficit previsional proyectado de $430.000 millones.
Ahora bien: según el Presupuesto Plurianual 2026-2028, solo el Ministerio de Gobierno e Innovación Pública tiene asignados $437.013.946.000 para 2026.
Sí: un solo ministerio cuesta lo mismo que el “agujero” que se usó para justificar recortes sobre jubilados.
Y no termina ahí:
- Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano: $245.680.774.000.
- Ministerio de Ambiente y Cambio Climático: $19.605.653.000.
- Poder Ejecutivo – Gobernación: $46.428.365.000 (un número que, por su magnitud, se vuelve inevitable en cualquier debate sobre gasto político y comunicación estatal).
Casualmente, $46.428 millones se parecen bastante a esos $50.000 millones por mes que Pullaro puso sobre la mesa como destino fatal de la Caja.
¿Y qué hace ese ministerio “clave” que cuesta un déficit entero?
Acá entra el corazón de la discusión que el partido del Estado (radicales, socialistas y kirchneristas, cada uno con su color) suele esquivar: la política siempre se protege a sí misma antes que recortarse.
El Ministerio de Gobierno e Innovación Pública —a cargo de Fabián Bastía— tiene bajo su órbita el Registro Civil y una larga lista de funciones que el propio marco normativo describe como coordinación política/administrativa, modernización, tecnología, transformación digital, protección civil y más.
El planteo es directo: si el argumento es “no hay plata”, la primera motosierra debería pasar por donde el Estado se multiplica en estructuras, cargos y áreas duplicadas, no por el bolsillo del jubilado que ya aportó toda su vida.
Final: la “solidaridad” empieza por casa
Pullaro eligió durante meses la salida políticamente cómoda: hacer que el ajuste lo paguen los mismos, con un descuento obligatorio maquillado de “solidario”.
Y cuando el costo social subió (policías, docentes, jubilados), cambió el discurso: ahora el aporte ya no es “justo”, ahora es “injusto”.
El problema no es que anuncie el fin de un descuento. El problema es por qué llegó a esa conclusión recién cuando la presión lo acorraló, y por qué el “déficit” siempre se enfrenta con más impuestos o más recortes sobre los de abajo, mientras el gasto político queda blindado.
Porque si la Caja “se salvó”, como dice el gobernador, entonces que empiece la coherencia: menos relato y más tijera al Estado que crece.
