Una victoria más para el gobierno de Milei tras la aprobación final de La Ley Penal Juvenil hoy en el senado
Con 44 votos a favor, 27 en contra y 1 abstención, el Senado aprobó este 27 de febrero de 2026 una reforma histórica: desde ahora, adolescentes de 14 y 15 años podrán ser imputados por delitos. La medida busca cortar la impunidad que el crimen organizado aprovechó durante años —sobre todo en plazas calientes como Rosario— y devolverle a la Justicia herramientas que el país postergó durante décadas.
El Gobierno consiguió una de sus victorias legislativas más sensibles en materia de seguridad: el Senado convirtió en ley el Régimen Penal Juvenil y bajó la edad de imputabilidad de 16 a 14 años. La norma salió con 44 votos afirmativos, 27 negativos y 1 abstención, tras más de siete horas de debate, con el oficialismo y bloques aliados imponiéndose sobre el rechazo del kirchnerismo y sectores del peronismo.
Qué cambia: imputabilidad desde los 14, pero con un sistema diferenciado
La reforma no “adultiza” el proceso: crea un sistema penal especializado para adolescentes de 14 a 18, con reglas propias, jueces y operadores con formación específica, y prohibición de mezclar menores con adultos en ámbitos penitenciarios.
Entre los puntos centrales:
- Delitos con pena de hasta 3 años: no habrá prisión efectiva; se aplican sanciones alternativas (programas educativos, restricciones, tareas comunitarias, monitoreo, entre otras).
- Delitos con penas mayores: el tribunal puede imponer medidas más gravosas y, en casos graves, prisión, con límites y controles.
- Tope máximo: se fija un máximo de 15 años para adolescentes y se prohíbe la prisión perpetua.
- Víctimas con rol activo: se incorporan herramientas de asistencia y participación en audiencias e instancias restaurativas.
El proyecto ya había obtenido media sanción en Diputados el 12 de febrero (149 a 100).
Por qué el Gobierno lo pone como “victoria”: cerrar el vacío que usó el crimen
El oficialismo defendió la ley con una idea simple: durante años existió una zona de impunidad que fue aprovechada por el delito para reclutar menores y encargarles robos violentos, ataques y tareas asociadas al narco. La “edad como escudo” —en un país que venía con un régimen de 1980— se volvió una grieta funcional para las mafias.
La discusión no es teórica en Santa Fe. Rosario cerró 2022 con 287 homicidios y 2023 con 257, dos años que quedaron como picos de una década marcada por violencia armada y economías ilegales.
Esa degradación se incubó mientras el kirchnerismo dominaba la política nacional y el “partido del Estado” —con distintos sellos y colores— se acostumbraba a administrar diagnósticos, pero no a ejecutar soluciones de fondo.
El argumento del Gobierno: orden, castigo y protección a la víctima
Tras la votación, el Ejecutivo celebró la sanción como un giro cultural: “el que las hace, las paga”, reforzando que la prioridad es la víctima y que la ley actualiza un marco que había quedado desconectado de la realidad criminal.
En paralelo, el Ministerio de Seguridad viene sosteniendo que la estrategia de “territorios críticos” redujo indicadores: informó que 2025 cerró con una tasa nacional de homicidios de 3,7 cada 100.000, con baja interanual y una reducción acumulada en dos años.
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