El Gobierno de Sánchez dilapida 3,5 millones de los españoles en «gastronomía sostenible» en África
Mientras los españoles enfrentan una presión fiscal asfixiante, el Ministerio de Asuntos Exteriores desvía millones de euros hacia proyectos en el extranjero de nula utilidad tangible. El último escándalo: financiar «gastronomía sostenible» y «observatorios» en África Occidental.
El Gobierno de Pedro Sánchez no parece tener límites a la hora de disponer del dinero de los contribuyentes españoles para alimentar su agenda ideológica global. Según los últimos datos oficiales difundidos por el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, el gasto destinado a cooperación internacional en 2025 superó la astronómica cifra de 4.500 millones de euros. Entre este océano de subvenciones y transferencias, destaca un proyecto que ha encendido todas las alarmas por su dudosa eficacia y su nombre rimbombante: «Cocinas limpias para una gastronomía sostenible en África occidental».
Este programa, impulsado conjuntamente con la Unión Europea y los Países Bajos, cuenta con una financiación total de 17 millones de euros. De esa tarta, la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) gestionará directamente cerca de 3,5 millones de euros. Una cifra que sale directamente del bolsillo de los ciudadanos españoles para financiar iniciativas en países terceros cuya repercusión en el bienestar de España es, cuando menos, inexistente.
Dinero para informes y foros: el rastro de la opacidad
Al profundizar en el destino de estas partidas, la sombra de la duda se alarga. En el portal de subvenciones del Ministerio de Hacienda ya figura una transferencia de 2,8 millones de euros hacia el Ecowas Centre for Renewable Energy and Energy Efficiency (ECREEE), un organismo vinculado a la CEDEAO (Comunidad Económica de los Estados de África Occidental).
¿A qué se dedica exactamente este ente con el dinero de los españoles? Según su propia documentación, el ECREEE centra su actividad en la creación de «observatorios», la redacción de informes anuales y la organización de foros y encuentros sectoriales. Es decir, millones de euros que se evaporan en burocracia, eventos hoteleros y literatura institucional que rara vez se traduce en infraestructuras reales o ayuda directa a las poblaciones necesitadas.
Entre sus líneas de trabajo figuran conceptos tan vagos como el «diseño de estrategias nacionales en bioenergía», la «formulación de marcos regulatorios» o la «fijación de objetivos regionales». Nada que se pueda tocar, nada que se pueda medir en términos de impacto real. Para muchos analistas, este tipo de transferencias no son más que una fuga de capitales públicos bajo el disfraz de la solidaridad internacional.
El uso de la cooperación internacional ha sido históricamente una «coartada perfecta» para los gobiernos que buscan proyectar su influencia sin rendir cuentas detalladas. En el caso del Ejecutivo de Sánchez, este proyecto en África parece responder más a la necesidad de exportar sus dogmas ideológicos que a una voluntad de desarrollo real.
El lenguaje utilizado en el proyecto —«gastronomía sostenible», «igualdad de género en la agricultura», «agendas de sostenibilidad»— revela que Moncloa está utilizando el erario público para financiar en el exterior el mismo «virus ideológico» que aplica dentro de las fronteras. Se trata de una agenda que prioriza conceptos abstractos y agendas globales por encima de las necesidades tangibles de los ciudadanos que pagan los impuestos.
Un sistema sin controles ni transparencia
La gravedad del asunto reside no solo en el destino de los fondos, sino en la incapacidad —o falta de voluntad— del Gobierno para fiscalizar qué ocurre con el dinero una vez cruza la frontera. Históricamente, la gestión de la cooperación internacional ha estado salpicada por casos judicializados de corrupción e irregularidades. Sin embargo, Sánchez parece decidido a seguir aumentando estas partidas sin establecer mecanismos de control claros.
Resulta insultante para los españoles, que ven cómo los servicios públicos nacionales sufren carencias y la inflación muerde sus ahorros, descubrir que su dinero se envía a África para que organismos internacionales redacten planes de acción sobre bioenergía o principios rectores sobre la tenencia de la tierra.
En definitiva, los 3,5 millones destinados a las «cocinas limpias» son solo la punta del iceberg de un sistema de cooperación que, bajo el mandato de Sánchez, se ha convertido en un cajón de sastre para el gasto arbitrario. Mientras la transparencia brilla por su ausencia, los españoles siguen financiando, sin haber sido consultados, una gastronomía sostenible en África que más bien parece un banquete de humo para las élites burocráticas internacionales.
