El chavismo estatizó, rompió y ahora pide ayuda para que Venezuela vuelva a tener luz
El gobierno venezolano firmó un memorándum con GE Vernova para mejorar el suministro eléctrico. El plan apunta a recuperar 1 gigawatt en dos años y más de 5 gigawatts en cuatro.
Venezuela volvió a mostrar una de las grandes paradojas del socialismo latinoamericano: después de años de estatismo, controles, corrupción, falta de inversión y apagones, el gobierno tuvo que recurrir a una compañía estadounidense para intentar recuperar un servicio básico.
El gobierno venezolano firmó un memorándum de entendimiento con GE Vernova, empresa vinculada al negocio energético surgida de General Electric, para avanzar en la recuperación del sistema eléctrico del país. El anuncio fue difundido por la televisión estatal venezolana y presentado por Delcy Rodríguez como un paso “histórico” para restablecer el suministro.
Según lo informado oficialmente, el acuerdo apunta a incorporar 1 gigawatt de energía en los primeros 24 meses y más de 5 gigawatts en un plazo de cuatro años. El convenio fue anunciado junto a Eric Gray, responsable del segmento de generación eléctrica de GE Vernova, aunque no se dieron detalles sobre el monto de inversión ni sobre el esquema de financiamiento.
El dato es político antes que técnico. Venezuela, que durante años fue presentada por la izquierda regional como modelo de soberanía energética, terminó con un sistema eléctrico deteriorado, apagones frecuentes y millones de ciudadanos obligados a organizar su vida alrededor de cortes de luz.
La crisis no apareció de un día para otro. El colapso del servicio eléctrico venezolano es consecuencia de años de mal manejo estatal, falta de mantenimiento, corrupción, deterioro de infraestructura y expulsión de capital privado. Según reportes previos de Reuters, menos del 40% de la capacidad de generación instalada del país estaría operativa, dentro de un sistema de alrededor de 36.000 megawatts.
Los apagones golpean la vida cotidiana, la producción, los comercios, los hospitales y la industria petrolera. Sin electricidad estable, no hay recuperación económica posible. Por eso, la reconstrucción del sistema energético se volvió una condición básica para cualquier intento de normalización.
El acuerdo con GE Vernova también deja expuesta otra contradicción: el chavismo construyó durante décadas un relato antiestadounidense, pero cuando necesita tecnología, capital y capacidad operativa vuelve a mirar hacia empresas de Estados Unidos. La ideología sirve para el discurso; la infraestructura se arregla con inversión, conocimiento técnico y empresas que sepan hacer el trabajo.
El gobierno no informó cuánto costará el proyecto ni cómo se garantizarán los pagos. Ese punto no es menor. Empresas internacionales ya habían mostrado cautela para participar en la recuperación eléctrica venezolana por la falta de garantías financieras y por antecedentes de contratos impagos durante el ciclo chavista.
La situación obliga a mirar más allá del anuncio. Para que el acuerdo tenga impacto real, Venezuela necesita reglas claras, seguridad jurídica, financiamiento transparente y cumplimiento de contratos. Sin eso, cualquier memorándum puede quedar reducido a una foto política.
El objetivo de sumar más de 5 gigawatts en cuatro años luce ambicioso para un país con infraestructura severamente dañada. La recuperación del sistema demandará no sólo equipos, sino también redes, mantenimiento, generación, transmisión, distribución y capacidad de gestión. No alcanza con comprar tecnología: hay que sostenerla en el tiempo.
La firma del memorándum ocurre en un contexto de reacomodamiento político y económico en Venezuela, con intentos de atraer inversión extranjera para recomponer sectores estratégicos. Pero el deterioro acumulado por el modelo chavista sigue siendo enorme.
El caso eléctrico resume el fracaso de una época. Un país con petróleo, gas, recursos naturales y ubicación estratégica terminó dependiendo de acuerdos urgentes para volver a garantizar luz. La promesa del Estado todopoderoso derivó en oscuridad, cortes y dependencia tecnológica.
La lección es directa: los servicios públicos no funcionan con consignas. Funcionan con inversión, mantenimiento, eficiencia, propiedad, contratos y empresas capaces de operar. Venezuela destruyó esas condiciones durante años y ahora intenta reconstruirlas a contrarreloj.
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