El Supremo Tribunal pone bajo la lupa la regularización masiva de migrantes de Pedro Sánchez
El Tribunal Supremo de España abrió un frente sensible para el Gobierno de Pedro Sánchez: estudia elevar una consulta al Tribunal de Justicia de la Unión Europea para determinar si la regularización extraordinaria de migrantes impulsada por el Ejecutivo socialista es compatible con el derecho comunitario.
La discusión no es menor. El decreto aprobado por el Gobierno permite otorgar residencia temporal a extranjeros en situación irregular y contempla, en determinados casos, el archivo de procedimientos de expulsión o devolución, incluso cuando esas medidas ya hubieran sido confirmadas por la Justicia.
El planteo surgió en el marco de los recursos presentados por los gobiernos autonómicos de Aragón y la Comunidad Valenciana, que cuestionaron la legalidad de la norma. Ahora, el Supremo pidió a las partes que se pronuncien sobre la posibilidad de elevar una cuestión prejudicial ante la Justicia europea.
La duda central: regularizar o aplicar retornos
El punto clave es si un Estado miembro puede aprobar una regularización amplia de extranjeros en situación irregular por mera decisión política, sin entrar en tensión con la normativa europea que regula asilo, residencia y retorno.
El Supremo puso especial atención en la Directiva de Retorno de 2008, que establece que los Estados miembros deben dictar decisiones de retorno contra nacionales de terceros países que se encuentren de manera irregular en su territorio, salvo excepciones previstas por la propia normativa.
También observa posibles tensiones con el Reglamento europeo de protección internacional de 2024, que regula la permanencia de solicitantes de asilo mientras se resuelve su situación. Según el tribunal, ese derecho a permanecer durante la tramitación no equivale automáticamente a un permiso de residencia.
La pregunta de fondo es simple, pero políticamente explosiva: ¿puede un Gobierno convertir la estancia irregular en una vía general para obtener residencia temporal?
Un decreto con impacto masivo
El proceso extraordinario de regularización generó una avalancha de solicitudes. Según reportes de prensa española, la cifra ronda los 1,3 millones de expedientes, muy por encima de las previsiones iniciales del Ejecutivo.
El Gobierno de Sánchez defiende que la medida tiene objetivos humanitarios, laborales y económicos: incorporar migrantes al sistema formal, permitir que trabajen, coticen y paguen impuestos.
Pero sus críticos advierten que una regularización masiva de ese tipo puede debilitar el control migratorio, afectar la seguridad jurídica y chocar con las obligaciones europeas sobre retorno y permanencia de extranjeros en situación irregular.
El caso también tiene una derivada política evidente. La izquierda española presenta la regularización como una política de derechos, mientras que sectores opositores la consideran una decisión ideológica con consecuencias institucionales, sociales y electorales de largo alcance.
Compartí esta noticia
