Qué es Sea Lion, el proyecto petrolero inglés en Malvinas al que hizo mención el presidente Milei
En medio de la escalada diplomática por la disputa de soberanía sobre las Islas Malvinas, un nombre volvió a ocupar el centro de la escena: Sea Lion. Se trata del proyecto petrolero que Javier Milei mencionó de manera directa en su cadena nacional de esta noche, al anunciar que agilizará las sanciones contra las empresas que participan de la explotación de hidrocarburos en la zona en disputa. Pero, ¿de qué se trata exactamente este yacimiento y por qué se convirtió en la pieza central del conflicto?
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Un yacimiento en la Cuenca Malvinas Norte
Sea Lion es un proyecto de exploración y explotación de petróleo ubicado a unos 220 kilómetros al norte de las Islas Malvinas, en la Cuenca Malvinas Norte, sobre aguas que integran la plataforma continental que Argentina reclama como propia. Comprende las licencias de producción PL032 y PL004b, y se emplaza a unos 450 metros de profundidad en el Atlántico Sur.
El hallazgo del yacimiento fue anunciado por la petrolera británica Rockhopper Exploration en mayo de 2010, y se trata del primer descubrimiento de petróleo en las aguas que rodean el archipiélago. Actualmente, la empresa israelí Navitas Petroleum opera el proyecto con el 65% de participación, mientras que Rockhopper conserva el 35% restante. Navitas ingresó a la sociedad a comienzos de 2020, cuando adquirió el 30% inicial del emprendimiento.
Reservas, producción y cronograma
Según la última certificación de la consultora Netherland, Sewell & Associates (NSAI), al 31 de julio de 2026 Sea Lion contaba con reservas probadas y probables de 314 millones de barriles de petróleo, a los que se suman recursos contingentes calculados en 626 millones de barriles adicionales.
El desarrollo está planificado por fases. La primera etapa contempla la perforación de 11 pozos submarinos conectados a una plataforma flotante de producción, almacenamiento y descarga (FPSO, por sus siglas en inglés) bautizada Aoka Mizu, que este mes llegará a un astillero del sudeste asiático para su modernización antes de ser trasladada a la zona. La producción inicial se estima en unos 55.000 barriles diarios, con el objetivo de extraer el primer petróleo a comienzos de 2028.
En diciembre de 2025, Navitas y Rockhopper oficializaron la Decisión Final de Inversión (FID), el paso que confirma que los estudios técnicos, económicos y financieros del proyecto ya fueron completados y que la explotación es considerada comercialmente viable. Además, Navitas ejerció una opción de compra por 125 millones de dólares sobre el buque OSX-1, que funcionará como una segunda unidad FPSO. Con ambas plataformas en funcionamiento, las empresas proyectan alcanzar una producción de hasta 180.000 barriles diarios hacia fines de esta década.
Por qué es ilegal para la Argentina
El reclamo argentino se apoya en la Ley 26.659, sancionada en 2011 y modificada en 2013, que prohíbe a cualquier persona física o jurídica —nacional o extranjera— explorar o explotar hidrocarburos en la plataforma continental argentina sin autorización del Gobierno nacional. La norma prevé inhabilitaciones de entre 5 y 20 años para quienes incumplan esta disposición, además de la prohibición para el Estado nacional, las provincias y los municipios de contratar con empresas que participen de estas actividades sin permiso.
Esta legislación ya se aplicó en 2022, cuando la Secretaría de Energía inhabilitó por 20 años a Navitas, junto con las británicas Chrysaor Holdings y Harbour Energy, por su vinculación con actividades de exploración consideradas ilegales en la Cuenca Malvinas Norte. En su discurso de esta noche, Milei anunció que firmará un decreto para acelerar los procedimientos sancionatorios de esa misma ley contra las empresas que continúan participando del proyecto Sea Lion.
El respaldo de la ONU al reclamo argentino
El reclamo argentino contra Sea Lion también se apoya en una resolución específica de la ONU que este año cumple medio siglo de vigencia. Se trata de la Resolución 31/49, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1976, que insta a la Argentina y al Reino Unido a abstenerse de introducir modificaciones unilaterales en la situación de las islas mientras la disputa de soberanía permanezca sin resolver. Sumada a la Resolución 2065 de 1965 —que reconoció formalmente la existencia de la controversia y llamó a ambos países a negociar—, este es el marco normativo que la Cancillería argentina invoca año tras año para calificar de «ilegítima» toda explotación unilateral de recursos naturales, renovables y no renovables, en el área en disputa. Es, en definitiva, el mismo argumento que utilizó Milei en su discurso de esta noche, al recordar que «desde hace 50 años, las Naciones Unidas solicitan al Reino Unido y a la Argentina no realizar acciones unilaterales sobre el territorio hasta que se resuelva la controversia, incluyendo la explotación de sus recursos naturales».
El impacto económico para las islas
Para los isleños, Sea Lion representa el mayor desarrollo económico desde la instauración del régimen de licencias pesqueras en 1987, actividad de la que hoy depende cerca del 60% del PBI del archipiélago. Según cálculos difundidos en medios británicos, los máximos de impuestos y regalías proyectados equivaldrían a unas 80.000 libras esterlinas anuales por cada uno de los cerca de 3.500 habitantes de las islas. En paralelo al desarrollo del yacimiento, ya se ejecutan obras de renovación portuaria y está prevista la construcción de un hotel de 160 camas y un helipuerto para alojar y trasladar al personal del proyecto.
Un negocio que las grandes petroleras evitan
A diferencia de otros yacimientos offshore de envergadura, Sea Lion es desarrollado por dos jugadores de escala menor —Navitas y Rockhopper— y no por las grandes petroleras internacionales. La razón, según especialistas del sector, es que las majors globales mantienen operaciones importantes en la Argentina continental y podrían quedar alcanzadas por las restricciones de la Ley 26.659 si se involucraran en el proyecto. Es el caso de compañías como TotalEnergies, Harbour Energy y Pan American Energy, que operan en la Cuenca Austral frente a Tierra del Fuego y Santa Cruz, y que evitan cualquier vínculo con la exploración en la zona en disputa para no arriesgar sus negocios en el país.
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