El Senado convirtió en ley «Inocencia Fiscal II» para atraer al sistema los dólares fuera del circuito bancario
La reforma amplía el régimen vigente desde diciembre, elimina los topes para ingresar al esquema simplificado de Ganancias y mantiene hasta fines de 2027 las garantías destinadas a formalizar ahorros.
La Cámara alta convirtió este jueves en ley el proyecto de “Inocencia Fiscal II”, con 44 votos afirmativos —aportados por La Libertad Avanza, el PRO, la UCR y bloques provinciales— y 23 negativos, provenientes principalmente del peronismo. No hubo abstenciones.
La norma original, vigente desde el 26 de diciembre de 2025, había generado dudas entre contribuyentes y asesores tributarios respecto de algunos de sus alcances. Esta segunda versión busca despejar esos cuestionamientos y brindar mayor seguridad jurídica a quienes decidan formalizar ahorros que permanecen fuera del circuito financiero.
Después de la sanción del Congreso, resta que el Poder Ejecutivo promulgue la ley y que la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) adapte sus sistemas y reglamentaciones.
En qué consiste el régimen
El objetivo central es ampliar el acceso al Régimen Simplificado de Ganancias (RSG), eliminando las restricciones que hasta ahora limitaban la adhesión a contribuyentes con patrimonios de hasta $10.000 millones e ingresos anuales de $1.000 millones.
Con la reforma también podrán ingresar al esquema los grandes contribuyentes que superen esos montos. Sin embargo, solamente podrán utilizar el mecanismo simplificado para presentar y pagar el impuesto: quedarán excluidos de la presunción de exactitud, el tapón fiscal y los demás beneficios frente a futuras fiscalizaciones.
Una limitación similar alcanzará a los funcionarios públicos de los tres poderes del Estado. Podrán utilizar la declaración simplificada, pero no accederán a las garantías adicionales previstas por la ley.
Bajo el nuevo esquema, ARCA podrá cuestionar una declaración jurada cuando detecte una “discrepancia significativa”. Para que esa condición se configure, la diferencia deberá representar al menos un 15% del impuesto determinado y superar el piso vinculado al 5% del monto objetivo de punibilidad previsto por el Régimen Penal Tributario.
La carga de demostrar esa discrepancia recaerá sobre el organismo recaudador. Una vez notificado, el contribuyente dispondrá de 15 días hábiles para presentar una declaración rectificativa y regularizar la diferencia sin perder los beneficios del régimen.
Las restricciones más importantes al uso de determinadas presunciones por parte de ARCA regirán hasta el 31 de diciembre de 2027. Hasta esa fecha, los contribuyentes alcanzados podrán regularizar las diferencias detectadas dentro del plazo establecido y conservar el tapón fiscal.
La ley no crea una amnistía general ni permite legalizar fondos provenientes de actividades ilícitas. Su incentivo consiste en limitar la posibilidad de que el organismo fiscal investigue períodos anteriores cuando el contribuyente cumpla con las condiciones fijadas.
Además, los fondos utilizados se considerarán incorporados al patrimonio en la fecha en que se concrete la operación. De esta manera, ARCA no podrá imputarlos retroactivamente a ejercicios anteriores para reclamar el pago del impuesto sobre los Bienes Personales.
El diagnóstico detrás de la medida
Desde el Gobierno estiman que existen alrededor de US$ 170.000 millones fuera del sistema financiero argentino, uno de los niveles más elevados del mundo en relación con el tamaño de la economía.
Durante el debate, la presidenta del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, atribuyó el fenómeno a la desconfianza histórica provocada por las decisiones del propio Estado.
“El enemigo de los ahorristas ha sido el Estado, que expropió de distintas formas ese dinero: hiperinflación, inflación, cepo y todo tipo de mecanismos. Por eso, el ciudadano salió de los circuitos legales para ir hacia los informales con el objetivo de proteger sus ahorros”, afirmó.
La intención del oficialismo es que las nuevas garantías favorezcan la incorporación de esos recursos al circuito formal y permitan utilizarlos para el consumo, la inversión o la adquisición de bienes sin que ello active automáticamente una investigación sobre períodos fiscales anteriores.
Una sesión con agenda amplia
Durante la misma jornada, el Senado también convirtió en ley el traspaso de la Justicia de Menores y de distintas competencias penales a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La iniciativa obtuvo 44 votos afirmativos y 21 negativos, correspondientes al bloque Justicialista y a los representantes de Santiago del Estero.
La Cámara alta también otorgó media sanción a un nuevo régimen de biocombustibles y aprobó una serie de pliegos judiciales.
Con la sanción de “Inocencia Fiscal II”, el Gobierno consiguió ampliar una de sus principales herramientas para atraer al sistema formal los dólares que permanecen fuera de los bancos, aunque su aplicación efectiva dependerá ahora de la promulgación y de la posterior reglamentación de ARCA.
