Brasil: el plan de Lula da Silva para pagarle las deudas a los morosos con el dinero de los contribuyentes
El gobierno petista destinará 15.000 millones de reales de las arcas públicas para rescatar a quienes no cumplen con sus compromisos financieros. Mientras el progresismo regional criticaba a la Argentina de Javier Milei por un 12% de morosidad, el modelo económico brasileño expone una crisis de sobreendeudamiento sin precedentes.
En lo que constituye una de las maniobras de populismo financiero más obscenas de los últimos tiempos, el gobierno de Brasil, encabezado por Luiz Inácio Lula da Silva, ha decidido cruzar un límite inaceptable en la administración de los recursos del Estado. A escasos días de unas elecciones presidenciales que lo muestran en un empate técnico frente al senador conservador Flávio Bolsonaro, el líder del Partido de los Trabajadores (PT) anunció un plan sistemático para comprar las deudas de los morosos utilizando los impuestos de todos los ciudadanos.
A través de la medida provisoria conocida como «Desenrola Brasil 3.0», el Estado brasileño destinará la friolera de 15.000 millones de reales (aproximadamente 2.800 millones de dólares) para adquirir carteras de deuda vencida de personas físicas directamente a las entidades financieras privadas. El objetivo oficial es absorber hasta 150.000 millones de reales en pasivos incobrables, aplicando quitas y descuentos que podrían superar el 90%. En términos sencillos: el gobierno utilizará el dinero del ciudadano que se levanta temprano, trabaja y paga sus cuentas al día, para licuarle las irresponsabilidades financieras a quienes decidieron no pagar.
La perversa costumbre de hacer caridad con la plata ajena
La medida anunciada por el ministro de Planificación, Bruno Moretti, no es otra cosa que la institucionalización del riesgo moral. Al intervenir centralizadamente en el mercado crediticio para salvar a quienes acumulan deudas de hasta 10.000 reales con atrasos de entre dos años y cuatro años y medio, el gobierno de Lula da Silva está enviando un mensaje letal para la economía de cualquier país: cumplir con la ley y honrar los contratos no tiene ningún sentido.
Es la máxima expresión del manual de la izquierda latinoamericana. Siempre resulta muy fácil mostrarse empático, solidario y «presente» cuando la caridad se hace con la plata de los demás. Los 15.000 millones de reales que se inyectarán en este salvataje no surgen de la nada; provienen directamente del bolsillo de los contribuyentes brasileños que, a pesar de sufrir la misma presión impositiva y las mismas dificultades económicas, decidieron ajustar sus gastos y no gastar por encima de sus posibilidades. Financiar el desmanejo de las tarjetas de crédito y los préstamos personales de un sector de la población a costa del erario público es, lisa y llanamente, una estafa al ciudadano responsable.
El doble estándar con la Argentina de Milei
Este monumental rescate a los morosos brasileños deja al descubierto, además, la profunda hipocresía del progresismo regional. Durante meses, analistas afines al PT y a la izquierda latinoamericana se dedicaron a criticar ferozmente las reformas de libre mercado implementadas por el presidente Javier Milei en Argentina, alarmándose por un índice de morosidad bancaria que rondaba el 12%. Lo presentaban como el apocalipsis del modelo liberal, una cifra que, en términos macroeconómicos y en medio de un sinceramiento de precios relativos, no representa un riesgo sistémico.
Sin embargo, el relato de la izquierda se cae a pedazos al observar la realidad del país que tanto idolatran como ejemplo de gestión estatal. El propio gobierno brasileño acaba de confesar que el stock de deudas en mora en su país asciende a unos 300.000 millones de reales (unos 56.000 millones de dólares). Brasil, bajo la gestión del Estado benefactor e intervencionista de Lula da Silva, tiene un nivel de endeudamiento familiar tóxico que supera holgadamente a la situación argentina.
Mientras en Argentina se apuesta por sanear la macroeconomía para que el crédito genuino vuelva a fluir a través del ahorro y la inversión, en Brasil se opta por esconder la basura bajo la alfombra estatizando la deuda privada. Queda en evidencia que el modelo de consumo impulsado por el petismo fue siempre una burbuja insostenible. Condenaban a Milei por un 12% siendo de las tasas mas bajas de latinoamérica, pero ahora aplauden que Lula tenga que confiscar miles de millones de dólares del Tesoro para evitar que el sistema de crédito personal al consumo colapse por completo.
Un manotazo de ahogado a días de las elecciones
No se puede ignorar el «timing» de este anuncio. El plan de rescate llega a apenas nueve días de unas elecciones donde el oficialismo se juega su supervivencia política frente al inminente victoria de la derecha.
A la ampliación de los beneficios del programa Bolsa Família y la manipulación artificial del costo de los combustibles, se suma ahora esta amnistía financiera masiva. Además, como parte de la misma estrategia de control social, Lula firmó un decreto para prohibir las apuestas deportivas y los casinos online, bajo la excusa paternalista de frenar el sobreendeudamiento. Una vez más, el Estado asume el rol de niñera, considerando a los ciudadanos como incapaces de administrar su propio dinero y sus propias decisiones de entretenimiento, pero obligándolos a pagar las deudas de los irresponsables.
El esquema diseñado por el Ministerio de Planificación planea realizar subastas competitivas donde los bancos ofrecerán sus carteras de deudores incobrables. El Estado comprará esos portafolios a precio de remate, pero el costo fiscal será absorbido por la sociedad en su conjunto.
Lo que estamos presenciando en Brasil no es una política de recuperación económica, sino la claudicación ante el fracaso del intervencionismo. El gobierno de Lula da Silva ha demostrado que su única respuesta frente a la crisis de ingresos que su propia política económica generó es castigar al que produce y premiar al que defaultea. Es un bofetón en el rostro de millones de brasileños honestos y la prueba definitiva de que la izquierda no tiene soluciones reales para el desarrollo, sino apenas parches temporales financiados, inevitablemente, con el esfuerzo ajeno.
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