Milei intimó al Reino Unido: tiene dos semanas para frenar el petróleo en Malvinas
El Presidente ordenó iniciar un arbitraje internacional por el proyecto Sea Lion y advirtió que solicitará medidas urgentes ante el Tribunal del Mar si Londres no suspende la explotación. También impulsará sanciones y denuncias penales contra una empresa británica por vuelos no autorizados.
El presidente Javier Milei endureció la ofensiva diplomática y jurídica contra el Reino Unido por la explotación de recursos naturales en las Islas Malvinas.
Mediante un comunicado oficial difundido este domingo, la Casa Rosada informó que el mandatario instruyó a la Cancillería y a los equipos jurídicos del Gobierno para que inicien un procedimiento de arbitraje contra Londres bajo la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar.
La presentación apunta a impedir el desarrollo del proyecto petrolero Sea Lion en la Cuenca Malvinas Norte, así como el otorgamiento de nuevas licencias para explotar recursos naturales dentro de la plataforma continental reclamada por la Argentina.
El Gobierno también intimó formalmente al Reino Unido para que, en un plazo de dos semanas, adopte las medidas necesarias para detener el inicio o la continuidad de las actividades hidrocarburíferas.
Si Londres desoye el requerimiento, la Argentina solicitará al Tribunal Internacional del Derecho del Mar la adopción de medidas provisionales destinadas a preservar sus derechos soberanos.
Un arbitraje internacional por Sea Lion
El procedimiento anunciado se encuentra previsto en el Anexo VII de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. Ese mecanismo permite constituir un tribunal arbitral cuando los Estados involucrados no acordaron someter la controversia a un mismo órgano.
Mientras se conforma ese tribunal, la Convención habilita a solicitar medidas provisionales ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar cuando exista urgencia y una posible afectación irreversible de derechos.
La presentación argentina no buscará resolver directamente la disputa territorial mediante esta vía, sino cuestionar la explotación unilateral de los recursos marítimos y pedir que las actividades sean suspendidas mientras continúa pendiente la controversia de soberanía.
El eje del conflicto es Sea Lion, un proyecto situado al norte del archipiélago y encabezado por la empresa israelí Navitas Petroleum, que posee el 65% de la iniciativa. El 35% restante pertenece a la británica Rockhopper Exploration.
El yacimiento contendría aproximadamente 1.700 millones de barriles de petróleo y requeriría una inversión inicial cercana a los u$s2.200 millones. Las compañías proyectan comenzar la producción durante 2028.
Las empresas y el Reino Unido consideran que las licencias fueron otorgadas legalmente por las autoridades establecidas en las islas. La Argentina, en cambio, sostiene que cualquier exploración o explotación realizada sin autorización nacional constituye una actividad ilícita.
Las resoluciones de la ONU invocadas por el Gobierno
La Casa Rosada fundamentó la decisión en dos resoluciones centrales de las Naciones Unidas.
La primera es la Resolución 2065, aprobada por la Asamblea General en 1965, que reconoció formalmente la existencia de una disputa de soberanía entre la Argentina y el Reino Unido e instó a ambos gobiernos a encontrar una solución pacífica y negociada.
La segunda es la Resolución 31/49, que pidió a las partes abstenerse de adoptar decisiones unilaterales capaces de modificar la situación del territorio mientras continúe pendiente el proceso recomendado por la organización.
Para el Gobierno argentino, la explotación petrolera y el otorgamiento de nuevas licencias británicas vulneran ese mandato, agravan la disputa y pueden causar un perjuicio irreversible sobre los recursos existentes en la plataforma continental.
La administración de Milei también rechazó la respuesta formulada por Londres después del último discurso presidencial ante la Asamblea General de la ONU.
Según el comunicado, ni la denominación británica del archipiélago como “territorio de ultramar” ni el referéndum realizado en 2013 modifican la existencia y el objeto de la disputa de soberanía reconocida internacionalmente.
Sanciones y denuncias por vuelos no autorizados
La ofensiva anunciada por Milei incluye un segundo frente relacionado con las comunicaciones aéreas del archipiélago.
El Gobierno aseguró haber detectado operaciones realizadas por Thales UK Limited en la ruta entre las Islas Malvinas y la ciudad chilena de Punta Arenas, mediante una aeronave con matrícula británica y sin autorización de las autoridades argentinas.
Ante esa situación, el Presidente ordenó iniciar de manera urgente los procedimientos administrativos sancionatorios, formular las denuncias penales correspondientes y efectuar las gestiones diplomáticas pertinentes.
El comunicado no precisó cuántos vuelos fueron detectados, cuándo se realizaron ni qué sanciones concretas podrían aplicarse contra la compañía. Esos elementos deberán surgir de las investigaciones iniciadas por los organismos competentes.
De las protestas diplomáticas a los tribunales
La decisión representa una nueva etapa dentro de la estrategia desplegada por el Gobierno para frenar la explotación de hidrocarburos en las aguas que rodean las islas.
La administración libertaria ya había avanzado con sanciones contra las compañías directamente involucradas y contra inversores, directivos y proveedores que colaboren con actividades realizadas sin autorización argentina.
Milei también envió al Congreso el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, que amplía las penalidades y busca alcanzar a cualquier persona o empresa que participe de la exploración, extracción, financiamiento o comercialización de recursos naturales provenientes del archipiélago.
La apertura de un arbitraje internacional suma ahora una herramienta jurídica externa. Sin embargo, las medidas solicitadas todavía deberán superar el análisis sobre la competencia del tribunal y los requisitos de urgencia establecidos por la Convención del Mar.
“La República Argentina no se quedará de brazos cruzados”, advirtió la Oficina del Presidente al anunciar que continuará utilizando instrumentos diplomáticos, administrativos y judiciales.
El comunicado concluyó con una definición que sintetiza la postura oficial: “Las Malvinas son argentinas”.
Compartí esta noticia
