El «Principado de Javkin»: sin votos para regular Uber, La Libertad Avanza denunció que el oficialismo quiso cambiar las reglas del Concejo
Sin los votos, el oficialismo intentó destrabar su regulación de Uber cambiando el trámite. LLA denunció un atropello y apuntó otra vez contra el proyecto del intendente que impone tarifas mínimas para los viajes de las Apps, control de datos de privacidad, tasas y deja afuera a las motos.
El bloque de concejales del intendente Pablo Javkin quiso acelerar la regulación de Uber y DiDi, pero se encontró con algo a lo que durante años estuvo poco acostumbrado en el Concejo Municipal de Rosario: no tenían los votos. De este modo, el expediente quedó trabado en la comisión de Gobierno, gracias a la decisión de La Libertad Avanza (LLA), y la discusión dejó de ser solamente sobre aplicaciones para transformarse en una pelea por las reglas institucionales.
La Libertad Avanza denunció que, ante la falta de apoyos, el oficialismo intentó modificar el recorrido legislativo del proyecto para llevarlo igualmente al recinto. El concejal Juan Pedro Aleart sintetizó en la sesión de este jueves la acusación con una frase contundente: «Esto no es el Principado de Javkin«.
Para el concejal libertario, lo ocurrido fue un atropello institucional y reglamentario. «Esto que está haciendo el intendente es una verdadera vergüenza. Es un atropello a la institución, al tratamiento legislativo correcto y también al personal administrativo del Concejo que hizo lo que tenía que hacer», afirmó.
El expediente había sido trabajado en las comisiones de Servicios Públicos y Gobierno, pero el oficialismo no consiguió reunir los acuerdos necesarios. Cuando el despacho no apareció, comenzó la discusión sobre cómo debía continuar el tratamiento, intentando saltarse las reglas institucionales del cuerpo legislativo.
Sin votos y con el expediente empantanado
El oficialismo tenía respaldo suficiente en Servicios Públicos, pero necesitaba sumar apoyos en Gobierno para conseguir despacho y llevar el proyecto al recinto. La apuesta estaba puesta, entre otros sectores, en conseguir el voto de algún representante de La Libertad Avanza. Así, los libertarios rechazaron acompañar el texto tal como fue enviado por el Ejecutivo y el expediente quedó frenado.
Según Aleart, fue entonces cuando apareció el intento de modificar las reglas. «Durante mucho tiempo tuvieron mayoría para hacer lo que querían. Esto fue una escribanía. La primera vez que encuentran un freno, quieren pasarse por arriba la institucionalidad y el reglamento«, disparó.
El edil insistió en que el oficialismo no puede cambiar el trámite porque perdió una votación política. “Esto no es el Principado de Javkin. Es un órgano legislativo que tiene reglas y deben respetarse, no modificarse porque conviene”, remarcó.
Por su parte, el también concejal de La Libertad Avanza, Lautaro Enríquez, planteó la misma objeción. Señaló que horas antes el proyecto había sido discutido en una reunión conjunta y cuestionó que, después, se intentara sacar del recorrido a una comisión clave.
«Si estaban tan apurados, ese era el momento. No pueden venir a último momento a sacar una comisión fundamental», sostuvo. Para Enríquez, no se trató de una cuestión administrativa sino de una decisión política para destrabar un expediente que no reunía los votos.
Años de multas y ahora apuro por regular
El choque institucional es apenas una parte del conflicto. El bloque libertario viene cuestionando con dureza el contenido del proyecto enviado por Javkin. Aleart puso el foco en la contradicción que, según el bloque, atraviesa al oficialismo. Durante años el municipio persiguió y multó a conductores que trabajaban con aplicaciones y ahora pretende colocarse al frente de su legalización.
“Durante años les hicieron multas, les llevaron los autos al corralón y trataron a los conductores como delincuentes. Ahora están todos de acuerdo en habilitar las aplicaciones, pero quieren hacerlo como dice el intendente y sin escuchar a nadie”, cuestionó.
La diferencia de fondo es conceptual. Mientras el Ejecutivo propone incorporar las plataformas a un régimen municipal con controles, requisitos y obligaciones específicas, LLA sostiene que hay que habilitar la actividad con reglas básicas de seguridad y mucha menos intervención estatal.
La síntesis libertaria es clara: ellos quieren regular; nosotros queremos habilitar.
Uno de los puntos más discutidos es la tarifa mínima. El proyecto establece que ningún viaje contratado mediante plataformas podrá tener un precio inferior al boleto del transporte urbano. Para LLA, esa disposición implica que el Estado se mete directamente en el precio de una operación entre privados. Enríquez advirtió que ese piso podría terminar con promociones y descuentos que hoy benefician a los usuarios.
“Van a poner una tarifa mínima y las ofertas relámpago se terminan. ¿Por qué? Porque ustedes les ponen un piso”, cuestionó.
El planteo libertario va en sentido opuesto. La plataforma ofrece un precio, el usuario lo conoce de antemano y decide libremente si acepta o busca otra opción.
Uber Moto, afuera
Otro punto de fuerte rechazo es el de las motos. El proyecto exige determinadas características para los vehículos y, bajo ese esquema, modalidades como Uber Moto quedan afuera.
Para LLA, el resultado es contradictorio: una ordenanza presentada como una modernización termina excluyendo una opción tecnológica que ya utilizan trabajadores y usuarios. Enríquez cuestionó que el Estado decida impedir una alternativa más económica.
“Si un ciudadano quiere tomarse una moto porque le sale más barato, no va a poder hacerlo dentro de este esquema”, afirmó.
La propuesta libertaria contempla expresamente los viajes en moto y sostiene que el municipio debe concentrarse en documentación, seguros y seguridad vial, no en prohibir modalidades por decisión política.
Más datos para el Estado
El proyecto también exige que las plataformas entreguen información al municipio. Entre otros puntos, prevé datos sobre viajes, kilómetros recorridos, horas trabajadas, conductores, vehículos, recorridos, calificaciones y reclamos.
Para Enríquez, el nivel de intervención es excesivo. El concejal sostiene que el Ejecutivo pretende tratar a las aplicaciones como si fueran un servicio público bajo control municipal.
“Quieren información de los choferes, de los viajes, de por dónde se mueven y de cuándo trabajan. Quieren convertir a las aplicaciones en un servicio público”, cuestionó.
Desde LLA sostienen que las plataformas funcionan sobre acuerdos entre privados y que el Estado no debe avanzar más allá de los controles básicos de seguridad y legalidad.
La discusión por las tasas
La cuestión tributaria también quedó bajo la lupa. El proyecto no crea hoy una tasa específica para Uber o DiDi, pero obliga a las plataformas a cumplir con las tasas municipales que resulten aplicables.
La Libertad Avanza advierte que esa redacción podría dejar abierta la puerta a futuras cargas sobre la actividad. Para el bloque, legalizar las aplicaciones no debería convertirse en una excusa para sumar recaudación.
El cuestionamiento pega especialmente después de años de multas y operativos contra conductores. La posición libertaria es que no tiene sentido reemplazar la persecución por un esquema cargado de nuevas obligaciones y costos.
Más requisitos para poder trabajar
El Ejecutivo también exige licencia profesional para los conductores. A eso se agregan revisión técnica, seguros específicos, documentación al día y otras condiciones para vehículos y choferes.
Desde LLA sostienen que algunos de esos requisitos pueden transformarse en barreras innecesarias para quienes utilizan las plataformas como fuente de ingresos. El bloque aclara que no rechaza los controles de seguridad, sino el exceso de burocracia.
La discusión vuelve siempre al mismo punto: cuánto control necesita el municipio y cuánto espacio debe dejar a la libertad de contratación entre usuarios, conductores y plataformas.
“Tenían 15 concejales y no lo hicieron”
Enríquez también apuntó contra la urgencia del oficialismo. Recordó que durante años el espacio de Javkin tuvo una mayoría holgada y cuestionó que recién ahora aparezca la necesidad de aprobar rápidamente una regulación.
“Tenían una escribanía. Tenían 15 concejales y podían hacer lo que querían. No trataron Uber. Ahora se acordaron de que hay que tratarlo”, afirmó.
El concejal también cuestionó a la presidenta del Concejo, María Eugenia Schmuck, por el impulso reciente al expediente. Sugirió que detrás de la aceleración podría haber intereses electorales, aunque presentó esa hipótesis como una sospecha política y no como un hecho probado.
“¿Será por su carrera a la Intendencia? ¿Será porque quiere hacer campaña? No lo sé. Pero después de ocho años ahora se acuerdan de tratar Uber y quieren hacerlo como ellos quieren”, lanzó.
La paradoja política terminó siendo inevitable. El Ejecutivo presentó un proyecto que busca regular tarifas, requisitos, información y funcionamiento de las plataformas, pero no pudo controlar el dato más básico del debate legislativo: los votos.
Cuando esos votos no aparecieron, La Libertad Avanza denunció que el oficialismo quiso modificar el recorrido del expediente. Los ediles insistieron en que ninguna urgencia política habilita a saltear comisiones o reinterpretar el reglamento.
Este jueves quedó planteada una pregunta incómoda: ¿qué hace el oficialismo cuando ya no tiene una escribanía y necesita imponerse, a cómo de lugar? Mientras tanto, los usuarios y los trabajadores de las aplicaciones esperan que se los deje elegir libremente y de perseguir.
