Alerta en Brasil: advierten que el déficit amenaza el futuro de las jubilaciones
Augusto Nardes, ministro del Tribunal de Cuentas de la Unión, lanzó una dura advertencia sobre la sostenibilidad del sistema previsional brasileño y cuestionó el crecimiento del gasto durante el gobierno de Lula. La deuda pública ya ronda el 83% del PBI y el déficit nominal supera el 9%, mientras la Previdencia arrastra un rojo de cientos de miles de millones de reales.
Las cuentas públicas volvieron a encender las alarmas en Brasil. Augusto Nardes, ministro del Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU), advirtió que el deterioro fiscal y el creciente déficit previsional pueden comprometer en el futuro la capacidad del Estado para sostener el pago de jubilaciones y pensiones.
“Tal como están las cosas, no habrá jubilación”, afirmó Nardes en un video difundido en sus redes sociales. El funcionario sostuvo que el país enfrenta un desequilibrio cada vez mayor entre los recursos disponibles y las obligaciones asumidas por el Estado.
La afirmación no significa que Brasil haya dejado de contar actualmente con dinero para pagar los beneficios del INSS ni que exista una fecha prevista para suspenderlos. Es una advertencia sobre la sostenibilidad a largo plazo del sistema si continúa creciendo el gasto sin una corrección equivalente de las cuentas públicas.
Nardes señaló que el déficit previsional supera los R$404.000 millones y apuntó además contra aproximadamente R$326.000 millones en gastos que, según su análisis, se ejecutan por mecanismos que quedan fuera del presupuesto tradicional. El ministro calificó ese proceso como una creciente “despresupuestación” de las cuentas públicas.
Una deuda que volvió a dispararse bajo Lula
La advertencia aparece respaldada por un deterioro considerable de distintos indicadores fiscales. En septiembre, la deuda bruta del Gobierno General alcanzó el 82,9% del PBI, unos 11 puntos porcentuales por encima del nivel existente cuando Luiz Inácio Lula da Silva regresó al Palacio del Planalto en 2023.
El déficit nominal acumulado durante los últimos doce meses llegó al 9,51% del PBI, resultado de un déficit primario de alrededor del 0,52% y, sobre todo, de una enorme factura de intereses equivalente a casi el 9% de la economía brasileña.
Los elevados tipos de interés agravan la dinámica. Con una tasa Selic todavía en niveles altos y una parte importante de la deuda vinculada directa o indirectamente al costo del dinero, el Estado necesita destinar cada vez más recursos solamente a financiar sus pasivos.
La Previdencia constituye otro de los grandes focos de presión estructural. Según el propio TCU, el sistema previsional consolidado registró durante 2025 R$762.600 millones de ingresos frente a R$1,203 billones de gastos, lo que produjo un déficit de R$440.600 millones.
El agujero no desapareció durante 2026. Sólo en septiembre, el régimen general de la Seguridad Social registró un déficit de R$26.200 millones, mientras en junio había alcanzado los R$50.500 millones.
Nardes también comparó la actual situación con las llamadas “pedaladas fiscais” que estuvieron en el centro del proceso contra Dilma Rousseff. El ministro conoce aquel expediente particularmente bien: fue relator en el TCU del análisis de las cuentas que cuestionó las maniobras fiscales de la administración de la expresidenta.
“Hubo manipulación en las cuentas de la presidente entonces y está ocurriendo nuevamente”, afirmó Nardes, una acusación que corresponde a su evaluación sobre el manejo presupuestario actual y que el Gobierno de Lula rechaza.
El Gobierno niega que el sistema esté al borde del colapso
La administración brasileña sostiene una interpretación diferente. El Consejo Nacional de Previdencia Social salió esta misma semana a rechazar las versiones sobre una eventual quiebra del sistema y aseguró que la población puede confiar en la continuidad de la Seguridad Social.
El Ejecutivo argumenta que la Previdencia brasileña no se financia únicamente mediante las contribuciones directas de trabajadores y empleadores, sino a través de una estructura más amplia de recursos prevista constitucionalmente.
También señala que durante septiembre el Gobierno Central consiguió un superávit primario mensual de R$4.839 millones y que el déficit primario acumulado de doce meses quedó en torno al 0,38% del PBI. La situación primaria, por lo tanto, es considerablemente menos extrema que el déficit nominal, donde el enorme peso de los intereses modifica completamente el cuadro.
El problema estructural, sin embargo, continúa. Las propias proyecciones oficiales y privadas anticipan que la deuda puede seguir aumentando si no se contienen las obligaciones permanentes. El mercado proyecta actualmente una deuda bruta cercana al 83,4% del PBI para fines de 2026 y 87% en 2027.
Brasil enfrenta así una discusión que excede la coyuntura política: cómo financiar un Estado con obligaciones crecientes, una población que envejece y una deuda cada vez mayor sin trasladar el costo a futuras generaciones mediante más impuestos, inflación o endeudamiento.
La advertencia del TCU no implica que los jubilados brasileños vayan a dejar de cobrar mañana. Pero sí expone un problema que el Gobierno no puede resolver simplemente aumentando el gasto: mientras el rojo previsional se mide en cientos de miles de millones de reales y la deuda se acerca nuevamente a máximos históricos, la sostenibilidad del sistema exige una corrección fiscal que Brasil continúa postergando.
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