Polonia en crisis: la coalición de Tusk y la izquierda, acusadas de un golpe de Estado
El conflicto por el control del Tribunal Constitucional escaló hasta provocar el despliegue de policías antidisturbios, protestas y acusaciones de una toma ilegal de la institución. El presidente conservador Karol Nawrocki interrumpió en pleno vuelo un viaje a Senegal y regresó a Varsovia, mientras Donald Tusk defendió la ofensiva de su gobierno como un intento de “restaurar el Estado de derecho”.
Polonia quedó sumergida este viernes en una de sus mayores crisis institucionales de los últimos años después de que el conflicto entre el gobierno de Donald Tusk, integrado también por la izquierda, y el Tribunal Constitucional terminara con policías desplegados alrededor del máximo órgano de control constitucional, protestas en las calles y acusaciones explícitas de un “golpe de Estado”.
La tensión estalló cuando apareció en el sitio oficial del Tribunal un comunicado que anunciaba la suspensión de su presidente, Bogdan Święczkowski, y de su vicepresidente, Bartłomiej Sochański. Poco después, la propia institución denunció a través de su cuenta oficial en X que su página web había sido tomada “ilegalmente” y sostuvo que ambos magistrados continuaban legítimamente en sus cargos.
El mensaje fue todavía más lejos: afirmó que quienes participaran del operativo estaban incurriendo en el delito de “golpe de Estado”. La acusación pertenece a las autoridades enfrentadas con el gobierno y todavía no existe una resolución judicial que determine que efectivamente se haya producido un intento de quiebre constitucional.
La crisis obligó incluso al presidente Karol Nawrocki, aliado del conservador Ley y Justicia (PiS), a suspender un viaje oficial a Senegal. Su avión ya se encontraba rumbo a África cuando cambió de dirección sobre España y regresó a Polonia.
“En un momento así, el presidente debe estar en Polonia. Interrumpo mi vuelo a Senegal. Regreso”, anunció Nawrocki mientras la situación alrededor del Tribunal empeoraba.
Policías, jueces enfrentados y una institución partida en dos
En el centro de la disputa aparece la jueza Anna Korwin-Piotrowska, elegida este año por el Parlamento dentro del proceso de renovación del Tribunal. La magistrada se atribuyó la conducción interina del organismo y dispuso la suspensión de Święczkowski y Sochański.
Pero su propia condición de jueza es cuestionada por el sector enfrentado con Tusk, porque no prestó juramento ante el presidente de la República. Nawrocki se negó anteriormente a recibir el juramento de varios magistrados elegidos por la mayoría parlamentaria, profundizando un conflicto que mantiene prácticamente paralizado al Tribunal.
Simultáneamente, el ministro de Justicia y fiscal general, Waldemar Żurek, presentó cinco pedidos para retirar inmunidades judiciales: cuatro contra Święczkowski y uno contra Sochański. La documentación presentada incluye cientos de páginas y decenas de volúmenes de expedientes.
En medio de esa ofensiva, fuerzas policiales fueron desplegadas alrededor del edificio. La Policía afirmó que actuó para garantizar la seguridad debido a incidentes y lanzamiento de objetos contra los agentes y negó haber intervenido en el funcionamiento interno del Tribunal. Manifestantes partidarios del PiS se concentraron frente al lugar y tres personas fueron detenidas después de atravesar las vallas.
Las versiones sobre lo ocurrido dentro del edificio también son contradictorias. Dirigentes conservadores denunciaron que personal de seguridad fue desplazado y que el gobierno intentó tomar físicamente la institución, mientras la Policía sostuvo que su actuación se limitó a las tareas de seguridad previstas legalmente.
Incluso entre juristas críticos del antiguo gobierno del PiS aparecieron cuestionamientos hacia los métodos utilizados por la administración de Tusk. El constitucionalista Marcin Matczak, crítico durante años de la reforma judicial conservadora, sostuvo que algunas actuaciones del ministro Żurek podrían vulnerar disposiciones de la Constitución polaca.
Tusk habla de “restaurar la ley” y la oposición denuncia autoritarismo
Donald Tusk defendió abiertamente las medidas. “Restaurar el Estado de derecho es nuestro deber. Después de años de ilegalidad del PiS, es un proceso difícil, a veces doloroso, y requiere una acción decisiva. No hay otra manera”, afirmó el primer ministro.
El actual Ejecutivo polaco no es estrictamente un gobierno de izquierda. Está encabezado por la Coalición Cívica, de orientación liberal y centrista, y reúne además a fuerzas de centro y al partido Nueva Izquierda, que forma parte formal de la alianza gobernante desde la caída del PiS en 2023.
Del otro lado, el líder histórico del PiS, Jarosław Kaczyński, denunció un “ataque contra el Tribunal Constitucional” y afirmó que Polonia corre el riesgo de avanzar hacia un “Estado policial”. La ex primera ministra Beata Szydło también acusó al gobierno de haber enviado fuerzas de seguridad contra una institución independiente.
La crisis tiene raíces anteriores. El PiS gobernó Polonia entre 2015 y 2023 y fue acusado por instituciones europeas de politizar el Poder Judicial mediante reformas que alteraron la designación y funcionamiento de los tribunales. En diciembre de 2025, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea concluyó que irregularidades en determinados nombramientos habían afectado la independencia e imparcialidad del Tribunal Constitucional.
Tusk llegó al poder prometiendo revertir ese proceso, pero se encontró primero con el veto del anterior presidente y posteriormente con Nawrocki, respaldado por la derecha conservadora. Esa convivencia institucional terminó generando dos legitimidades enfrentadas dentro del propio sistema judicial.
El episodio de este viernes marca una escalada inédita: un Tribunal Constitucional que denuncia un intento de golpe, una jueza que se proclama habilitada para sustituir a sus autoridades, policías rodeando el edificio, manifestantes en las calles y un presidente que considera la situación suficientemente grave como para hacer regresar su avión en pleno vuelo.
Polonia entra así en una nueva fase de su prolongada guerra institucional. Tusk sostiene que está desmontando la politización judicial heredada del PiS; sus adversarios responden que, con la excusa de restaurar la legalidad, el gobierno liberal respaldado por la izquierda está utilizando métodos que amenazan los mismos límites constitucionales que dice defender.
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