Escándalo en Lanteri: denuncian facturaciones de $700.000 a $3.000.000 a nombre de personas que ya no trabajan para el municipio
Denuncian que la municipalidad de Lanteri factura a nombre de exempleados y éstos lo descubren tiempo después. La impunidad y el abuso de poder al mando.
El municipio de Lanteri, administrado por Sandrigo Williams Yoel, identificado políticamente con Maximiliano Pullaro, estaría facturando alrededor de $700.000 a $3.000.000 mensuales a la municipalidad a nombre de personas que ya no prestarían ningún tipo de servicio.
¿Quién está cobrando realmente ese dinero?
¿Estamos ante una estructura de facturación ficticia para retirar dinero de las arcas públicas utilizando a jóvenes monotributistas como pantalla?
De acuerdo con los testimonios recibidos, el mecanismo tendría una particularidad que despierta todavía más sospechas: algunas de estas personas habrían recibido un trabajo de forma temporal únicamente para que se les gestionara la inscripción en el monotributo. Sin embargo, después de aquella contratación inicial, nunca más habrían sido convocadas para realizar tareas en el municipio.
Pese a eso, sus nombres siguen apareciendo vinculados a facturaciones donde el monto que más se repite es de $700.000 y el máximo de $3.000.000. Es decir, a personas que aseguran no trabajar actualmente para la administración local se le estarían emitiendo comprobantes a nombre del municipio.
Según las versiones recibidas, serían varios los monotributistas en una situación similar, esto pasa hace un tiempo y éstas personas no estaban al tanto de la situación hasta que alguien descubrió su nombre en ARCA.
¿Quién se queda con el dinero?
El interrogante es inevitable y merece una explicación pública. Si estas personas no realizan trabajos para el municipio, ¿qué servicio se está pagando? ¿Quién solicita esas facturas? ¿Quién autoriza los pagos? Y, fundamentalmente, ¿quién termina beneficiándose económicamente con esos fondos? La situación adquiere un nivel de gravedad importante.
La emisión de facturas por servicios que no se prestaron, de comprobarse, podría constituir una irregularidad administrativa y tributaria que requiere una investigación.
La transparencia de los recursos públicos no puede depender de explicaciones informales ni de acuerdos entre conocidos. Cada peso que sale de las arcas municipales debe tener un destino verificable y una contraprestación concreta.
La administración de Sandrigo tiene la obligación de aclarar por qué está facturando a nombre de exempleados, dónde van los fondos y quién se hace cargo de esta situación que a simple vista podría ser un delito y abuso de poder escudándose en la impunidad.
