Escándalo: Lázaro Báez habría manejado desde la cárcel negocios por casi $391 M con propiedades embargadas
La situación judicial de Lázaro Báez, uno de los empresarios más vinculados con el entramado de corrupción del kirchnerismo, sumó un nuevo capítulo. Una investigación federal detectó presuntas maniobras de administración y explotación de propiedades embargadas que habrían movilizado aproximadamente $390.880.000, mientras el empresario permanecía detenido en el penal de Ezeiza.
El expediente, que investiga posibles delitos de lavado de activos y asociación ilícita, incluye escuchas telefónicas en las que Báez aparece impartiendo instrucciones sobre la administración de campos, inmuebles y negocios alcanzados por medidas judiciales. La Justicia busca determinar cómo habría logrado mantener el control de parte de su patrimonio a pesar de las condenas y restricciones que pesan sobre él.
La investigación está a cargo del fiscal federal de Río Gallegos Julio Zárate y alcanza, hasta el momento, a 12 personas imputadas. Entre ellas figuran Claudia Insaurralde, pareja del empresario; Cristian Sebastián Ibáñez, señalado como presunto testaferro; y el contador Diego Navarro, además de otros integrantes de su entorno.
Las pruebas fueron expuestas durante una audiencia judicial realizada el jueves, en la que se detallaron las presuntas operaciones económicas desarrolladas mediante propiedades, establecimientos rurales y sociedades vinculadas con Báez.
Las escuchas que comprometen al empresario kirchnerista
Uno de los elementos centrales de la investigación son las conversaciones telefónicas que Báez habría mantenido desde el establecimiento penitenciario, mediante las cuales continuaba participando en decisiones comerciales y patrimoniales.
En una comunicación registrada el 5 de octubre, el empresario impartió instrucciones a Ibáñez sobre la administración de las estancias La Entrerriana y Alquinta, dos establecimientos incluidos entre los bienes investigados.
Durante esa conversación, Báez manifestó su intención de decidir quiénes quedarían a cargo de las propiedades y advirtió que podía desplazar a quienes no aceptaran sus condiciones.
Según la reconstrucción judicial, dentro de la organización se utilizaban denominaciones particulares para identificar a sus principales integrantes. Báez era mencionado como “el Tío”, mientras que Insaurralde recibía el apodo de “la Tía”.
Otra conversación relevante tuvo lugar el 8 de octubre, cuando el empresario discutió con un inquilino las condiciones de alquiler de varios inmuebles utilizados por laboratorios en Río Gallegos.
“El dueño de la historia acá soy yo, ni mi familia, ni los otros abogados”, afirmó Báez durante el intercambio, en el que también advirtió que podía poner fin a los acuerdos comerciales.
Para los investigadores, estas comunicaciones constituyen indicios de que el empresario habría conservado una posición de conducción sobre la administración de bienes sujetos a medidas judiciales.
La pesquisa también identificó conversaciones relacionadas con operaciones agropecuarias. En una de ellas, correspondiente al 20 de octubre, se discutió la posible comercialización de 600 ovejas, con referencias a animales que no contarían con la documentación correspondiente.
Propiedades embargadas y posibles vínculos con el narcotráfico
Entre los activos investigados aparecen las estancias La Entrerriana, Alquinta y Cruz Aike, además de propiedades ubicadas en El Calafate y Río Gallegos.
También figuran empresas como Austral Agro S.A. y Kank y Costilla S.A., esta última vinculada comercialmente con Los Sauces y Hotesur, sociedades relacionadas con la familia Kirchner.
La Justicia intenta establecer si estas propiedades fueron utilizadas para generar ingresos y realizar movimientos financieros que deberían haber quedado sujetos a los controles correspondientes por las medidas de embargo y decomiso.
De acuerdo con los elementos reunidos, la estructura investigada habría movilizado aproximadamente $390,9 M mediante operaciones vinculadas con bienes alcanzados por decisiones judiciales.
El expediente mantiene conexiones con otra investigación relacionada con una presunta organización dedicada al narcotráfico en Santa Cruz. Los investigadores analizan posibles vínculos entre las personas involucradas en ambas causas, aunque todavía no se encuentra acreditada una participación directa de Báez en operaciones de tráfico de drogas.
Durante los últimos días se llevaron adelante 27 allanamientos en propiedades ubicadas en Santa Cruz y Buenos Aires, además de un procedimiento en la celda del empresario dentro del penal federal de Ezeiza.
En ese operativo se secuestró documentación vinculada con movimientos patrimoniales, alquileres y operaciones comerciales que ahora será examinada como parte de la investigación.
Las actuaciones también abrieron interrogantes sobre los controles penitenciarios, debido a que Báez habría utilizado comunicaciones telefónicas para continuar impartiendo instrucciones sobre negocios desde su lugar de detención.
El empresario cumple una pena unificada de 15 años de prisión por sus condenas en las causas Ruta del Dinero K y Vialidad, dos de los expedientes más importantes sobre corrupción vinculados con los gobiernos kirchneristas.
La nueva investigación no modifica esas condenas, pero podría derivar en responsabilidades penales adicionales si se demuestra la existencia de maniobras destinadas a ocultar, administrar o explotar irregularmente bienes alcanzados por medidas judiciales.
El caso vuelve a colocar bajo la lupa el patrimonio construido por Lázaro Báez durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, especialmente por su estrecha vinculación con la obra pública de Santa Cruz.
Mientras avanzan las pericias, la Justicia deberá determinar el destino de los casi $391 M investigados, la responsabilidad de cada uno de los imputados y cómo habría funcionado una estructura que, según la hipótesis fiscal, permitió al empresario seguir interviniendo en negocios desde la cárcel.
Compartí esta noticia
