Inhabilitan a Evo Morales y estallan protestas violentas en las calles de Bolivia
La decisión judicial desata una ola de violencia y dejó al descubierto la feroz interna del MAS: una disputa de caudillos en medio de crisis económica, presión callejera y sospechas de narcoestado.
El Tribunal Constitucional de Bolivia resolvió inhabilitar al exmandatario Evo Morales para competir en las elecciones presidenciales de 2025, desatando una ola de protestas violentas promovidas por sectores afines al exlíder cocalero. La decisión judicial, basada en la interpretación de los límites constitucionales de reelección y en fallos previos del propio organismo, provocó bloqueos de rutas, enfrentamientos con fuerzas de seguridad y agresiones a periodistas en distintos puntos del país.
Desde la ciudad de El Alto hasta las carreteras del Chapare, bastión histórico del Movimiento al Socialismo (MAS), miles de manifestantes salieron a las calles en defensa de Morales, a quien consideran “víctima de la oligarquía judicial”. Sin embargo, los disturbios han escalado rápidamente, incluyendo destrozos de bienes públicos, amenazas a medios independientes y actos de violencia contra ciudadanos que rechazan el retorno del exmandatario al poder.
Evo Morales, quien gobernó Bolivia entre 2006 y 2019, buscaba regresar al poder pese a haber ignorado previamente el resultado de un referéndum constitucional que le negó la posibilidad de una nueva reelección. Su posterior candidatura en 2019 fue uno de los factores que desataron una crisis institucional que terminó con su renuncia y salida del país.
Lo que hoy se observa en Bolivia es el reflejo de cómo los liderazgos populistas de raíz socialista utilizan la calle como mecanismo de presión cuando las instituciones republicanas les ponen límites. Morales, lejos de aceptar las reglas del juego democrático, vuelve a apoyarse en la violencia y la agitación para sostener su proyecto de poder indefinido.
Pero la situación se agrava aún más por la profunda interna que atraviesa el socialismo boliviano. El actual presidente Luis Arce, también del Movimiento al Socialismo, enfrenta una creciente crisis económica producto de políticas típicas del socialismo: alta inflación, escasez, control de precios y un cepo cambiario que limita el acceso al dólar. En este contexto, la disputa interna entre Evo Morales y Arce se ha convertido en una verdadera pelea de caudillos, donde cada facción busca apropiarse del botín de un Estado cada vez más señalado por sus vínculos con el narcotráfico y la corrupción estructural. El MAS, lejos de ser un partido unido por ideas, muestra su verdadera naturaleza: una coalición de intereses personales dispuestos a incendiar el país con tal de no perder poder.
La respuesta institucional del Estado boliviano ante estos hechos será clave: si cede ante la presión callejera, confirmará que en Bolivia el Estado de Derecho solo existe mientras no contradiga al caudillo de turno. Si sostiene su decisión, sentará un precedente contra el avance autoritario que amenaza con repetirse en toda América Latina bajo disfraces progresistas.
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