La Persecución a Bolsonaro: Alexandre de Moraes, el juez de la extrema izquierda que usa la Corte Suprema para quebrar la democracia
El caso Bolsonaro y la consolidación de la persecución política del gigante sudamericano por medio de una dictadura judicial
Brasil atraviesa un momento oscuro en su historia democrática. Mientras el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva intenta mostrarse ante el mundo como ejemplo de institucionalidad, pluralismo y defensa de los derechos humanos, puertas adentro despliega una maquinaria implacable destinada a destruir a su principal adversario político: Jair Bolsonaro.
Bajo una apariencia de legalidad, se desarrolla un proceso de persecución política que combina medidas judiciales arbitrarias, censura mediática, aislamiento personal y restricciones de libertad, incompatibles con cualquier república democrática. No es justicia: es venganza política, organizada desde las más altas esferas del poder.
El avance autoritario del Supremo Tribunal
Desde que Bolsonaro dejó la presidencia, en enero de 2023, fue blanco de múltiples investigaciones basadas en interpretaciones forzadas y sin pruebas contundentes. El juez Alexandre de Moraes, del Supremo Tribunal Federal (STF), se convirtió en el rostro visible de este avance. Lo que en una democracia madura se resolvería con garantías procesales y presunción de inocencia, en Brasil tomó forma de una cruzada persecutoria.
El hostigamiento escaló:
- 8 de febrero de 2024: allanamiento en su residencia.
- Julio de 2025: nuevo allanamiento por una causa vinculada a las elecciones de 2022.
- Prohibición de usar redes sociales y inhabilitación política por ocho años.
- 19 de julio de 2025: imposición de una tobillera electrónica, una medida simbólica para exhibirlo como delincuente y enviar un mensaje disciplinador a toda la oposición.
Censura y aislamiento: silenciar al líder opositor
El STF dio un paso más grave: prohibió a Bolsonaro dar entrevistas, opinar o defenderse públicamente. Se trata de una censura judicial con apariencia de legalidad pero contenido totalitario.
Como si fuera poco, se le prohibió mantener contacto con su hijo Eduardo Bolsonaro, figura clave en el armado político opositor. La persecución no apunta solo al expresidente: busca desmantelar todo lo que representa, incluso en su núcleo familiar.
El lawfare como norma, no como excepción
El Supremo Tribunal ha dejado de ser árbitro imparcial para convertirse en un actor político central, sin controles ni límites. Lo que ocurre en Brasil no es democracia: es la utilización de la justicia como arma para destruir políticamente a un sector entero.
Una democracia real se basa en la libertad de expresión, la independencia de poderes, la oposición libre y el respeto al debido proceso. Todos estos principios están siendo vulnerados.
El factor internacional: Estados Unidos interviene
El silencio de Lula contrasta con la reacción internacional: la administración de Donald Trump sancionó a Alexandre de Moraes y revocó las visas de varios miembros de su entorno. El secretario de Estado, Marco Rubio, acusó a Brasil de utilizar la justicia como herramienta de persecución política.
La respuesta oficial fue de hostilidad, calificando a EE.UU. como un “enemigo extranjero”. La tensión diplomática escaló, profundizando el deterioro en las relaciones bilaterales.
El Liberador, testigo de la persecución
Desde El Liberador damos fe de esta situación. Nuestros artículos son leídos en más de cien países gracias a sistemas automáticos de traducción digital (la palabra correcta es sistemas de traducción automática más que «algoritmos», aunque funcionan sobre algoritmos de IA). Esta difusión global nos permite contrastar la información y recibir reacciones de lectores de todo el mundo.
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Conclusión
Brasil está en una encrucijada. Seguir este camino significa consolidar un modelo autoritario disfrazado de democracia. Perseguir, censurar y aislar a un expresidente no fortalece las instituciones: las debilita, siembra miedo y destruye la convivencia democrática.
