El silencio por Jeremías tiene un porqué: Daniela Qüesta, exintendente de Santo Tomé es subsecretaria de niñez de Pullaro
l silencio del gobierno provincial y de la subsecretaria Daniela Qüesta frente al crimen de Jeremías Monzón no parece casual: huele a cálculo político, a protección de responsabilidades y a una decisión deliberada de “bajar el perfil” para que el caso no escale. ¿Qué intereses se están cuidando y por qué se evita dar explicaciones en un hecho que debería ser prioridad institucional?
El crimen de Jeremías Monzón no solo conmocionó a la sociedad santafesina: también dejó al descubierto un silencio político tan elocuente como inquietante. Frente a un hecho aberrante, cometido por menores y contra un menor, el gobierno provincial eligió callar. Y cuando el Estado calla, la pregunta no es solo qué pasó, sino por qué no se habla.
En el centro de ese mutismo aparece Daniela Qüesta, dos veces intendente de Santo Tomé entre 2015 y 2023 y, apenas dejó el cargo, rápidamente reubicada como subsecretaria de la Niñez de la Provincia. Un área sensible, estratégica, que en los discursos oficiales se presenta como defensora de derechos, protección y cuidado. Sin embargo, ante el asesinato de un niño en la ciudad que gobernó durante ocho años, no hubo palabras, ni gestos, ni explicaciones. Nada.
Ese silencio no parece casual. Abre, inevitablemente, un abanico de dudas.
¿Es más importante para el gobierno provincial sostener el relato de la seguridad que reconocer hechos que lo contradicen? ¿Se prioriza mostrar una provincia ordenada y controlada, aunque eso implique minimizar o directamente ocultar crímenes que exponen el fracaso de las políticas públicas?
Otra hipótesis remite a una vieja matriz ideológica: el garantismo que históricamente caracterizó al socialismo y a sus aliados, donde los delincuentes —especialmente si son menores— son presentados como víctimas del sistema. Bajo esa lógica, los hechos dejan de ser responsabilidad individual o institucional y pasan a diluirse en explicaciones abstractas que nunca derivan en decisiones concretas.
En esa línea, también aparece una incomodidad política que el oficialismo evita tocar. En 1989, en Hughes, ocurrió la muerte de Javier Romero (13), un caso que volvió a mencionarse públicamente en los últimos años: según el relato reconstruido por la familia, Maximiliano Pullaro (entonces adolescente) sacó un revólver calibre .22 que estaba sobre un ropero, lo cargó y, en el marco de un juego tipo “ruleta rusa”, se produjo el disparo que terminó con la vida del chico. La versión quedó durante décadas bajo la etiqueta de “accidente”, pero los Romero siempre denunciaron que no se investigó en serio: no hubo reconstrucción ni autopsia, e incluso cuestionan cómo se asentó la causa de muerte y los acuerdos posteriores. En ese contexto, es inevitable que surja la sospecha política: un gobernador que enarbola la seguridad y se mueve con discurso de “mano dura”, ¿puede empujar con comodidad la baja de imputabilidad sin que el debate vuelva, como un boomerang, sobre su propia biografía? Y para quienes creen que esta contradicción existe, el episodio suma otro dato: circula en redes un video en el que, tras el caso Jeremías, habría evitado firmar un petitorio a favor de la baja, pese a reclamarla en declaraciones públicas
Cualquiera sea la razón —o la combinación de varias—, el resultado es el mismo: opacidad, silencio y una sensación creciente de que la política se protege a sí misma antes que responder a la sociedad.
La trayectoria de Daniela Qüesta refuerza esa percepción. Tras ocho años al frente del municipio de Santo Tomé, su rápido pase a una subsecretaría provincial no parece hoy orientado a cumplir una función activa, sino a acompañar el silencio. A no incomodar. A no preguntar. A no hablar. A convertirse, de hecho, en parte de una maquinaria estatal que elige ocultar antes que explicar.
Así funciona la casta política: se recicla, se protege y se encierra en su propio circuito de intereses. Mientras tanto, la sociedad queda del otro lado, reclamando respuestas que no llegan.
Porque cuando un niño es asesinado y quienes deben dar la cara deciden callar, el problema ya no es solo el crimen. El problema es un Estado que elige no ver, elige no hablar y elige no actuar. Y esa elección, lejos de ser neutral, deja una marca profunda en la confianza pública y en la idea misma de justicia.a frente a la violencia que atraviesa a sus propios menores, no es neutral: falla. Y esa falla también deja marcas.
