EE.UU. endurece su discurso contra Maduro: narcodictadura, ilegitimidad y llamado al cambio democrático
Estados Unidos redobla la presión internacional contra el régimen de Nicolás Maduro, al que califica de narcodictadura ilegítima. Con acusaciones formales, recompensas millonarias y apoyo explícito a la oposición venezolana, Washington busca acelerar el cambio político en Caracas y marcar una nueva etapa en la política hemisférica.
En las últimas horas, Marco Rubio, secretario de Estado de los Estados Unidos, y el presidente Donald Trump han intensificado sus declaraciones contra el régimen de Nicolás Maduro, describiéndolo nuevamente como ilegítimo, criminal y vinculado al narcotráfico internacional.
Rubio afirmó: “Maduro no es el presidente de Venezuela y su régimen no es el gobierno legítimo”. Además, lo acusó de ser “el jefe del Cartel de Los Soles”, una organización narcoterrorista que, según él, ha tomado el control de todo un país. También recordó que Maduro enfrenta cargos en Estados Unidos por tráfico de drogas.
Por su parte, el presidente Trump, en una entrevista reciente, declaró: “Venezuela sigue enviando drogas a nuestro país. Han sido muy sucios. Y no podemos dejar que eso pase”. Varios medios tradicionales retomaron el término “narcodictadura” como una caracterización central del régimen de Caracas.
En línea con esta narrativa, la Administración para el Control de Drogas de EE.UU. (DEA) publicó un nuevo comunicado reafirmando su postura: ofreció una recompensa de hasta 25 millones de dólares por información que conduzca a la captura o condena de Nicolás Maduro. La agencia recordó que el mandatario venezolano enfrenta acusaciones por conspiración de narcotráfico, importación de cocaína a Estados Unidos y uso de armas en apoyo de actividades criminales.
Esta medida forma parte de una ofensiva más amplia del gobierno estadounidense contra el llamado Cartel de los Soles, recientemente designado como organización terrorista internacional por el Departamento del Tesoro. En ese contexto, Maduro es señalado como uno de sus principales líderes, junto a otros altos funcionarios del régimen. El anuncio de la DEA incluyó canales de contacto para quienes colaboren con información confidencial, dejando claro que Washington no cesará en sus esfuerzos hasta lograr su arresto.
Asimismo, la Embajada de EE.UU. en Venezuela compartió un mensaje directo al pueblo venezolano: “Maduro y su régimen criminal no durarán para siempre, y la tierra de Bolívar volverá a ser democrática y libre”. Este mensaje refuerza la postura de Washington a favor de un cambio político en Venezuela, legitimando implícitamente a la oposición interna y externa que busca una transición democrática.
Estas declaraciones se enmarcan en un contexto particularmente sensible: las elecciones municipales celebradas en Venezuela el 27 de julio de 2025. El proceso fue calificado como una “farsa electoral” por amplios sectores de la comunidad internacional y la oposición, debido al fraude, la alta abstención, la falta de garantías democráticas, la exclusión de actores opositores relevantes y la represión mediática.
Según reportes de medios tradicionales, los comicios evidenciaron la profunda desconexión entre el oficialismo y la ciudadanía, con centros de votación vacíos y sin actas verificables. La oposición democrática decidió no participar, denunciando la inexistencia de condiciones mínimas para una elección libre.
A su vez, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa de Venezuela reportó al menos diez casos de hostigamiento a periodistas durante la cobertura electoral, lo que refuerza las denuncias sobre censura y control autoritario por parte del régimen. En este marco, la embajada estadounidense intensificó su mensaje, alineándose con los líderes opositores y reiterando su respaldo a la restauración democrática en el país.
Este conjunto de declaraciones y acciones refleja un claro endurecimiento del discurso oficial de Estados Unidos hacia el régimen de Maduro. La coordinación entre legisladores, agencias federales, diplomacia oficial y la Casa Blanca pone de relieve un frente comunicacional sólido, orientado a deslegitimar internacionalmente al gobierno venezolano y a aumentar la presión hacia un cambio de régimen.
Esta postura se desarrolla en un escenario en el que Venezuela ha vuelto al centro de la atención global, en medio de acusaciones por violaciones sistemáticas a los derechos humanos, comicios sin garantías y vínculos con estructuras criminales transnacionales.
Aunque estas manifestaciones aún no implican un cambio formal en la política exterior estadounidense, proyectan una visión unificada: Nicolás Maduro no es reconocido como un actor legítimo, y su permanencia en el poder representa un obstáculo directo para la democracia, la seguridad hemisférica y la estabilidad regional.
