Honduras hacia el modelo Maduro: Xiomara Castro va a elecciones bajo estado de excepción y sospechas de fraude
A una semana de las elecciones del 30 de noviembre, Honduras llega a las urnas con garantías constitucionales suspendidas, denuncias de manipulación electoral y una presidenta de izquierda alineada con el eje Maduro–Ortega. Organismos internacionales, el Congreso de Estados Unidos y plataformas democráticas de la región alertan que Xiomara Castro está copiando el manual de los “narcodictadores” latinoamericanos para perpetuar a su clan en el poder.
Elecciones bajo estado de excepción y con el ejército sobre las urnas
Honduras votará el 30 de noviembre en un contexto que difícilmente pueda llamarse “normal”: el gobierno de Xiomara Castro decidió mantener vigente el estado de excepción durante todo el proceso electoral, una medida que rige desde diciembre de 2022 y que ya fue prorrogada más de veinte veces, al punto de sumar cerca de tres años con derechos suspendidos.
Bajo ese régimen, se limitan libertades básicas como:
- la libertad de reunión,
- la libertad de circulación,
- y el ejercicio pleno de derechos políticos y civiles.
Organizaciones de la sociedad civil hondureña y entidades internacionales de derechos humanos han advertido que sostener este esquema en pleno proceso electoral erosiona la legitimidad del voto y desalienta la participación ciudadana.
La preocupación escaló cuando el jefe militar Roosevelt Hernández anunció que el ejército solicitaría copias de las actas electorales para su propia revisión, una medida que fue criticada como una extralimitación de funciones y un paso hacia la tutela militar del proceso electoral. La propia Xiomara Castro respaldó este esquema de custodia militar del material electoral, mientras la OEA y otros actores internacionales marcan su inquietud por la falta de condiciones adecuadas para comicios transparentes.
En paralelo, el gobierno ha impulsado reformas políticas y decisiones legislativas que, según la oposición, buscan controlar o desfigurar el funcionamiento del Congreso y los órganos electorales, agregando más combustible a la crisis de confianza.
Xiomara Castro: del relato “antigolpe” a copiar el modelo de los regímenes autoritarios
Xiomara Castro llega a esta elección como referente de la izquierda regional y cabeza del partido LIBRE, un espacio fuertemente identificado con el socialismo del siglo XXI y el legado político de su esposo, el ex presidente Manuel “Mel” Zelaya, aliado histórico de Hugo Chávez.
Durante años, la narrativa de Castro se apoyó en dos ejes:
- la denuncia del golpe de Estado de 2009 contra Zelaya,
- y los fraudes electorales de 2013 y 2017, cuando la propia Xiomara y luego la oposición denunciaron manipulación del resultado.
Sin embargo, el cuadro actual muestra una paradoja inquietante: hoy es su propio gobierno el acusado de montar el terreno para un fraude bajo la coartada de “defender la democracia” frente a un supuesto “golpe electoral” de la oposición. Castro ha denunciado públicamente una conspiración para “secuestrar la soberanía popular”, mientras multiplica herramientas de control sobre el proceso que, en los hechos, concentran poder en el Ejecutivo, los militares y su propio partido.
Advertencia desde Washington: Honduras “camina hacia la vía autoritaria de Venezuela y Nicaragua”
La gravedad de la situación ya no es solo un tema interno. El Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos publicó un pronunciamiento donde afirma que Honduras “tiende hacia la vía autoritaria adoptada por Venezuela y Nicaragua” bajo el liderazgo de Xiomara Castro.
Entre los puntos señalados por el Comité se destacan:
- la concentración de poder en el partido LIBRE, dominado por la familia Zelaya,
- el uso de mecanismos políticos para obstaculizar procesos democráticos, como licitaciones electorales,
- la crisis deliberada en el Consejo Nacional Electoral previa a los comicios,
- y la decisión del gobierno de poner en cuestión el tratado de extradición con Estados Unidos, clave para perseguir al narcotráfico, al tiempo que se estrechan lazos con el régimen de Nicolás Maduro.
Además, una investigación periodística reveló videos donde Carlos Zelaya, cuñado de la presidenta y figura central del oficialismo, aparece vinculado a pagos de narcotraficantes en 2013 para favorecer la carrera política de la familia. Esos registros, difundidos en 2024, refuerzan la percepción de contaminación narco en el círculo íntimo del poder.
No se trata solo de un conflicto ideológico: hay un patrón de alianzas y connivencia con economías ilícitas que recuerda demasiado al modelo de los “narcodictadores” de la región.
Denuncias desde la región: golpe electoral y protección al cartel de Maduro
Las alarmas no vienen solo de Estados Unidos. El Foro Madrid, una plataforma iberoamericana de defensa de la democracia frente al socialismo del siglo XXI, denunció que el matrimonio Zelaya–Castro estaría preparando un “golpe electoral” para sabotear las elecciones del 30 de noviembre, con el objetivo de perpetuarse ilegalmente en el poder y proteger los intereses del Cártel de los Soles, la red de narcotráfico asociada al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela.
En paralelo, diversos informes académicos y periodísticos ya habían señalado la sintonía automática de Xiomara Castro con las reelecciones ilegítimas y los fraudes del chavismo, destacando cómo fue de las primeras en felicitar y legitimar nuevas “victorias” de Maduro que buena parte del mundo considera amañadas.
La foto de conjunto es nítida:
- un gobierno de izquierda radical,
- alineado con los regímenes autoritarios de la región,
- con acusaciones de narco–connivencia en su entorno familiar,
- y que llega a las elecciones con el ejército sobre el proceso, el estado de excepción permanente y organismos internacionales advirtiendo por el riesgo de fraude.
Tres años de estado de excepción: de herramienta temporal a sistema de gobierno
Lo que en 2022 fue presentado como una medida de emergencia “focalizada” para combatir el crimen organizado y las maras, hoy se parece más a una forma de gobernar sin contrapesos.
El estado de excepción, decretado en diciembre de 2022, ha sido prorrogado más de veinte veces y se proyecta hasta fines de 2025, superando los 1.000 días con derechos restringidos.
Organismos como la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos y entidades de la sociedad civil hondureña han denunciado:
- abusos policiales,
- detenciones arbitrarias,
- hostigamiento a periodistas y defensores de derechos humanos,
- y un clima de miedo funcional al control político.
Lejos de restablecer la seguridad, el estado de excepción se vuelve el marco jurídico ideal para disciplinar a la oposición y a la prensa, con la excusa de combatir el delito.
Un patrón regional: más Estado, menos libertad, más poder para los mismos
Desde una mirada liberal–libertaria, lo que ocurre hoy en Honduras encaja perfectamente en el manual del socialismo autoritario latinoamericano:
- primero, se presenta un proyecto de “refundación” progresista, supuestamente en nombre de los pobres;
- luego, se avanza sobre las instituciones con reformas hechas a medida del gobierno;
- después, se invocan amenazas internas o externas para justificar estados de excepción, militarización y recortes de libertades;
- finalmente, el poder se consolida alrededor de un clan político con vínculos preocupantes con la economía del narcotráfico y regímenes como los de Maduro u Ortega.
Honduras no es una excepción aislada: es un eslabón más de la cadena que une:
- Cuba,
- Venezuela,
- Nicaragua,
- y ahora gobiernos de izquierda que, sin ser dictaduras abiertas todavía, recorren el mismo camino.
Lo que está en juego
Lo que se define el 30 de noviembre en Honduras no es sólo quién ocupará la presidencia. Lo que se pone en juego es si el país:
- acepta normalizar elecciones sin garantías,
- tolera un estado de excepción permanente como forma de gobierno,
- y se resigna a que su democracia sea administrada desde un eje de narcodictadores y aliados autoritarios que usan el discurso de la “soberanía” para blindar sus negocios y su impunidad.
Desde una perspectiva de libertad individual y Estado limitado, la advertencia es evidente:
cada prórroga del estado de excepción, cada maniobra sobre el árbitro electoral y cada guiño al chavismo acercan a Honduras un paso más al modelo venezolano.
Y como siempre, mientras la política juega con la democracia, quienes pagan el costo son los mismos: los hondureños que trabajan, producen y quieren vivir en un país donde el voto valga más que el capricho de un clan instalado en el poder.
