Aleart a El Liberador: «Unidos descubrió el problema de los trapitos cuando apareció La Libertad Avanza»
En diálogo con El Liberador, Juan Pedro Aleart defendió la prohibición de los cuidacoches, cuestionó la inacción del oficialismo y sostuvo que las multas actuales “no sirven para nada” porque no se cobra ninguna. Su planteo va más allá del eslogan: propone arresto para reincidentes, denuncia penal obligatoria cuando haya delito y una ordenanza propia de Rosario. Del otro lado, quedan expuestos quienes durante años convivieron con el problema o incluso buscaron integrar a los trapitos al sistema municipal.
Rosario discute por estas horas algo mucho más profundo que un simple tema de tránsito. Lo que está en debate es si la ciudad va a seguir aceptando que el espacio público quede en manos de grupos que, bajo la excusa de “cuidar” autos, operan muchas veces como una estructura de coerción callejera, o si por fin se va a poner del lado del vecino que trabaja, circula y estaciona sin querer pagar un peaje del miedo.
Porque ésa es la verdad que durante años la política local prefirió no decir: el auto, en la enorme mayoría de los casos, estaría bien si el trapito no estuviera ahí. El riesgo aparece justamente cuando aparece él. Cuando se niega el pago. Cuando el conductor decide no entregar plata. Ahí llega la amenaza velada, el apriete, la posibilidad de un rayón, un espejo roto o algo peor. No es “cuidado”. Es extorsión con estética de informalidad.
En diálogo con El Liberador, Juan Pedro Aleart fue directo a ese punto y también a otro que incomoda al oficialismo: durante años gobernaron la ciudad y tuvieron mayoría política, pero nunca resolvieron el problema. Según planteó, recién ahora, con la llegada de La Libertad Avanza y con la prohibición de cuidacoches instalada como bandera de campaña, el resto del sistema político empezó a moverse. Aleart remarcó que el oficialismo “tuvo mayoría durante años” y que “podrían haberlo sacado hace un montón y no lo hicieron”, para después agregar que la reacción llegó “justo al año siguiente, cuando asume La Libertad Avanza en los órganos legislativos”.
Ese señalamiento pega donde duele porque expone el oportunismo de un enjambre de partidos que no gobierna con convicciones, sino persiguiendo el clima de época. La Capital informó que hoy conviven en el Concejo al menos siete iniciativas sobre trapitos: algunas van por la prohibición y otras por el registro, la identificación y la “inserción sociolaboral”. Es decir, Rosario todavía discute entre el orden y la administración del desorden.
La línea de Aleart, en cambio, es mucho más clara. En la charla con El Liberador sostuvo que el actual sistema municipal fracasó porque se limita a aplicar multas económicas que no cambian nada. Incluso contó que, ante una pregunta suya, el propio secretario de Control reconoció que el municipio no cobró ni una sola de esas multas. “Lo que hay hoy no sirve para nada”, resumió Aleart, antes de insistir con que las sanciones económicas “no sirven para nada” porque “no las pagan”.
Y ahí aparece el corazón de su propuesta. Aleart distingue dos planos. Cuando hay amenaza, daño, extorsión o agresión, debe intervenir la justicia penal provincial. Pero cuando no hay delito penal consumado, aunque sí una violación reiterada de la prohibición municipal, sostiene que Rosario tiene que darle al juez de faltas una herramienta real para actuar. Según explicó a El Liberador, si el cuidacoche es retirado una y otra vez y vuelve al mismo lugar, la reiterancia no puede seguir resolviéndose con un simple acta. Por eso propone arresto como sanción municipal en determinados casos, con debido proceso y defensa, y además reclama que el municipio no deje solo al vecino, sino que denuncie penalmente y empuje las causas cuando haya delitos.
Incluso fue un paso más allá frente a la objeción habitual de la falta de lugar en cárceles: planteó que esa dificultad puede resolverse con tobilleras electrónicas u otras variantes de cumplimiento, y dejó en evidencia una contradicción del oficialismo. Porque si desde otros sectores también piden arresto en el plano provincial, el problema logístico es exactamente el mismo para todos. La diferencia es que Aleart quiere que Rosario deje de esconderse detrás de excusas competenciales y asuma su parte.
En esa misma línea, Aleart también fue tajante sobre la discusión jurídica. Dijo que Rosario debe dictar sus propias normas y rechazó la idea de que alcance con adherir a una eventual ley provincial. En sus palabras, si la ciudad se limita a adherir sin legislar por sí misma, entonces cabe preguntar “¿para qué nos eligieron?”. No es un detalle técnico: es una discusión sobre autonomía, responsabilidad política y voluntad de gobernar.
La referencia provincial existe y es importante. El Senado santafesino ya dio media sanción al proyecto impulsado por Ciro Seisas, que incorpora la prohibición de la actividad al Código de Convivencia y prevé penas que pueden llegar al arresto, además de habilitar la actuación de oficio de policías y municipios. El propio Seisas lo presentó como una respuesta para una sociedad “cansada de ser rehén de la extorsión”.
Pero Aleart le marcó a El Liberador otro punto político: reconoce que Seisas presentó su proyecto el año pasado, pero subraya que lo hizo después de que La Libertad Avanza hubiera instalado la prohibición de los cuidacoches como eje de campaña, cuando ellos todavía ni siquiera habían asumido y por lo tanto no podían presentar iniciativas propias. La lectura libertaria es clara: el oficialismo no lideró la agenda, la siguió.
Ese contraste se vuelve todavía más fuerte cuando se revisan los antecedentes de la política rosarina frente a los trapitos. En 2016, RosarioPlus reconstruyó dos caminos opuestos: mientras sectores del PRO hablaban de prohibir, Ciudad Futura, con Juan Monteverde entre sus referentes, proponía crear un “Programa Social de Estacionamiento Cuidado” para incorporar a los cuidacoches a un sistema municipalizado, con registro, monotributo social y reparto de la recaudación entre el municipio y los propios trabajadores informales. No era terminar con la lógica del trapito: era formalizarla para hacer negocio con ellos.
Y ahí aparece la fractura ideológica de fondo. Para el liberalismo, la ley existe para proteger al ciudadano frente a la coacción, no para convertir en política pública una práctica nacida de la apropiación irregular del espacio público. En cambio, el reflejo estatista de Rosario durante años fue exactamente el contrario: cuando no pudo resolver el abuso, intentó regularlo; cuando no pudo erradicar la extorsión informal, buscó administrarla; cuando no supo cómo recuperar la calle, amagó con darle credencial, padrón y caja.
Por eso el “plan Aleart” incomoda tanto. Porque no ofrece una convivencia prolija con el problema, sino una impugnación frontal. No acepta que el trapito sea un trabajador urbano más. No compra la idea romántica del excluido que presta un servicio. Y no se suma al verso municipal de las mesas de diálogo eternas mientras el vecino sigue quedando a merced del miedo. Lo que propone es algo mucho más elemental: que la calle vuelva a ser de los rosarinos y no de quienes la ocupan para cobrar por no hacer daño.
