Rosario: confirman la prisión preventiva del financista Pablo Arcamone por estafas millonarias con el Grupo América
La Justicia rosarina decidió mantener detenidos al financista Pablo Arcamone, director del Grupo América, y a su socio Martín Fernández, acusados de al menos 13 estafas por un monto estimado en 1,3 millones de dólares y de lavado de activos. El juez Fernando Sosa prorrogó la prisión preventiva hasta mediados de diciembre, mientras la Fiscalía avanza sobre un entramado de negocios financieros, inmobiliarios y mutuales que habría captado los ahorros de más de 40 víctimas.
Un financista “estrella” que terminó tras las rejas
La resolución se tomó en el marco de una audiencia de revisión de medidas cautelares, donde el juez de Primera Instancia Fernando Sosa dispuso que tanto Pablo Arcamone –director del Grupo América– como el contador Martín Fernández sigan detenidos bajo prisión preventiva hasta mediados de diciembre, al considerar que persisten riesgos procesales y la gravedad de los delitos atribuidos.
Arcamone había sido imputado el 20 de agosto por la Fiscalía Regional de Rosario por presuntas estafas a más de 40 personas y por lavado de activos, en el marco de una causa por “estafas millonarias” que, según la acusación, involucra al menos 13 maniobras fraudulentas por un perjuicio total de 1,3 millones de dólares.
El financista fue detenido el 14 de agosto de 2025 en una oficina ubicada en Córdoba 1365, en pleno microcentro rosarino, tras una serie de allanamientos ordenados por el fiscal Sebastián Narvaja, de la Unidad de Delitos Económicos Complejos.
Cómo funcionaba el esquema: terrenos fantasma, mutuales y “mesa de dinero”
De acuerdo a la investigación del Ministerio Público de la Acusación (MPA), el entramado que se le atribuye a Arcamone y Fernández combinó negocios legales, irregulares e ilegales, todos bajo la paraguas societaria del Grupo América.
Según la Fiscalía:
- A las víctimas se las habría captado con promesas de inversiones seguras y operaciones inmobiliarias, en especial la compra de terrenos que nunca se entregaban pese a los pagos o señas realizadas.
- El Grupo América habría montado un esquema de fachadas empresariales: oficinas prolijas en zonas céntricas, páginas web, imagen corporativa y diversificación de “unidades de negocio” que daban apariencia de solvencia y formalidad.
- La Asociación Mutual Pedro de Mendoza, donde los acusados tenían roles directivos, fue utilizada –según Narvaja– como vehículo central de captación de ahorros, presentándose como entidad regular y confiable, mientras en paralelo se desviaban fondos hacia una “mesa de operaciones” no registrada, dedicada al cambio de divisas y manejo de dinero por fuera de los controles.
En este contexto, la Fiscalía sostiene que el Grupo América construyó “múltiples vehículos jurídicos y societarios —sociedades, mutuales, fideicomisos, plazos fijos— con doble finalidad: proyectar una imagen empresarial sólida y, al mismo tiempo, habilitar canales para desviar el dinero de los ahorristas y cortar su trazabilidad”.
Operativos, dinero secuestrado y un arma en la oficina
Los allanamientos realizados en oficinas del centro de Rosario —entre ellas, locales en la Galería Hermes de Córdoba 1365 y otro en Rioja al 300— y en el domicilio del financista permitieron secuestrar una importante cantidad de elementos:
- Más de 90 millones de pesos,
- 58.800 dólares,
- 5.900 euros,
- 27.000 reales,
- 39 teléfonos celulares,
- 13 computadoras, servidores y dispositivos de almacenamiento,
- Documentación empresarial y una billetera fría para criptomonedas,
- Y una pistola Glock calibre 9 mm con 270 municiones.
Según la acusación, estos elementos son clave para reconstruir el recorrido del dinero, identificar eventuales ramificaciones del esquema e incluso determinar si hubo participación de otras personas o entidades en la presunta asociación ilícita.
Ahorristas desprotegidos y controles que llegan tarde
El caso Arcamone vuelve a exponer un problema recurrente en Rosario y en buena parte del sistema financiero argentino: la fragilidad de los ahorristas frente a estructuras opacas que se visten de “seriedad empresaria” pero operan en la frontera —o directamente por fuera— de la ley. No es la primera vez que un esquema de este tipo explota tras años de incumplimientos y promesas de rentabilidad, y los medios locales ya hablan de una “saga” de financistas estafadores en la ciudad.
Mientras la Justicia avanza —esta vez con una prisión preventiva prolongada y con inhibición de bienes e inmovilización de fondos del Grupo América y sus socios—, las víctimas siguen esperando respuestas concretas sobre si podrán recuperar, aunque sea en parte, los ahorros que confiaron a un grupo que se presentaba como profesional, regulado y solvente.
El desafío para el sistema institucional es doble:
- Perseguir y sancionar con firmeza las estafas privadas, y
- Revisar por qué los organismos de control —reguladores, fiscalizadores y supervisores— reaccionan casi siempre cuando el daño ya está hecho y los ahorristas quedaron a la intemperie.
En esa brecha, los Arcamone de turno encontraron el espacio perfecto para operar durante años. Hoy, al menos, la Justicia decidió que lo harán desde una celda y no desde una oficina vidriada en el microcentro.
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