Juan Carlos Molina y Fundación Valdocco: el sacerdote kirchnerista denunciado de liderar una red de trata de niños es ahora diputado nacional
Crecen las denuncias contra Juan Carlos Molina: trata de menores, fraude educativo y desvío de fondos, mientras ocupa una banca como diputado nacional.
Juan Carlos Molina, ex sacerdote, fundador de la organización Fundación Valdocco y recientemente jurado como diputado nacional por Santa Cruz, está situado en el centro de una polémica que crece día a día. Además de la causa federal por presunta trata de personas, traslado irregular de menores, falsificación de documentación, asociación ilícita y defraudación al Estado, hay investigaciones paralelas en varias provincias por malversación de fondos públicos, doble percepción de salarios, irregularidades administrativas y un manejo opaco de subsidios destinados a la educación.
Traslados y situación de menores: denuncias federales más firmes
Las denuncias oficiales presentadas ante la Justicia de Santa Cruz indican que Molina habría encabezado una red que trasladaba niños y adolescentes, principalmente de comunidades indígenas wichí del norte chaqueño, hacia sedes de Valdocco en Cañadón Seco, Santa Cruz. Los traslados se realizaban:
- con documentación adulterada o incompleta,
- sin intervención de organismos de protección de menores,
- ni autorizaciones judiciales válidas.
El establecimiento denunciado, identificado como “Casa Pibes de la Patagonia” en Cañadón Seco, fue sometido a inspección ocular por orden de una jueza de familia; la intervención incluyó a varias áreas estatales: Educación, Niñez, Desarrollo Social, Salud, Policía y organismos de protección de menores.
Según el gobierno provincial de Santa Cruz, la Justicia está investigando “la procedencia de los menores” alojados allí, lo que pone en duda la legalidad de los traslados y la situación de los chicos.
Fraude educativo, sueldos irregulares y fondos públicos desviados
Desde fines de 2024 hasta 2025, se detectó un esquema sistemático de irregularidades: un total de 85 personas, incluido Molina, figuraban cobrando sueldos en simultáneo en Santa Cruz y Chaco a través de Valdocco. En muchos casos se trataba de:
- docentes que ni residían ni trabajaban en Chaco,
- personas que figuran en nóminas pero no pueden ser ubicadas.
La denuncia presentada en 2024 estima que el perjuicio al Estado podría superar los 10.000 millones de pesos, considerando:
- salarios múltiples,
- personal fantasma,
- cargos inflados,
- beneficios por programas sociales inexistentes.
El gobierno del Chaco clausuró definitivamente la Unidad Educativa de Gestión Privada N°144 dependiente de Valdocco, sedes en General Vedia y Comandancia Frías, luego de constatar:
- graves irregularidades administrativas,
- falta de documentación docente,
- ausencia de estudiantes efectivos,
- y omisión de rendiciones de cuentas.
Incluso se detectaron casos de personas que presentaron “constancias de título en trámite” emitidas por Valdocco para postularse como docentes, pero esos certificados fueron declarados inválidos por las autoridades educativas de Chaco.
Desproporción en matrícula vs docentes, y dudosa gestión de beneficiarios
En inspecciones oficiales surgió que la fundación había declarado más de 200 menores como beneficiarios de sus programas, asistencia, vivienda/residencia, subsidios educativos, cuando en la realidad las estadísticas mostrarían apenas unas decenas efectivas, lo que sugiere:
una inflación de nóminas de beneficiarios para justificar subsidios estatales.
Esta sobredimensión afecta también al personal docente: hubo denuncias que señalan que había más docentes “de papel” que alumnos reales, lo que no solo representa un despilfarro de recursos públicos, sino un posible uso ficticio de planillas.
Estado institucional y legal: denuncias cruzadas, clausuras y causas judiciales
En noviembre de 2025, el gobierno chaqueño:
- clausuró la fundación en su territorio,
- suspendió los fondos destinados a ella,
- y dio de baja los cargos docentes.
Todo esto tras constatar que gran parte del personal cobraba sin residir allí ni cumplir tareas reales.
En Santa Cruz, las causas por presunta malversación de fondos, fraude, asociación ilícita y trata se consolidan en el juzgado federal de Caleta Olivia, con una presentación penal formal contra Molina por:
- traslado irregular de menores,
- falsificación de documentos,
- defraudación al Estado.
Los gobiernos provinciales cuestionan la imposibilidad de auditar la fundación: sus mandatos estarían vencidos desde 2023, y Valdocco habría rechazado reiterados pedidos de inspección de la Inspección General de Personas Jurídicas.
Gravísimas denuncias sobre la protección (o falta de ella) de los menores
Fuentes del expediente describen que muchos de los menores trasladados desde Chaco estaban alojados en la “Casa Pibes de la Patagonia” en entornos aislados, rurales, sin infraestructura de salud, sin educación formal ni supervisión social. Eso, sumado a la irregular documentación de traslado y de identidad, encendió alarmas respecto a posibles redes de explotación de menores bajo la fachada de “asistencia social”.
El relevamiento oficial detectó que en algunos casos:
- los niños permanecían allí sin vínculo familiar,
- sin tutor legal visible,
lo que implica una violación directa de normas de protección de la infancia y agrava la pena potencial que podrían enfrentar los responsables si se comprueban los hechos.
Un escándalo integral
Si las denuncias prosperan, estaríamos frente a un esquema integral donde confluyen:
- trata de menores,
- explotación,
- desvío de fondos públicos,
- corrupción educativa,
- uso sistemático de subsidios sociales de modo irregular.
Esa combinación —menores vulnerables, fondos estatales, residencias privadas y control político— convierte el caso en uno de los más graves escándalos institucionales de los últimos años.
El acusado hoy es diputado nacional
Que el principal acusado hoy ocupe una banca nacional no solo agrava el escenario: lo vuelve casi obsceno. Con fueros que funcionan como blindaje político, capacidad de presión institucional y redes de protección que llegan hasta el último escalón del poder kirchnerista, la posibilidad de un avance judicial real corre el riesgo de transformarse en una utopía.
