La captura de Maduro expone la hipocresía de la ONU y la izquierda internacional
La captura de Nicolás Maduro no sólo expuso el derrumbe moral de un régimen acusado de corrupción, violaciones sistemáticas de derechos humanos y destrucción económica: también dejó al descubierto la doble vara de la ONU y de la izquierda internacional, que nunca levantaron la voz con la misma fuerza cuando el chavismo reprimía, encarcelaba opositores, falseaba elecciones y empujaba al exilio a millones de venezolanos.
La detención de Nicolás Maduro por parte de fuerzas estadounidenses no abrió simplemente una discusión diplomática. Desnudó algo mucho más profundo y vergonzoso: el doble estándar de la ONU y la izquierda internacional que durante años normalizaron una dictadura criminal y hoy se muestran indignados… no por las víctimas, sino por el destino del verdugo.
Mientras el Consejo de Seguridad de la ONU convoca sesiones de emergencia, redacta comunicados cautelosos y se preocupa por la “soberanía venezolana”, millones de exiliados, presos políticos, familias fracturadas y víctimas de tortura reciben la noticia como un gesto mínimo de justicia atrasada.
Maduro fue trasladado a Nueva York, donde enfrentará un proceso judicial por conspiración para cometer narcoterrorismo, tráfico internacional de cocaína y tenencia de armas de guerra. La causa, radicada en el Distrito Sur de Nueva York, señala a Maduro como la cabeza de una estructura criminal de alcance transnacional identificada por Washington como el Cártel de los Soles.
Pero los cargos por narcotráfico no representan el único frente judicial que enfrenta el chavismo. Desde hace años, el régimen es objeto de investigaciones internacionales por gravísimas violaciones a los derechos humanos y posibles crímenes de lesa humanidad.
En 2018, la Corte Penal Internacional (CPI) abrió la investigación conocida como “Situación Venezuela I”, que abarca delitos presuntamente cometidos a partir de 2014. El examen preliminar comenzó tras la remisión conjunta de seis países de América Latina y, en marzo de 2024, la Sala de Apelaciones confirmó la continuidad del proceso, rechazando los intentos del gobierno venezolano por frenar la investigación o trasladarla al ámbito judicial interno.
Las actuaciones de la CPI se sostienen en informes, testimonios y evidencias que describen un patrón sostenido de represión política contra opositores, periodistas, activistas y ciudadanos críticos del régimen. El fiscal de la CPI, Karim Khan, afirmó que existen “bases razonables para concluir que se cometieron crímenes de lesa humanidad en Venezuela”, de una gravedad tal que requieren investigación y enjuiciamiento internacional, al considerar que el aparato judicial del país no ofrece garantías reales de verdad y justicia.
Los hallazgos de la Fiscalía documentan persecuciones políticas, detenciones arbitrarias, torturas y violencia sexual, perpetradas principalmente por fuerzas estatales y grupos parapoliciales alineados al gobierno, con indicios que vinculan a altas jerarquías del poder. De acuerdo con la investigación, desde al menos abril de 2017, miles de venezolanos fueron detenidos sin fundamentos legales, sometidos a interrogatorios violentos y condiciones inhumanas de reclusión; cientos denunciaron torturas y abusos sexuales, incluyendo casos de violación.
Khan detalló que las víctimas describieron prácticas como golpizas reiteradas, asfixia, simulacros de ahogamiento y descargas eléctricas, aplicadas durante períodos prolongados de detención. Para la Fiscalía, estos hechos no fueron episodios aislados, sino parte de un ataque sistemático contra la población civil, enmarcado en una política de Estado que fue, como mínimo, tolerada o avalada por el gobierno venezolano, y ejecutada por organismos de seguridad con apoyo de grupos progubernamentales.
La ONU se escandaliza por la operación, pero guardó silencio ante el horror
En Nueva York, varias delegaciones advirtieron que la operación militar estadounidense “sienta un precedente peligroso”. Algunos embajadores hablaron de “intervención unilateral”, otros pidieron “respeto al orden internacional”.
Pero la pregunta es inevitable:
¿Dónde estaban esas voces cuando Maduro llenaba cárceles de inocentes, cerraba medios, manipulaba elecciones y reprimía protestas a sangre y fuego?
La ONU multiplicó misiones, informes, observaciones… pero nunca logró frenar la maquinaria represiva que dejó:
- 36.800 víctimas de tortura
- 18.305 detenidos políticos
- 468 asesinados en protestas
- 8 millones de exiliados
- 400 medios censurados
- 90% de pobreza (50% extrema)
- Salario mínimo de $3 USD
Durante años, el régimen desafió resoluciones, burló mediaciones y usó el diálogo como táctica para ganar tiempo. Sin embargo, la mayor urgencia de muchos cancilleres aparece ahora: cuando cae el dictador, no cuando caían las víctimas.
¿Por qué la izquierda no habló de “derecho internacional” cuando Maduro manipuló elecciones?
La reacción de los sectores de la izquierda que hoy invocan solemnemente la “legalidad internacional” ante la captura de Maduro contrasta con años de silencio, relativización y neutralidad cómplice frente a hechos infinitamente más graves que sí afectaron derechos fundamentales: el fraude electoral, la represión sistemática, la censura, la persecución política y el saqueo masivo del patrimonio público.
Cuando el chavismo amañó elecciones, inhabilitó opositores, controló tribunales, usó a las fuerzas represivas contra civiles y vació empresas estatales para enriquecer a una élite, no hubo escándalo diplomático equivalente. Nadie habló entonces de violaciones a la “legalidad democrática interna”, ni de la obligación ética del sistema internacional de proteger a los ciudadanos frente a su propio Estado.
El principio de no intervención fue usado como escudo retórico para no confrontar a un aliado ideológico y para evitar costos políticos. La ONU produjo informes, sí, pero careció de voluntad para traducirlos en acciones. Y buena parte de la izquierda global eligió mirar para otro lado antes que admitir que el chavismo había derivado en un régimen autoritario, corrupto y criminal.
Hoy, cuando el dinero robado aparece en bancos extranjeros y un líder acusado de narcotráfico y corrupción enfrenta tribunales, de repente resurgen los guardianes de la legalidad. Pero esa legalidad jamás defendió a los venezolanos que fueron presos, exiliados, empobrecidos o expulsados de su país.
Hablaron de “golpe imperialista”, de “agresión externa”, de “secuestro de un presidente legítimo”.
Ninguno explicó por qué un “presidente legítimo” necesita fraude electoral, represión sistemática y censura permanente para sostenerse. Para estos sectores, la narrativa ideológica vale más que la vida de los venezolanos. Prefieren proteger el relato antes que reconocer el desastre humano provocado por el chavismo.
Cuentas millonarias en el exterior, pobreza y niños desnutridos: el costo humano del saqueo chavista
Suiza ordenó el congelamiento inmediato de los activos financieros de Nicolás Maduro y su entorno para evitar la fuga de capitales tras su detención. La medida se ampara en la Ley Federal sobre el Congelamiento y Restitución de Activos Ilícitos y apunta a preservar fondos que podrían haber sido obtenidos mediante corrupción y malversación estatal. La medida no fija montos públicos, pero se apoya en un antecedente que estremece: alrededor de CHF 9.000 millones (unos USD 10.000 millones) detectados en cientos de cuentas repartidas en unos 30 bancos suizos, según investigaciones previas en Zúrich.
Durante años, gran parte de estas maniobras financieras —las mismas que hoy derivan en congelamientos e incautaciones millonarias— coexistieron con denuncias de fraude electoral, represión y un colapso económico que llevó a Venezuela a niveles de pobreza superiores al 90%. Sin embargo, los organismos internacionales y los tribunales multilaterales actuaron con cautela o directamente no intervinieron de fondo: el derecho internacional suele exigir pruebas judiciales firmes, reconocimiento institucional del gobierno de turno y consenso político entre los Estados miembros, condiciones que rara vez se alcanzaron mientras el poder permanecía concentrado en el propio régimen acusado de corrupción.
Las autoridades señalaron que, si las investigaciones confirman el origen ilícito del dinero, los recursos deberán ser restituidos al pueblo venezolano. Desde 2019, la fiscalía de Zúrich detectó miles de millones de dólares vinculados a operaciones de PDVSA y presuntos esquemas de sobornos y lavado a través de bancos suizos.
En paralelo, el Gobierno de Estados Unidos informó que ya confiscó más de 700 millones de dólares en activos asociados a Maduro y su red, a la que acusa de integrar el llamado Cartel de los Soles y operar como una estructura de crimen organizado transnacional.
DDHH: de denunciar la dictadura argentina a justificar la represión chavista
El gesto de la Asociación Madres Plaza de Mayo, no sólo revela alineamiento ideológico: expone una profunda contradicción histórica y moral. Quienes durante décadas denunciaron los crímenes de la dictadura argentina —las desapariciones, la represión ilegal y los centros clandestinos de detención— hoy eligen respaldar a un régimen que acumula más de 36.000 denuncias por torturas, persecución política, ejecuciones extrajudiciales y estructuras represivas documentadas por organismos internacionales. Informes de la OEA y de organizaciones de derechos humanos describen la existencia de cárceles clandestinas, detenciones arbitrarias, violencia sistemática contra opositores y el uso del aparato estatal para aplastar la disidencia.
La paradoja es brutal: quienes lloraron a los terroristas en los años 70, ahora relativizan o directamente justifican el sufrimiento de miles de venezolanos sometidos al aparato represivo del chavismo. Los mismos discursos que ayer exigían memoria, verdad y justicia frente a los crímenes de la dictadura argentina, hoy se transforman en silencio, complicidad o elogio cuando el violador de derechos humanos pertenece a un gobierno ideológicamente afín.
Ese doble estándar deja al descubierto una realidad incómoda: para ciertos sectores del progresismo latinoamericano, los derechos humanos no son un principio universal, sino una bandera de uso selectivo. Se denuncian cuando sirven para atacar a adversarios políticos, pero se relativizan cuando los responsables forman parte del mismo espacio ideológico. Venezuela es, quizá, el ejemplo más descarnado de esa hipocresía.
LA VOZ DE LOS VENEZOLANOS; Quienes nunca vivieron la dictadura chavista opinan desde el confort.
Mientras sectores de la izquierda en Argentina y Europa condenan la captura de Maduro desde la comodidad de democracias occidentales, millones de venezolanos exiliados celebran con alivio. No es una reacción teórica ni ideológica: es la respuesta de quienes huyeron del hambre, la represión, las detenciones arbitrarias, la persecución política y el colapso económico que destruyó sus vidas. Los que “lloran por Maduro” jamás hicieron filas para conseguir comida, nunca vieron desaparecer amigos por pensar distinto ni tuvieron que emigrar dejando a sus hijos atrás. Hablan desde la distancia ideológica; los venezolanos hablan desde la experiencia del dolor.
En Buenos Aires, una mujer que escapó en 2019 con sus dos hijos resumió el sentimiento de miles: “Nos dicen que esto es una agresión imperialista. Ojalá hubieran vivido una semana en Venezuela. No es política: es sobrevivir. Hoy sentimos que empieza una esperanza”. Otro manifestante, ingeniero migrante, sostuvo entre lágrimas: “Perdí mi casa, mi trabajo y mi país. Si esta detención sirve para que podamos volver algún día, bienvenido sea. Nadie que no sufrió esto puede decirnos cómo debemos sentirnos”.
En Doral, Florida —símbolo del exilio venezolano— el clima fue el mismo: abrazos, himnos y emoción contenida tras años de frustración. “Estoy en el exilio, pero hoy siento que Venezuela respira por primera vez en mucho tiempo”, dijo Jessica, mientras otra emigrante confesaba: “Han sido años de lucha y miedo. Hoy lloro, pero por esperanza”. Un joven graduado en Estados Unidos sintetizó la distancia moral con quienes defienden al régimen desde afuera: “Los que protestan contra esta operación nunca hicieron cola para comprar pan. Nosotros perdimos un país. Por eso hoy celebramos”.
La escena deja expuesta una verdad incómoda: los únicos que sufrieron el chavismo en carne propia no están indignados —están agradecidos. Quienes lo defienden, en cambio, lo hacen desde lejos y sin pagar ningún costo, confirmando que el conflicto no es sobre “derecho internacional”, sino sobre la distancia brutal entre la teoría ideológica y la vida real de un pueblo que fue expulsado de su propio país.
