El Tribunal Supremo kirchnerista de Santa Cruz, experta en cajonear causas del poder, se autoaumentó los sueldos un 50%
Por años fueron el muro de contención judicial del kirchnerismo patagónico. Hoy, cuando el régimen que los puso empieza a perder control político, cuatro jueces del Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz decidieron blindarse a sí mismos con un gesto obsceno: aumentarse los sueldos en silencio, por resolución interna, mientras la provincia discute cómo pagar salarios y jubilaciones.
El autoaumento: la casta que no se ajusta
El 30 de diciembre de 2025, mientras la mayoría de los santacruceños pensaba en las fiestas y en cómo llegar a fin de mes, cuatro firmas se estamparon en un despacho del Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz. No fue una sentencia. No fue un fallo. Fue algo más simple y más brutal: un aumento de sueldo para ellos mismos.
Los firmantes fueron Renée Fernández, Paula Ludueña, Alicia Mercau y Fernando Basanta, los cuatro integrantes de la cúpula judicial que durante años controló el máximo tribunal provincial. Ellos mismos aprobaron un esquema de aumentos automáticos que, acumulado, ronda el 50% en menos de un año, llevando sus ingresos mensuales —ya multimillonarios— a cifras que en algunos casos rozan o superan los 20 millones de pesos.
No hubo debate público.
No hubo discusión en la Legislatura.
No hubo explicación a la sociedad.
Solo una resolución interna firmada por quienes son juez y parte.
La mecánica es tan técnica como impúdica: aumentos mensuales acumulativos, 4% durante la primera parte del año y 3% después, una ingeniería diseñada para que el número final sea lo suficientemente grande como para blindar a la cúpula judicial frente a cualquier cambio político.
Mientras tanto, en Santa Cruz:
- El gobierno provincial discute cómo sostener la caja.
- Los empleados públicos pelean paritarias a la baja.
- Los jubilados judiciales cobran con retrasos.
- La provincia arrastra un sistema previsional quebrado.
Pero la Corte no se ajusta.
La Corte se aumenta.
El gobernador Claudio Vidal declaró que esto es una burla a la sociedad. Los sindicatos hablaron de un “salariazo obsceno”. Pero lo que más indigna no es solo el monto, sino quiénes lo firmaron.
Porque estos cuatro jueces no llegaron ahí por azar.
Renée Fernández y Fernando Basanta fueron designados directamente por Alicia Kirchner durante su gobernación.
Alicia Mercau y Paula Ludueña forman parte de la estructura judicial consolidada durante los años del kirchnerismo provincial, cuando Santa Cruz era un feudo político sin alternancia real.
Son, en los hechos, la Corte del régimen kirchenrista
Y ahora, cuando ese régimen empieza a crujir, deciden garantizarse un retiro de oro.
La Justicia que siempre blindó al poder político
Pero el escándalo del salario no es un hecho aislado. Es la consecuencia lógica de algo más profundo: una justicia que durante años fue funcional al poder político que la nombró.
Durante décadas, Santa Cruz fue una provincia donde los grandes escándalos no se resolvían en Río Gallegos sino en Comodoro Py. ¿Por qué? Porque la Justicia provincial miraba para otro lado.
Los Kirchner construyeron su imperio político y económico en Santa Cruz. Hoteles, tierras, obra pública, testaferros, contratos, alquileres cruzados. Pero ninguna de esas tramas fue investigada en serio por el Tribunal Superior de Justicia provincial.
Las grandes causas —Hotesur, Los Sauces, Lázaro Báez, la obra pública— terminaron en tribunales federales. En Santa Cruz, silencio.
Ese silencio judicial no fue casual: fue estructural.
A lo largo de los años, también se acumularon causas sociales y penales que dejaron heridas abiertas:
1) La desaparición de Marcela López, testigo de plata negra kirchnerista
En Río Gallegos, la desaparición de Marcela López Frey quedó rodeada por una versión que su familia y testigos del entorno repitieron desde el inicio: que Marcela habría comentado que había visto fajos de dólares “termosellados” en un lugar ligado al entorno de su ex pareja José Luis Balado, y que después de eso desapareció.
En el trasfondo del caso apareció el nombre de Mario Balado (pariente del entorno de José Luis Balado): según publicaron distintos medios, figuraba hasta abril de 2021 como asesor del bloque del Frente de Todos en la Cámara de Diputados y fue designado junto a Matías Bezi como administrador de las propiedades del “Condominio Máximo Carlos Kirchner y Florencia Kirchner”; además, en septiembre de 2021 su casa quedó mencionada en la polémica por el retiro de cajas con “dólares/billetes termosellados” que dijeron haber presenciado familiares de Marcela.
Esa línea se potenció cuando el abogado de la familia habló del supuesto hallazgo de esos fajos en un depósito de la familia Balado, pero sin registros fotográficos del hallazgo y con la causa provincial concentrada en la hipótesis de “suicidio”, el expediente no avanzó como esperaba la querella; en paralelo, la denuncia federal vinculada a los “dólares termosellados” fue archivada por falta de prueba suficiente para sugerir medidas de investigación.
2) Acusaciones de demoras desde el propio poder político: pedido de jury a una vocal del TSJ
En 2024/2025, el escenario escaló a otro nivel: desde el entorno del Ejecutivo provincial se impulsaron acciones y cuestionamientos vinculados a demoras y desempeño de integrantes del máximo tribunal, incluyendo a Paula Ludueña, tema tratado por prensa judicial especializada.
3) Tortura y asesinato a exsecretario de Cristina, arrepentido en la causa Ruta del Dinero K
Fabián Gutiérrez, ex secretario privado de Cristina Fernández de Kirchner, fue secuestrado, torturado y asesinado en su propia casa de El Calafate en 2020, pocos meses después de haberse convertido en arrepentido y declarar contra su ex jefa en la causa conocida como la Ruta del Dinero K. A pesar de ese contexto político explosivo, la Justicia de Santa Cruz sostuvo como versión oficial que se trató de un robo, y el tribunal provincial condenó a tres personas como autores del homicidio en ocasión de robo, cerrando el caso sin investigar otras líneas que vinculaban el crimen con la información sensible que Gutiérrez había aportado a la Justicia federal.
4) El femicidio de Zulma Malvar: años sin condenas y reclamos por una causa estancada
La médica Zulma Malvar fue asesinada en Puerto San Julián en 2019. Con el paso del tiempo, distintos medios reflejaron el reclamo de familiares y la ausencia de avances decisivos (falta de imputaciones o hipótesis firmes).
El propio Poder Judicial provincial publicó comunicaciones para explicar medidas tomadas en la investigación, una señal de la presión pública sobre el expediente.
Cada vez que la presión social subía, la Justicia prometía avances. Cada vez que la atención bajaba, el expediente volvía al cajón.
En paralelo, denuncias por tierras fiscales entregadas a precio vil, operaciones inmobiliarias sospechosas y negocios vinculados al poder político jamás tuvieron instrucción seria en la justicia local.
Santa Cruz se convirtió en una provincia donde la justicia era rápida para el ciudadano común y lenta —o inexistente— para el poder.
Y ahora esa misma cúpula judicial que no investigó al kirchnerismo cuando tenía todo el poder se garantiza aumentos millonarios mientras el resto de la provincia ajusta.
El verdadero escándalo
El aumento del 50% no es solo un número.
Es un mensaje.
Es la forma que tiene una corporación judicial de decir:
“Pase lo que pase, nosotros cobramos.”
Cobran los que nunca tocaron al poder.
Cobran los que cajonearon causas.
Cobran los que blindaron al régimen.
Y eso, en una provincia devastada por décadas de corrupción y saqueo, no es solo una injusticia.
Es una provocación.
