A 11 años del asesinato del fiscal Alberto Nisman: la escena contaminada, las 31 llamadas a CFK y el pacto con Irán
A 11 años del asesinato del fiscal Alberto Nisman, la causa sigue abierta entre pruebas que apuntan a un homicidio y un operativo inicial marcado por contaminación de la escena, llamadas políticas y una trama de inteligencia. Mientras el kirchnerismo insistió en instalar el “suicidio”, el expediente dejó al desnudo el trasfondo: AMIA, el Memorándum con Irán, intereses geopolíticos y el intento de garantizar impunidad.
Se cumplen once años del asesinato del fiscal Alberto Nisman, hallado sin vida el 18 de enero de 2015 en el baño de su departamento de Puerto Madero. La causa ya no discute “muerte dudosa”: en sede federal, el expediente se orientó a un homicidio simulado como suicidio, vinculado a su trabajo en la UFI-AMIA y a la denuncia por el Memorándum con Irán.
El 14 de enero de 2015, Alberto Nisman presentó una denuncia contra Cristina Fernández de Kirchner por encubrimiento del atentado a la AMIA, al sostener que el Memorándum con Irán operaba como una traición a la investigación judicial: no buscaba esclarecer, sino desactivar la causa y favorecer la impunidad de los imputados iraníes. Por eso, el 19 de enero debía presentarse en el Congreso, ante la Comisión de Legislación Penal, para exponer pruebas, audios, fundamentos y el entramado completo de su acusación; pero esa comparecencia nunca ocurrió: el 18 de enero fue hallado muerto en su departamento y, con el avance de la causa, la justicia federal sostuvo que se trató de un homicidio y que los responsables intentaron simular un suicidio para desviar la investigación y apagar, en el momento más sensible, la voz del fiscal que iba a hablar al día siguiente.
En este aniversario, el caso vuelve a mostrar el mismo patrón: cuando un hecho incómodo amenaza intereses de poder, la prioridad no es esclarecer, sino controlar el relato. Y en Nisman, ese control empezó desde el minuto cero: la escena se contaminó, entró gente de más, se tocó lo que no debía tocarse y se instaló con fuerza una hipótesis —la del suicidio— aun cuando la investigación federal terminó describiendo un mecanismo de asesinato con participación de terceros.
En resumen: el fiscal Nisman denunció a la presidente en ejercicio y, cuatro días después, a un día de presentar las pruebas en el Congreso, fue hallado asesinado en una escena que intentaron implantar como un suicidio.
Lo que Nisman venía a contar
En entrevistas previas a su muerte, Nisman fue consistente: cuestionó el Memorándum con Irán por invadir facultades del Poder Judicial, crear una “Comisión de la Verdad” con poder político sobre una causa judicial y abrir la puerta a un “festival de nulidades” que podía hacer caer la investigación AMIA. Ese era, según su mirada, el verdadero objetivo: impunidad.
Su última entrevista, además, dejó una frase que hoy pesa como advertencia:
“Sería mentira si digo que no imaginé lo que va a pasar… sabía que esto iba a pasar”. (Transcripción aportada por el equipo).
Para Irán, la clave era neutralizar la causa AMIA porque el expediente argentino apunta a altos exfuncionarios iraníes con alertas rojas de Interpol: mantener esa acusación viva implica riesgo de detención al viajar, costo diplomático permanente y, sobre todo, el precedente político de que se juzgue a la cúpula de un Estado por terrorismo internacional. En ese marco, la impunidad no era un “detalle judicial”, sino un objetivo geopolítico: bajar la presión internacional, disputar la narrativa de responsabilidad estatal y recuperar margen de maniobra mientras Teherán enfrentaba sanciones y aislamiento.
Según la denuncia de Nisman (y su resumen documental), la maniobra buscaba “organizar la impunidad de los prófugos iraníes… con el propósito de fabricar la inocencia de Irán”, con intereses “geopolíticos y comerciales” involucrados y hasta negociaciones directas con el ex agregado cultural Mohsen Rabbani, uno de los acusados. ¿Qué ganaba cada parte? En la lectura de Nisman, Argentina buscaba oxígeno económico/energético (se mencionó el interés por petróleo y transacciones comerciales), mientras Irán buscaba quebrar el cerco y cerrar el frente AMIA; y, como puente regional, aparece Hugo Chávez: testimonios publicados por Veja y citados por prensa local lo señalan como nexo político entre Caracas, Buenos Aires y Teherán para ese acercamiento.
En paralelo, Stiuso declaró que Chávez habría intercedido para reanudar cooperación nuclear y que Ahmadinejad estaba interesado en tecnología argentina para un salto en su programa (mencionando incluso la comparación entre plutonio y uranio enriquecido), un punto que alimentó la dimensión geopolítica del caso.
La escena del crimen: 88 personas adentro y graves irregularidades cometidas
Uno de los datos más demoledores del expediente es la dimensión del descontrol inicial: por la escena del crimen pasaron 88 personas, según un listado reconstruido en base a actuaciones incorporadas al caso.
El listado de ingresos incorporado al expediente confirma que la escena del departamento de Le Parc quedó lejos de un procedimiento judicial prolijo: no solo estuvieron los actores que debían intervenir por protocolo —Poder Judicial, con la fiscal Viviana Fein y el juez Manuel De Campos—, sino también funcionarios del Poder Ejecutivo, encabezados por Sergio Berni (entonces secretario de Seguridad) y personal de su área; a la vez ingresaron familiares y allegados (como Sara Garfunkel, Marta Chagas y Sandra Nisman) y se desplegó una presencia masiva de fuerzas federales y auxiliares, con efectivos y jefaturas de Prefectura Naval Argentina y Policía Federal Argentina, además de peritos de criminalística, personal de seguridad del edificio y médicos/auxiliares de emergencias (incluido personal identificado de Swiss Medical). En términos institucionales, eso significa que, en las horas decisivas, el lugar quedó ocupado simultáneamente por representantes del ámbito judicial, del Ejecutivo, de fuerzas de seguridad y de servicios privados, una combinación explosiva para cualquier investigación: cuanto más gente entra, más se pisa, se mueve, se toca y se contamina; y en un caso de altísima sensibilidad política, esa mezcla termina dejando una pregunta inevitable sobre si la prioridad fue preservar evidencia o administrar el relato.
Algunas de las irregularidades que pudieron ser constatadas por un video que la poicía publicado a medios meses más tarde y que permitieron que el actual fiscal impute al ex viceministro Berni y la fiscal Fein, fueron:
• Acceso no autorizado y falta de perímetro: Sergio Berni ingresó al departamento sin autorización judicial previa. Además, no se preservó la integridad de todo el lugar: se declaró como zona del hecho solo el baño, omitiendo el resto del departamento, el palier y el ascensor de las torres Le Parc.
• Ingreso de suciedad externa: Según testimonios, el entonces “viceministro”/secretario de Seguridad, Sergio Berni, entró al lugar con los pies embarrados, incorporando contaminación externa en un área que debía permanecer estéril.
• Pisadas sobre evidencia hemática: La fiscal Viviana Fein caminó dentro del baño sin protección en su calzado, pisando las manchas de sangre. Asimismo, varias personas pisaron una toalla con sangre que era clave para determinar la mecánica de la caída y el movimiento del cuerpo.
• Manipulación negligente del arma: Un oficial de policía deslizó su dedo por la corredera de la pistola Bersa calibre .22, la apoyó sobre el bidet y procedió a limpiarla con papel higiénico, destruyendo potenciales rastros.
• Contaminación de mobiliario y objetos: La fiscal y otras personas se sentaron sobre la cama de Nisman. Además, se registró a la fiscal manipulando dinero de una caja de seguridad sin guantes ni protección, sumando huellas y contaminación cruzada.
• Interferencia en el registro: Berni sugirió a la fiscal dejar de filmar en la cocina para priorizar la entrada al baño, bajo el argumento de verificar si Nisman aún agonizaba, lo que alteró el procedimiento y debilitó el control documental de la escena.
El propio informe fiscal remarca que la primera hora y media estuvo “repleta de entradas y salidas” de funcionarios de fuerzas de seguridad, sin justificación operativa clara, y que eso atentó contra la preservación de la escena.
Lagomarsino, Stiuso, ausencia de la custodia Berni y 31 llamados a Cristina Kirchner durante el operativo
Los custodios que debían proteger a Nisman (Armando Niz y Luis Miño) explicaron su “ausencia” con una versión tan llamativa como contradictoria: dijeron que el domingo 18 llegaron cerca de las 11, que no lo llamaron porque “no le gustaba que lo molestaran” y que, por la lluvia, se quedaron esperando en el subsuelo “donde no había señal”, recién intentando contacto más tarde y subiendo a tocar timbre horas después, hasta terminar yendo a buscar a la madre para abrir con llaves. Pero ese mismo relato deja un puente directo con el núcleo del caso: los propios custodios declararon que Nisman solía pedirles que llevaran sobres a Diego Lagomarsino, el técnico informático de la UFI-AMIA que le llevó el arma con la que se produjo el disparo y que quedó procesado como partícipe necesario. Y ahí aparece el vínculo con Stiuso: en su versión inicial, Lagomarsino contó que Nisman le pidió el arma “por seguridad” y le dijo que “Stiuso lo había llamado” para advertirle que se cuidara, desconfiara de su custodia y reforzara la seguridad de sus hijas.
La tensión es evidente: mientras la custodia sostiene que “no lo molestaban” porque así lo quería el fiscal, el hombre que aportó el arma afirma que el fiscal venía de recibir una advertencia para desconfiar justamente de esa custodia; y el cuadro se agrava porque el informe del MPF registró accesos remotos a la computadora de Nisman desde el usuario de Lagomarsino y hasta actividad digital posterior a la muerte “en momentos en que los custodios no se encontraban haciendo guardia”. Años después, además, Lagomarsino intentó tomar distancia y dijo en TV que no conocía a Stiuso.
El “mundo inteligencia” aparece como telón de fondo permanente: la fiscalía tomó declaraciones a decenas de ex agentes y ex funcionarios; y Antonio “Jaime” Stiuso, histórico hombre fuerte de la ex SIDE y colaborador de Nisman en la causa AMIA, declaró en más de una oportunidad y volvió a ser citado como testigo.
Stiuso relató además que Nisman lo llamó varias veces la noche previa al hallazgo del cuerpo (llamadas que, según su propio testimonio, no atendió).
Qué sostiene la investigación federal: traslado al baño, posición de rodillas y “arma amiga”
El corazón de la hipótesis de homicidio está en el dictamen y reconstrucciones posteriores: según el informe fiscal, terceras personas ingresaron al departamento, redujeron a Nisman, lo trasladaron al baño y, “con la intención de simular un suicidio”, lo obligaron a colocarse de rodillas para dispararle en la cabeza.
Ese mismo informe describe la lógica del “arma amiga”: para sostener la simulación, el plan requería que el arma tuviera un vínculo verificable con el fiscal; en el caso, un arma registrada a nombre de Diego Lagomarsino, luego procesado como partícipe necesario.
Lo que fortalece la hipótesis de que Nisman fue sometido es que existe en el expediente público es que una pericia toxicológica detectó ketamina (junto a otras sustancias) y que el hallazgo generó discusión pericial sobre su alcance probatorio.
La ketamina es un anestésico disociativo usado en medicina que puede provocar sedación, inmovilidad y amnesia, entre otros efectos, según descripciones clínicas y sanitarias.
Sergio Berni y la fiscal original Viviana Fein imputados
En el tramo del expediente que hoy investiga la contaminación y el “descontrol” de la escena en Le Parc, el fiscal federal Eduardo Taiano imputó a Sergio Berni por “descuidar” la preservación del departamento la madrugada del 18 de enero de 2015 (ingreso sin recaudos, falta de protección y medidas básicas de resguardo), y el juez Julián Ercolini lo notificó formalmente de esa imputación en una causa donde también quedó alcanzado su entonces colaborador Darío Ruiz.
En paralelo, Taiano imputó a la exfiscal Viviana Fein (y al entonces juez de instrucción Manuel De Campos) por irregularidades en la preservación inicial, y Ercolini decidió citar a Fein a declaración indagatoria por su rol en ese operativo, con foco en la tardanza en llegar, la cantidad de personas presentes, la mala delimitación del perímetro y la ausencia de protocolos adecuados (incluida la falta de elementos de protección), todo lo cual —según la acusación— dejó una escena expuesta y contaminada. ¿Por qué Fein fue corrida del caso? Porque ya en diciembre de 2015, en medio de fuertes cuestionamientos de las querellas y críticas por el rumbo de la pesquisa, la jueza Fabiana Palmaghini desplazó a Fein y asumió personalmente la investigación. Y poco después, en marzo de 2016, la Cámara del Crimen dispuso que la causa pasara al fuero federal y, en la misma resolución, pidió que se evaluara el accionar de Fein y de De Campo.
Cuando el poder insiste con el “suicidio”, crece la sospecha
En esa misma lógica de “matar la reputación” para sostener el relato del suicidio, Aníbal Fernández llegó a atacar a Nisman con una crudeza que hoy resulta reveladora: “Un sinvergüenza […] que usaba dinero de AMIA para salir con minas y pagar ñoquis” , y también sostuvo que “esa vida disipada se llevaba adelante con dinero público” y que “la muerte no santifica a nadie” . Años más tarde, ya como ministro de Seguridad, sería el mismo que, frente a la narcoviolencia en Rosario, admitió: “Los narcos ganaron, pero hay que revertir la situación” . Pero el punto más inquietante llegó en TN (A Dos Voces), el 24 de agosto de 2022, cuando el presidente Alberto Fernández, en plena defensa de Cristina Fernández de Kirchner y apenas horas después de que el fiscal Diego Luciani pidiera 12 años de prisión en la causa Vialidad , afirmó como “hecho” algo que chocaba con el rumbo judicial del caso Nisman:
“Hasta acá lo que le pasó a Nisman fue que se suicidó. Hasta acá no se probó otra cosa.”
“Yo lo que espero es que… que no haga algo así el fiscal Luciani.”
Esa frase fue leída por amplios sectores como intimidatoria , y además quedó bajo una contradicción objetiva: ya existía un fallo de la Cámara Federal (Sala II) que sostuvo que estaba “prima facie acreditado” que Nisman “fue asesinado” . La gravedad se vuelve mayor cuando se mira la secuencia completa: el juicio Vialidad avanzó, Cristina Fernández de Kirchner fue condenada a 6 años en diciembre de 2022 y la condena quedó confirmada por la Corte Suprema el 10 de junio de 2025 . En ese marco, la insistencia presidencial en instalar “suicidio” —y ligar ese “suicidio” al fiscal que acusaba a su jefa política— dejó una pregunta inevitable: ¿por qué tanto empeño en fijar una versión que el propio expediente judicial ya desmentía?
Desenlace en un marco de cambio de época
En este nuevo clima de época, con una sociedad mucho menos dispuesta a aceptar relatos oficiales como dogmas, Argentina no debería resignarse a que un magnicidio quedezón como el de Nisman quede impune: ni por la presión del régimen de los ayatolás —cuyo interés fue siempre cerrar el frente AMIA y licuar responsabilidades—, ni por la cobertura política local de quienes intentaron domesticar la verdad con propaganda. Y si algo cambió, además, es que el “poder intocable” ya no lo es: Cristina Fernández de Kirchner tiene una condena por corrupción confirmada por la Corte Suprema, con seis años de prisión e inhabilitación perpetua, y enfrenta otros procesos penales en curso.
En ese contexto, las sombras alrededor del kirchnerismo —que durante años operó como un sistema de blindaje— siguen alimentándose de hechos que la sociedad no olvida: como la muerte brutal de Fabián Gutiérrez, ex secretario privado, arrepentido en la causa Cuadernos, asesinado en El Calafate; una muerte que desató sospechas y teorías, aunque la Justicia provincial terminó condenando a los autores materiales y la fiscalía sostuvo un móvil económico ligado a un supuesto “botín”, describiendo que lo maniataron, golpearon y que “lo torturaron” antes de matarlo.
Por eso, a 11 años, la exigencia no es simbólica: es política y republicana. Nisman no puede quedar como un expediente congelado por conveniencia de regímenes en decadencia y estructuras de poder acostumbradas a la impunidad.
