Secta kirchnerista en el Senado bonaerense: captaban mujeres vulnerables y las sometían a un sistema de abuso y explotación sexual
Dos empleados de planta permanente del Senado de la provincia de Buenos Aires —Nicolás Daniel Rodríguez y Daniela Silva Muñoz— quedaron en el centro de una causa por presuntos abusos sexuales y prácticas coercitivas vinculadas a un grupo que, según la investigación, operaba como una “secta” bajo el nombre La Orden de la Luz.
El escándalo que sacude al Senado de la provincia de Buenos Aires ya no es solo una causa penal: se ha convertido en una bomba política de tiempo. Dos empleados de planta permanente del cuerpo legislativo, Nicolás Daniel Rodríguez y Daniela Silva Muñoz, están detenidos y procesados por una causa que investiga abuso sexual, manipulación psicológica y captación de mujeres jóvenes dentro de una estructura que funcionaba bajo la fachada de un grupo espiritual llamado “La Orden de la Luz”.
La causa tramita en los tribunales de La Plata y está a cargo de la fiscal Betina Lacki, quien imputó a Rodríguez como autor de abuso sexual con acceso carnal agravado y a Silva Muñoz como partícipe necesaria. Los hechos investigados se habrían producido entre 2015 y 2019, con al menos cuatro víctimas ya incorporadas al expediente, aunque la lista podría ampliarse.
Lo que vuelve al caso de máxima gravedad institucional es el lugar donde parte de los hechos habrían ocurrido: oficinas del propio Senado bonaerense, en particular la conocida oficina 007, un despacho que depende de la Presidencia del cuerpo. La Justicia investiga si ese espacio fue utilizado como ámbito de encuentros y como centro operativo de la estructura de sometimiento.
Mientras la causa avanza, el clima dentro del Senado es de tensión y miedo. En estas horas, la fiscalía está abriendo y peritando los teléfonos celulares y dispositivos electrónicos de los dos detenidos, una instancia que en cualquier investigación de este tipo suele marcar un antes y un después. Allí podrían aparecer nombres, chats, contactos, audios, pagos y vínculos que expliquen cómo funcionaba la red y quiénes más estaban al tanto, participaban o se beneficiaban.
En los pasillos de la política bonaerense ya nadie descarta que el caso escale. No porque hoy exista una lista oficial de “clientes” o beneficiarios, sino porque el propio expediente investiga si la estructura era usada para ofrecer mujeres bajo un esquema de control y abuso, y si hubo personas con poder político que miraron para otro lado, facilitaron espacios o utilizaron su influencia para garantizar impunidad.
La conexión política es uno de los puntos más delicados. Rodríguez y Silva Muñoz formaban parte de la agrupación kirchnerista platense “La Capitana”, un espacio militante cuyos integrantes —según distintas fuentes— ocupaban cargos y contratos en el Estado. Ambos son oriundos de La Plata, el mismo distrito de donde también proviene Giselle Fernández, hermana de Cristina Fernández de Kirchner.
Según TN y otros medios, la familia de Rodríguez tenía trato cercano con Ofelia Wilhelm, madre de la expresidente, y desde ese círculo el acusado estrechó su vínculo con Gisele Fernández, lo que le permitió ingresar y consolidarse como empleado del Senado bonaerense. Otros portales señalan que Gisele participó de La Capitana hasta 2021, el mismo espacio político donde militaban los hoy imputados. Ninguno de esos datos implica responsabilidad penal de la hermana de Cristina Kirchner, pero sí explican el entramado de poder, protección y pertenencia política que rodeó a los acusados durante años.
Rodríguez ingresó al Senado en 2011, durante la gestión de Gabriel Mariotto, y Silva Muñoz hizo lo propio en el mismo período. Ambos quedaron como planta permanente, una de las categorías más blindadas del empleo público. Desde ese lugar, construyeron una red de vínculos, militancia y control que, según la fiscalía, terminó siendo utilizada para captar mujeres en situación vulnerable, muchas veces a través de la promesa de pertenecer, militar, acceder a trabajos o “crecer” dentro del universo kirchnerista.
Hoy, con los celulares bajo peritaje y los testimonios acumulándose, nadie en el Senado se siente a salvo. No porque todos estén implicados, sino porque el kirchnerismo construyó durante años un sistema donde la lealtad política valía más que la transparencia, y donde los grupos internos manejaban oficinas, contratos y personas como si fueran territorio propio.
El entramado de la corrupción pública
Este caso expone algo más profundo que un delito individual. Un gobierno corrupto necesita bases corruptas para sostenerse. Las organizaciones que viven del poder, del dinero público y del encubrimiento funcionan como una estructura mafiosa: nadie puede robar, abusar o manipular solo. Para que el sistema aguante, hace falta cómplices, silencios, favores y miedo.
Cuando el Estado se convierte en botín, no lo sostienen personas de bien. Lo sostienen quienes están dispuestos a mirar para otro lado, a justificar lo injustificable y a cruzar cualquier límite. Y cuando eso ocurre, los escándalos dejan de ser accidentes: pasan a ser la consecuencia lógica de un poder que ya no distingue entre militancia, impunidad y delito.
