Denuncian que Calchaquí convirtió el Boleto Educativo Rural en negocio cautivo con una Shell mediante vouchers de combustible
Denuncian que la Municipalidad de Calchaquí retiene fondos del Boleto Educativo Rural y, en vez de entregarlos a docentes y alumnos, reparte vouchers de combustible canjeables solo en una estación Shell de Azul Combustibles S.A., un esquema que podría configurar malversación y un negocio cautivo.
En Calchaquí se denunció un nuevo escándalo en la gestión del intendente peronista Rubén Cuello: el Boleto Educativo Rural, un subsidio provincial destinado a garantizar el traslado de estudiantes y docentes de escuelas rurales, no sería entregado a los beneficiarios, sino retenido por el municipio y transformado en vouchers de combustible canjeables exclusivamente en una estación Shell operada por Azul Combustibles S.A.. La operatoria —acreditada con vouchers firmados por el encargado de compras municipal, Daniel Brouet, para adquirir combustible en un proveedor específico— configuraría un negocio cautivo y podría encuadrar en malversación de fondos públicos en un negocio en el que habría connivencia con un comercio en específico, además de violar principios constitucionales como la legalidad, la razonabilidad y la igualdad ante la ley, al desviar la finalidad del subsidio y anular la libre elección del beneficiario.
El Boleto Educativo Rural es un programa provincial destinado a garantizar el traslado de docentes y estudiantes que asisten a escuelas rurales. El procedimiento formal establece que las personas deben inscribirse en la plataforma oficial de la Provincia, declarar su situación y, a partir de allí, recibir un subsidio para cubrir el costo del transporte, ya sea colectivo, transporte contratado o combustible para vehículo propio. El objetivo central del programa es asegurar la movilidad, no imponer un proveedor ni condicionar el modo de traslado.
Sin embargo, según la denuncia acercada a El Liberador, el circuito real en Calchaquí sería muy distinto. Una vez que el beneficiario se inscribe y la Provincia envía los fondos correspondientes, el dinero no se entrega a la persona, sino que queda bajo control del municipio. Luego, en lugar de garantizar el derecho a elegir cómo trasladarse, la Municipalidad entrega vouchers de combustible canjeables exclusivamente en una estación Shell, ubicada en el ingreso a la ciudad, sobre Ruta 11.
Las pruebas aportadas incluyen vouchers oficiales, donde consta como proveedor Azul Combustibles S.A., el detalle de “25 (veinticinco) litros Fórmula Shell Súper”, la referencia expresa al Boleto Educativo Rural, y la firma de Daniel Brouet, encargado de compras del municipio. Para los denunciantes, este punto es central: hay un funcionario que firma compras de combustible direccionadas a un proveedor específico, utilizando fondos provinciales que tenían un destino social definido.
El problema se agrava cuando se analiza la situación real de los beneficiarios. No todos los docentes o alumnos rurales poseen vehículo propio. En esos casos, el voucher de combustible no sirve como medio de traslado. La única alternativa que les queda es revender el vale, generalmente por debajo de su valor, para recién entonces conseguir dinero y poder pagar un colectivo, un remis o algún transporte contratado. Así, el subsidio pierde completamente su finalidad, mientras que el proveedor privado obtiene una demanda cautiva garantizada por el Estado municipal.
La denuncia fue realizada por personas que pidieron reserva absoluta de identidad, por temor a represalias en una ciudad donde —según relatan— el municipio vive envuelto en escándalos vinculados al manejo de fondos públicos. En ese contexto, recuerdan antecedentes recientes que refuerzan la gravedad institucional del caso.
Uno de ellos es el uso del FAE (Fondo de Asistencia Educativa), un fondo con destino específico para atender necesidades del sistema educativo. Durante la actual gestión municipal, se denunció que recursos del FAE fueron apropiados para realizar obra pública, sin consulta ni participación de directivos escolares, vulnerando el espíritu y el destino legal del fondo.
Otro antecedente señalado es el ocurrido en 2022, cuando se anunció el envío de fondos para la instalación de cámaras de seguridad en Calchaquí, en medio de una fuerte escalada de inseguridad. A pesar del contexto crítico —con un gobierno nacional kirchnerista y un peronismo provincial desbordados por el narcotráfico, al punto de que un ministro de Seguridad del mismo espacio político llegó a afirmar que “en Santa Fe ya habían ganado los narcos”—, las cámaras o los fondos nunca aparecieron con claridad, y hasta hoy persisten dudas sobre su ejecución y destino final.
Marco legal
Desde el punto de vista legal, el esquema denunciado podría encuadrar en varias figuras del Código Penal argentino. En primer lugar, malversación de caudales públicos (art. 260), cuando un funcionario da a fondos públicos un destino distinto al legalmente previsto: si el subsidio debía garantizar la libre elección del transporte y se lo convierte en vouchers atados a un privado, existe un desvío del fin público, aun cuando el dinero no “desaparezca”. También podría configurarse administración fraudulenta agravada contra el Estado (art. 173 inc. 7), al perjudicar al beneficiario y favorecer un interés privado; abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público (art. 248); e incluso negociaciones incompatibles con la función pública (art. 265), si se demostrara que el sistema fue diseñado deliberadamente para beneficiar a una empresa determinada.
El caso reviste especial gravedad institucional: involucra fondos provinciales con destino social, afecta directamente a docentes y estudiantes rurales, y plantea la posible existencia de connivencia entre el Estado municipal y un proveedor privado, mediante un esquema de subsidios cautivos.
El Liberador continuará investigando el circuito del dinero, la responsabilidad de los funcionarios involucrados y el rol de los organismos de control, para que la Justicia y los entes provinciales determinen si estamos ante un nuevo caso de desvío sistemático de fondos públicos en Calchaquí.
