Poca transparencia en negocio para pocos con dinero público en la Municipalidad de Rafaela
Un convenio pensado para financiar un objetivo social de APADIR terminó derivando en una construcción comercial que no coincide con lo aprobado originalmente. Terrenos ferroviarios cedidos al municipio, Us$400.000 de fondos públicos y un “kiosco solidario” que aparece transformado en bar/confitería: quién decidió el cambio, quién explota el negocio y qué recibe la entidad.
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APADIR es una organización sin fines de lucro de Rafaela, reconocida por su trabajo en educación y acompañamiento de niños y jóvenes con discapacidad. En los últimos años, además de su labor cotidiana, impulsó un objetivo concreto: contar con una casa donde personas adultas con discapacidad puedan convivir, socializar y sostener una vida más autónoma.
Hacia el cierre de la primera década del siglo XXI, el ferrocarril cedió a la Municipalidad de Rafaela terrenos y construcciones en desuso, como ocurrió en muchas ciudades donde el sistema ferroviario dejó instalaciones. Esos espacios, que inevitablemente demandan mantenimiento y recuperación, terminan siendo financiados por el contribuyente. Y es precisamente allí donde empieza a gestarse la opacidad.
Dentro de ese predio se delimitó un sector de aproximadamente 9.500 m². Sobre esa base, la Municipalidad firmó un convenio con APADIR para desarrollar un parque-plaza adaptado a las necesidades de las personas con discapacidad. El acuerdo contemplaba, además, la posibilidad de construir un kiosco o punto de venta: la idea era simple y legítima. Quien explotara comercialmente ese espacio pagaría un alquiler a la entidad, generando ingresos destinados a la meta principal: la casa para personas adultas con discapacidad.
El compromiso municipal incluía un aporte de $ 2.000.000, cifra que en ese momento equivalía aproximadamente a US$ 400.000. APADIR, por su parte, contrataría lo necesario para ejecutar las obras. Y con la autorización de la entidad, la administración municipal realizaría los pagos a proveedores.
La obra del parque se concretó. El dinero alcanzó justo y, según se presentó públicamente, también se avanzó con la construcción destinada a alquilarse para generar recursos. Sin embargo, allí surge la primera alerta: lo edificado no parece corresponderse con el objeto aprobado. No se trató de un simple kiosco o punto de venta de productos.
En su lugar, se levantó una construcción de envergadura, diseñada como bar y confitería, con perfil de confitería bailable, emplazada en un espacio que había sido justificado bajo una finalidad social y de accesibilidad. Y entonces la pregunta cae por su propio peso: ¿en qué momento y bajo qué decisión se cambió el destino original? ¿Quién fue el inversor o adjudicatario? ¿Qué condiciones paga? ¿Qué controles se realizaron? ¿Qué recibe APADIR y cómo se rinde? ¿Qué recibió —y qué no— el contribuyente?
Si el convenio nació para transparencia y beneficio comunitario, la deriva hacia un esquema comercial distinto, sin explicaciones claras, no es un detalle administrativo: es una señal de continuidad en el desprecio por la gente que paga impuestos y espera reglas simples, públicas y controlables.
